Intendentes esperan tener una buena relación con el PE

Si el escrutinio definitivo que se está desarrollando en la Junta Electoral Provincial (JEP) ratifica los guarismos provisorios, cuatro de los 19 municipios serán conducidos por opositores al Gobierno provincial. El amayista Germán Alfaro administrará San Miguel de Tucumán, y los radicales Mariano Campero, Roberto Sánchez y Sebastián Salazar harán lo propio con Yerba Buena, Concepción y Bella Vista, respectivamente. Estas ciudades reúnen el 47% del electorado tucumano: en ellas estaban habilitados para votar el domingo 527.808 ciudadanos, sobre un total provincial de 1.119.264.

Ante este escenario, y teniendo en cuenta de que, de acuerdo a la hipótesis planteada al inicio de esta nota, el Poder Ejecutivo sería ejercido por el oficialista Juan Manzur, cabe preguntarse sobre el tipo de vínculo que mantendrá el Gobierno provincial con las Intendencias. En especial, porque durante los últimos años -sobre todo- se cuestionó mucho el trato diferencial que desde arriba se brindaba a los “amigos”, frente al destrato que se les propinaba a los “díscolos”. Esta lógica, según las críticas, se daba en la relación Nación-provincias; pero también en el diálogo provincia-municipios.

LA GACETA se comunicó con los cuatro opositores. El único que se excusó de contestar fue el peronista. “Pido mil disculpas, pero por ahora no hablaré; esperaré los resultados. Gracias”, explicó en un breve mensaje de WhatsApp. Los radicales, por el contrario, aceptaron gustosos la invitación a opinar (Ver notas aparte).

Los tres coincidieron en pronunciarse en favor de una relación puramente institucional entre las Intendencias que, si se ratifican las cifras del conteo provisorio, conducirían y la Provincia, que sería administrada por Manzur, siempre si no se modifican los números difundidos hasta ahora. A criterio de Campero, de Sánchez y de Salazar, la vinculación debe trascender el color del partido de cada uno.

LA GACETA aprovechó la ocasión para preguntarles sobre el planteo de los referentes del Acuerdo para el Bicentenario (ApB), espacio político por el cual ellos habrían resultado electos. Los integrantes de la fórmula gubernamental del ApB, el diputado José Cano y el intendente de la capital, Domingo Amaya, vienen reclamando la nulidad de los comicios para la categoría de gobernador y de vicegobernador -sobre la base de que habrían sido fraudulentos-, lo que implicaría que se vuelva a convocar a elecciones para estos cargos. ¿Están de acuerdo con que sólo se llame a comicios por esta categoría o, por el contrario, consideran que el fraude electoral fue generalizado y se deben incluir las otras, de intendente, legislador y concejal?, se les preguntó (Ver apartes).

Campero explicó que el ApB pide sólo la nulidad de esa única categoría porque es la que presenta mayores anomalías; afirmó, sin embargo, que sin problemas se sometería nuevamente a la sentencia de las urnas. Sánchez admitió que, pese al celo en la custodia que pusieron en “La Perla del Sur” se dieron algunas irregularidades; pero dejó la decisión acerca de la eventual convocatoria a comicios para una o para todas las categorías en manos de la JEP. Salazar opinó igual que el ex corredor de rally.