Pidieron la elevación a juicio de una megacausa por estafas millonarias al Estado en Tucumán

Una organización dedicada a la defraudación habría estafado al Estado por más de $26,5 millones, mediante la creación de empresas fantasmas para obtener bonos de un plan de fomento a la industria que se vendían a terceros. Esa es la acusación del fiscal federal N° 2 Pablo Camuña, quien solicitó la elevación a juicio. El requerimiento se formuló contra 17 acusados, entre quienes se encuentran dirigentes políticos y comerciantes salteños. El pedido del representante del Ministerio Público Fiscal se produjo luego de que la Cámara Federal de Tucumán confirmara los procesamientos de los imputados. 

De acuerdo al escrito, todas las causas judiciales se iniciaron por denuncia penal presentada en el año 2009 por la Sección Penal Tributaria de la AFIP-DGI, al detectarse la presunta obtención fraudulenta de beneficios fiscales (artículo 4° de la Ley 24.769). Luego de las declaraciones indagatorias que se le tomaron a los imputados en noviembre de 2011, se resolvió procesarlos con el agravante especificado en la ley, que determina que al haber participado dos o más personas en el delito, la pena mínima de prisión sería de cuatro años, informó el sitio web de la Procuración General de la Nación. 

La operatoria fraudulenta inició en 2001, cuando el Poder Ejecutivo de la Nación delineó un régimen destinado a promover la fabricación de bienes de capital, informática y telecomunicaciones, por medio de la emisión de bonos fiscales para mitigar los efectos de la crisis recesiva post-default ocurrida a la salida de la convertibilidad.

Esos bonos, detalló el fiscal en el escrito, “eran emitidos por la Dirección Nacional de Industria, dependiente de la Secretaría de Industria de la Nación, para ser aplicados al pago de impuestos nacionales (impuesto a las ganancias, ganancia mínima presunta, valor agregado e internos) y se emitían por una suma equivalente al 14% del precio de venta de dichos bienes, una vez detraído el valor de insumos, componentes o partes importadas”.

De esta manera, los aspirantes al beneficio debían, en primer lugar, presentar la documentación necesaria en la Dirección Nacional de Industria para lograr su inscripción en el Registro de Empresas Fabricantes de Bienes de Capital y una vez inscriptos podían, mediante la acreditación de ciertos requisitos, solicitar la emisión de bonos fiscales, que tenían la particularidad de poder ser -por única vez – endosados y cedidos a terceras personas.

“En todas las causas de autos, se identificó la misma maniobra: obtención fraudulenta de bonos de crédito fiscal correspondientes al régimen antes descripto, lo que se lograba mediante la utilización de un sujeto prestanombre -empresa apócrifa/fantasma- que no reviste la calidad de verdadero contribuyente ante el fisco, en el caso Ramón Miguel Giuliano; Salvador Domingo Ross; Víctor Miguel Paz; Javier Antonio Castaño; Gustavo José Capetta; Miguel Alberto López; José María Moya, y Daniel Emilio Sandalie suscribían documentación falsa (declaraciones juradas, habilitaciones municipales, certificados fiscales para contratar, etc.), Héctor Raúl Lamoglia y Pablo Luis Fernando Rivas certificaban, contablemente, la documentación apócrifa mencionada, que se presentaba ante la Dirección Nacional de Industria, para iniciar un legajo administrativo y obtener así una inscripción en el Registro de Empresas Locales Fabricantes de Bienes de Capital”, explicó Camuña.

A partir de ese momento, los imputados solicitaban la emisión de los bonos fiscales, para lo que también confeccionaban el legajo administrativo con documentación falsa: por ejemplo, certificaciones contables de operaciones comerciales de Lamoglia y Rivas.

Camuña indicó que, “una vez emitidos, se presentaban ante la Dirección Nacional de Industria una serie de representantes-apoderados -Héctor Miguel Otaño, Andrea Martha Jiménez, Javier Castaño, Marcelo Corisi y Ana Rosa Escudé- quienes eran, a instancias de Kuchar y/o de Fernández Castro, según el caso, los encargados de retirar los bonos fiscales para, posteriormente, venderlos -por intermedio del mercado de valores- a terceras empresas, las que utilizaban éstos para cancelar impuestos nacionales. Asimismo, completaban la maniobra endosando cheques y cobrándolos, Guillermo Kuchar del Moral (h), entre otros roles que jugó”.

Así, el fiscal federal resaltó que a lo largo de la investigación se acreditó en todos los casos acumulados a la causa que: “1- se emitieron bonos fiscales en forma fraudulenta a través de la utilización de diferentes prestanombres: Capetta, Quima SRL, Catalina SRL, Petropack SRL, Paz, López, Fuhr, Petroquímica del Norte SA, Gordillo, Tula Norry, Moya, Intermoto SA, Guchea, Nieva, Complejo Agroindustrial San Lucas SRL, López, Miguel Humberto; 2- se retiraron de la Dirección Nacional de Industria bonos fiscales y se vendieron en el Mercado de Valores a través de apoderados –Jiménez, Otaño, Castaño, Corisi-; 3- en todos los casos y en diferente medida, prestanombres y apoderados afirman haber realizado dichas gestiones por orden y encargo de Guillermo Kuchar y/o Germán Fernández Castro”.

Este mecanismo habría sido empleado para perjudicar al fisco por un monto aproximado de $26,5 millones, suma a la que se llegó luego de reagrupar en esta mega causa los 18 expedientes que había en la justicia. Por esto, el juez que en su momento estuvo a cargo, Mario Agustín Racedo, ordenó, a pedido del fiscal que intervino antes que Camuña, Carlos Brito, el procesamiento sin prisión preventiva de dos supuestos autores y coautores (Kuchar y Fernández Castro), y de 16 partícipes necesarios. Asimismo, ya en enero de 2011, y dentro de la misma mega causa, el magistrado había dictado el procesamiento con prisión preventiva respecto de Andrea Martha Jiménez, pareja de Fernández Castro, y quien figuraba a cargo de una de las empresas fantasma con las que se concretó la maniobra delictiva. Jiménez había estado prófuga de la justicia por varios meses, hasta que fue detenida en Buenos Aires. Esa conducta motivó su procesamiento con prisión preventiva.

Respecto de los procesados, se había trabado embargo por sumas que oscilaban entre los 600 mil y los 20 millones de pesos. Los más gravosos recayeron sobre Kuchar y Fernández Castro, considerados los cerebros de la supuesta maniobra pergeñada para perjudicar al fisco de acuerdo con las pruebas recolectadas durante la pesquisa. En su momento, la Cámara Federal también confirmó estas medidas.

Entre los imputados, se destacan familiares (Kuchar y Guillermo Federico Kuchar del Moral, padre e hijo, respectivamente), parejas (Fernández Castro y Jiménez, por ejemplo), correligionarios políticos (Kuchar y Marcelo Ricardo Corisi, fundador del Partido de los Trabajadores) y hasta compañeros de estudios en la sede de Concepción de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (los contadores Ángel Ariel Medina, Jorge Dulce y Pablo Luis Fernando Rivas).

Además de la elevación a juicio, Camuña solicitó el sobreseimiento de otros 13 imputados, de los cuales 12 ya habían sido beneficiados con la falta de mérito por parte del juez.