“Sed de seguridad”

Barrio Sur es como un emblema del fracaso en seguridad. El año pasado, el ministerio público fiscal y la Corte Suprema, en una intervención directa, pusieron al fiscal Washington Navarro Dávila a estudiar lo que sucedía, mientras la Policía parecía preocuparse por las quejas de vecinos. Sin embargo, los robos y los asaltos se reiteran.

Barrio Sur es también un laboratorio de experiencias con resultado incierto. A partir de las marchas vecinales del año pasado se creó un Consejo de Seguridad Barrial con un funcionario, José Farhat, que atiende a los habitantes de la zona cada vez que la inseguridad los altera, y que coordina con el jefe del área operativa 911, comisario Luis Bacas, y con el encargado de la Guardia Urbana, comisario Fabián Salvatore, los movimientos para reforzar patrullajes y la atención ante los llamados de emergencias.

Pero las contradicciones están a la vista: en la cuadra de la señora Díaz hay un agente (que no estaba en el momento en que fueron asaltados sus hijos) y los vecinos dicen que aunque ahora hay custodias en las calles, los robos y los asaltos siguen. ¿Qué custodian los agentes? ¿Qué está pasando? Y… los funcionarios no saben. El mismo Farhat les dijo a los vecinos, en la reunión del miércoles a la noche, que comunicará al secretario de Seguridad, Paul Hofer, lo que sucedió para analizar si se le solicitará un informe al Poder Judicial acerca de los avances en el trabajo realizado por el fiscal Navarro Dávila. Lo cual da a entender que, pese a toda la investigación que la Fiscalía hizo a fines del año pasado, la Policía sigue dando sus servicios a partir de órdenes elaboradas por algún comisario que no tiene contacto habitual con Navarro Dávila.

El laboratorio del barrio Sur trabaja a prueba y error en busca de una fórmula mágica que no aparece.

Estos experimentos han sido constantes en la política de seguridad tucumana. Poco después del homicidio de Paulina Lebbos y de la desaparición de la docente Betty Argañaraz comenzaron a crearse nuevas unidades policiales, protocolos y mejoras en las áreas de Homicidios y Criminalística. El entonces ministro de Seguridad, Mario López Herrera, anunció que se estaba informatizando toda la Policía, que se informatizarían los archivos policiales y que habría terminales conectadas con la Nación. Han pasado 10 años y siguen las colas en la Jefatura para tramitar certificados de buena conducta, las denuncias siguen recibiéndose en las comisarías en notebooks conectadas a una impresora y las actas se siguen repartiendo burocráticamente en auto, moto o bicicleta. No existen conexiones informatizadas.

Después se anunciaron otras estrategias, como la Patrulla Motorizada, con una lista de celulares para hacer denuncias y con un modelo agresivo de ofensiva territorial. Duró lo que un suspiro. Más adelante llegaron las cámaras de vigilancia y hoy se apuesta a la presencia de agentes en el centro (con nuevos uniformes), a más personal, más vehículos, nuevas áreas policiales (como la recientemente creada división de búsqueda de prófugos) y el 911 como estrategia principalísima. El número de llamada de emergencia va acompañado de la decisión de despojar de sentido a las comisarías, porque se espera casi obsesivamente que la gente crea que la respuesta rápida del 911 ayudará a enfrentar a los delincuentes y salvar a las víctimas.

Lo que está probando este laboratorio es que la Policía es una institución cuyo modelo de trabajo resiste los cambios, que tiene prácticas repetitivas y que en él no se estudian los fenómenos de la inseguridad y ni siquiera se analizan los datos estadísticos que se pueden recoger de las tristes vivencias vecinales. ¿Dónde actúan los delincuentes? ¿En qué momentos? ¿De dónde vienen? ¿Se pueden comparar las denuncias con información de quienes ya están detenidos? ¿Se pueden establecer patrones de sucesos y de conductas? No. Porque los policías no tienen ninguna relación con lo poco o mucho que pueda haber realizado la fiscalía. Tarea que, por cierto, no debería ser de la Justicia sino de la misma fuerza de seguridad. Por todo esto es que el subsecretario de Seguridad, César Nieva, le dijo a la señora Díaz (según ella lo relató) que “no se puede cambiar de un día para el otro”. Así, ella concluyó que eso que le pasó a ella, que ya le pasó a mucha gente, “seguirá pasando”.

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