23 Agosto 2015
LIMITADOS. Los vehículos que trasladan votantes no pueden acercarse hasta las escuelas. LA GACETA / CARLOS FRIAS VIA MOVIL
Dentro de las cuatro avenidas una resolución de la Junta Electoral Provincial (JEP) se cumple a rajatabla: con un vallado controlado por personal policial se impide el acceso de movilizadores hasta las escuelas. Esta medida complica el traslado de votantes, ya que deben bajarse al menos a 100 metros del establecimiento en el que se desarrollan los comicios.
La metodología aplicada en las escuelas Normal, Obispo Molina, Sarmiento, José Mármol y el colegio La Merced obedece a la resolución N° 961/15, del 30 de julio. El órgano con jurisdicción sobre los comicios dispuso mediante ese instrumento “que los veedores judiciales supervisen el desenvolvimiento de la actividad en las escuelas electorales en las que fueron designados y en los alrededores de las mismas (80 metros), a fin de evitar que se produzcan las prácticas clientelares o de fraude electoral”.
Se señala además que los veedores deberán además “adoptar las medidas que consideren pertinentes -en ejercicio de su autoridad y con el auxilio de la fuerza pública- a fin de neutralizar y denunciar” las maniobras ilegales que puedan advertir.
En los hechos, la mayoría de los autos contratados por los punteros políticos se ven obligados a estacionar al menos a una cuadra de las escuelas. Esto hace que el traslado de votantes sea más lento y dificulta la frecuencia de viajes previstos en el día.
Aunque la resolución debería cumplirse en toda la provincia, son numerosas las denuncias que llegan a la redacción desde distintos barrios del Gran San Miguel de Tucumán y del interior.
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La metodología aplicada en las escuelas Normal, Obispo Molina, Sarmiento, José Mármol y el colegio La Merced obedece a la resolución N° 961/15, del 30 de julio. El órgano con jurisdicción sobre los comicios dispuso mediante ese instrumento “que los veedores judiciales supervisen el desenvolvimiento de la actividad en las escuelas electorales en las que fueron designados y en los alrededores de las mismas (80 metros), a fin de evitar que se produzcan las prácticas clientelares o de fraude electoral”.
Se señala además que los veedores deberán además “adoptar las medidas que consideren pertinentes -en ejercicio de su autoridad y con el auxilio de la fuerza pública- a fin de neutralizar y denunciar” las maniobras ilegales que puedan advertir.
En los hechos, la mayoría de los autos contratados por los punteros políticos se ven obligados a estacionar al menos a una cuadra de las escuelas. Esto hace que el traslado de votantes sea más lento y dificulta la frecuencia de viajes previstos en el día.
Aunque la resolución debería cumplirse en toda la provincia, son numerosas las denuncias que llegan a la redacción desde distintos barrios del Gran San Miguel de Tucumán y del interior.
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