Tendrá que dar explicaciones por la foto del camello que salió del celular de Beatriz Rojkés

José María Picón, dueño de la casa de reparación de teléfonos que recibió el celular de la senadora y primera dama Beatriz Rojkés, fue citado a declarar como imputado en el caso iniciado por la filtración de fotos y videos de unas vacaciones de la parlamentaria y el gobernador José Alperovich, “álbum” que contiene instantáneas de ambos montados a un camello, entre otras imágenes. Al convocar a Picón para el 27 de agosto a las 16, la fiscala Adriana Reinoso Cuello (N°6) interrumpió el cómputo de la prescripción cuatro días antes de que operara el vencimiento de tal plazo (dos años en este supuesto).

Reinoso Cuello “pisó el acelerador” el 11 de agosto pasado, cuando el expediente principal volvió a su despacho luego de estar un año y dos meses en la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción -para evitar demoras en la pesquisa, el recurso tramita por incidente y la causa sólo podía permanecer en el tribunal de alzada durante tres días, según el artículo 474 del Código Procesal-. El 13 de agosto pasado, ese tribunal rechazó parcialmente un planteo del letrado Facundo Maggio, defensor de Picón, con los votos de los camaristas Eudoro Albo y Liliana Vitar.

Enrique Pedicone, tercer miembro de la Cámara -asumió en junio-, votó en disidencia: según su criterio, correspondía desestimar por completo la posición de Maggio, que propugnaba que el caso debía tramitar con las reglas de la querella privada, directamente ante la Cámara Penal, y no con la intervención de la Fiscalía de Instrucción (como representa el interés de la sociedad, investiga los hechos denunciados aún de oficio).

Del fallo de la Cámara se desprende que, en el curso de la apelación, Mario Nahas, abogado de Rojkés y de la Fiscalía de Estado, siguió el consejo de Maggio e intentó la querella privada. Pero esa vía quedó bloqueada el 16 de marzo pasado, cuando María del Pilar Prieto, presidenta de la Sala IV de la Cámara Penal, expresó que su tribunal resultaba incompetente porque los presuntos delitos atribuidos a Picón eran de acción pública y, por ende, correspondía que intervenga el Ministerio Público por medio de Reinoso Cuello. El 15 de agosto de 2013, Rojkés había informado a dicha institución -hoy a cargo de Edmundo Jiménez- que sus derechos a la intimidad y a la privacidad habían sido vulnerados. En esa presentación refirió que había entregado su teléfono averiado a la casa de reparación de Picón y que sospechaba que en el ámbito de esa empresa se había accedido a la información personal almacenada en el aparato con la intención de divulgarla en los medios de comunicación.

Albo y Vitar dijeron que la causa pretendía esclarecer posibles delitos de acción pública y privada; que respecto de los primeros debía hacerse cargo Reinoso Cuello y que en cuanto a los segundos había que esperar a que se trabe el conflicto de competencia entre la Sala IV y la Fiscalía N°6. “Tanto la querella (Maggio) como la defensa (Nahas) coinciden en que la vía correcta es la Cámara Penal”, advirtió Albo (Vitar adhirió a su posición).

Pedicone manifestó que el defendido de Maggio (concursa en el Consejo Asesor de la Magistratura para ser fiscal de Instrucción) había desplegado una conducta obstruccionista que procuraba llevar el caso al borde de la prescripción y atentaba contra los derechos de quien aparecía como víctima (Rojkés). Asimismo, el ex legislador y ex intendente de Monteros (PJ) “denunció” la mora judicial detectada en esta causa: “exhorto a la defensa y a las agencias estatales a dar celeridad al proceso por las razones que he proporcionado”.