Por Federico Türpe
08 Abril 2026
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Cuando a las inundaciones no les importan las leyes, los estudios ni los anuncios
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Las recurrentes inundaciones en Tucumán exponen el fracaso de leyes y proyectos sancionados durante 130 años para mitigar crecidas en zonas como Concepción, Graneros y Alberdi.
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Pese a los constantes estudios científicos y anuncios oficiales, las obras suelen quedar archivadas mientras el gobierno provincial defiende su gestión territorial ante el temporal.
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La persistencia del problema exige un cambio en la gestión pública, priorizando la ejecución de infraestructura real sobre la legislación teórica para proteger a la población afectada.
VIVIR RODEADO DE AGUA. La escena se repitió en numerosas zonas, en las últimas semanas.
“Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo para mandar imputar a la presente ley, la cantidad de siete mil quinientos noventa y tres pesos con noventa y nueve centavos m/n, importe de lo gastado en las obras provisorias de defensas practicadas en los pueblos de Graneros, Medinas, Monteros, Concepción y Villa Alberdi, con motivo de las inundaciones ocurridas en dichas localidades, en el mes de febrero pasado”.
“Artículo 2°.- Autorízase igualmente, para mandar a acreditar a las respectivas partidas de “Eventuales” de ambos ministerios la cantidad consignada precedentemente, en la proporción que a cada una de ellas corresponda”.
Los dos primeros artículos de esta norma, salvo por el exiguo monto asignado, parecieran haber sido redactados en febrero o en marzo de este año, en el contexto de las extraordinarias inundaciones que castigaron a la provincia.
Sin embargo, esta ley número 1.073 fue aprobada por ambas cámaras, Senado y Diputados, el 27 de diciembre de 1910.
A lo largo de estos últimos 126 años las leyes y los presupuestos destinados para enfrentar inundaciones en Tucumán se repiten de manera recurrente y casi patológica, al igual que los numerosos estudios y relevamientos científicos y técnicos de las cuencas hídricas, los cauces y sus caudales, las crecidas súbitas, los posibles daños materiales o intangibles, así como las posibles soluciones definitivas o preventivas con el fin de aminorar el impacto del agua.
Estudio de hace 16 años
Imposible siquiera citar la cantidad de normas y estudios publicados en el último siglo sobre la situación hídrica e hidráulica de la provincia y de las cuencas que la atraviesan.
Si nos ceñimos a las últimas tres décadas, donde la mayoría de los actores políticos, técnicos y privados siguen en vigencia, podemos mencionar algunos casos.
“Tucumán tiene innumerables problemas, sin que se los asuma en plenitud, encarando un plan sostenido para solucionarlos y encarar así el crecimiento. Entre otros, un problema importante es el que hoy sufren las cuencas hídricas de la provincia… El manejo discrecional e irresponsable de las cuencas, como el efecto de la naturaleza misma, hacen que el crecimiento de los caudales de los ríos produzcan serios anegamientos con sus secuelas graves sobre bienes y personas”, reconoció en el recinto en 2003 el recién asumido legislador Ramón Graneros.
Ese mismo año, el vicegobernador Fernando Juri, como presidente de la Cámara, adhirió: “Saludamos la iniciativa del legislador Graneros y de los intendentes Agustín Fernández (Aguilares) y Osvaldo Morelli (Concepción) quienes están trabajando conjuntamente con el PE para encarar importantes obras en las cuencas de los ríos Gastona y Medina, sobre proyectos de sistematización de las cuencas realizadas por prestigiosos profesionales y técnicos de la UNT”.
En ambos casos hacían referencia a los estudios y proyectos para la sistematización de esas cuencas, encabezados por el reconocido ingeniero Antonio Roldán, que se publicaron en el año 2000, mediante convenio con el Ministerio del Interior y que serían financiados por el Consejo Federal de Inversiones.
Densidad y obras
En 2014, el ingeniero Franklin Adler publicó el libro “El futuro del agua en Tucumán”, una de las investigaciones más completas y profundas sobre esta problemática. Allí explicó que la provincia posee un clima subtropical, con un régimen de lluvias concentradas y continuas durante un período específico: de octubre a marzo A ese factor se le añade la densidad de la población (la más alta del país) y la ocupación de su territorio, también muy concentrada, que abarca tanto a ciudades y pueblos, como zonas agrícolas e industriales. “Lo que sucede es que este crecimiento histórico no fue acompañado con las obras para afrontar los impactos de la ocupación del territorio por las actividades humanas”, opinó.
En 2020, el investigador del Conicet, Ricardo Grau, explicó a LA GACETA que las inundaciones no siempre son atribuibles a la deforestación, pero sí que, en todos los casos, se producen cuando las precipitaciones en una cuenca exceden la capacidad de absorción del suelo y de la vegetación para transpirar el agua. “Hay regiones en las cuales hubo una fuerte deforestación en las últimas décadas, lo que probablemente haya intensificado las inundaciones; la zona de La Madrid, al sur de la provincia, es un ejemplo de esto”.
Emergencia y sirena
Por la ley 7.875 Tucumán se encuentra en “Emergencia Hídrica y Social” desde el 5 de febrero de 2007, norma que se renueva año tras año y que autoriza al Gobierno a realizar contrataciones directas y reasignar partidas presupuestarias para obras urgentes de infraestructura hídrica, defensa de ríos y provisión de agua.
Quizás esta ley, que está por cumplir 20 años, hizo olvidar a las autoridades que la Dirección Provincial del Agua (DPA), principal responsable de “planificar, proyectar y ejecutar obras hidráulicas y de infraestructura hídrica para el aprovechamiento sustentable, protección de cuencas y mitigación de inundaciones en la provincia”, cuenta con un millonario presupuesto (este año será de $20.000 millones), la mitad del cual se va en salarios y gastos fijos, y el resto fue de ejecución “cero” en obras durante la última década.
Las excepciones fueron a fines de 2023, ya con Osvaldo Jaldo en el poder, cuando se invirtieron $880 millones, de un total de $3.200 millones asignados, para adecuaciones en el Canal Norte, y en 2025, cuando de los $16.000 millones presupuestados para obras, la DPA utilizó $9.600 millones para reparar la presa 3 de El Cadillal.
Un dato que de parecer tan menor termina resultando contundente: luego de las tremendas inundaciones que sufrió La Madrid el 2 de abril de 2017, el delegado comunal de esa localidad, Dardo Herrera, anunció al año siguiente, a los cuatro vientos, que habían instalado una sirena sobre una columna ubicada en la comisaría del pueblo, para alertar a la población ante la llegada de las crecidas del río Marapa.
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