28 Noviembre 2015
La Agrupación Judicial Provincial “16 de Noviembre” pidió a Antonio Gandur, presidente reelecto de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que dé respuesta a una serie de reclamos de los trabajadores de Tribunales. “Vemos que la Corte permanece inmune a nuestras necesidades”, dijo Omar Maldonado, dirigente de la agrupación, por medio de una nota de prensa.
Entre otros temas conflictivos, el gremio denunció la existencia de profundas desigualdades y discriminaciones a la hora de definir los ascensos del personal en todas las jerarquías. Además, dijo que había una desaprensión por parte de las autoridades ante la absoluta falta de higiene y de seguridad en el trabajo, dentro y fuera de los Tribunales. Al respecto, recordaron el asesinato de Manuel Gerardo Uro, prosecretario de la Fiscalía N°6 de esta capital, mientras practicaba un allanamiento en 2013; el “patoteo” que sufrió recientemente un oficial de Justicia mientras ejecutaba un desalojo; los episodios de violencia ocurridos durante la celebración de audiencias en los juzgados de Familia, y las falencias graves detectadas en las condiciones edilicias y de aseo de las sedes de la capital y de Concepción, y de los juzgados de Paz. “En pequeños espacios conviven entre 10 o 12 trabajadores, abogados, ciudadanos, mobiliario y equipamiento”, expresó la agrupación. Y recordó que habían aparecido alacranes y otras alimañas en algunas oficinas.
El gremio que conduce Maldonado se quejó también de la intromisión de la Corte en la actividad sindical de los trabajadores judiciales: “promueve la existencia de dirigentes gremiales colaboracionistas y ‘chupamedias’ mediante el otorgamiento discrecional de beneficios de cuota gremial”.
Entre otros temas conflictivos, el gremio denunció la existencia de profundas desigualdades y discriminaciones a la hora de definir los ascensos del personal en todas las jerarquías. Además, dijo que había una desaprensión por parte de las autoridades ante la absoluta falta de higiene y de seguridad en el trabajo, dentro y fuera de los Tribunales. Al respecto, recordaron el asesinato de Manuel Gerardo Uro, prosecretario de la Fiscalía N°6 de esta capital, mientras practicaba un allanamiento en 2013; el “patoteo” que sufrió recientemente un oficial de Justicia mientras ejecutaba un desalojo; los episodios de violencia ocurridos durante la celebración de audiencias en los juzgados de Familia, y las falencias graves detectadas en las condiciones edilicias y de aseo de las sedes de la capital y de Concepción, y de los juzgados de Paz. “En pequeños espacios conviven entre 10 o 12 trabajadores, abogados, ciudadanos, mobiliario y equipamiento”, expresó la agrupación. Y recordó que habían aparecido alacranes y otras alimañas en algunas oficinas.
El gremio que conduce Maldonado se quejó también de la intromisión de la Corte en la actividad sindical de los trabajadores judiciales: “promueve la existencia de dirigentes gremiales colaboracionistas y ‘chupamedias’ mediante el otorgamiento discrecional de beneficios de cuota gremial”.
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