03 Diciembre 2015
SALUDO. Pedicone (derecha) estrecha la mano de Jiménez en junio, luego de jurar como camarista de Apelaciones. la gaceta / foto de Antonio Ferroni
Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, escribió un voto en “Falú”, una de las causas que implican al ex fiscal N°10, Guillermo Herrera. El magistrado intentó que sus pares, Eudoro Albo y Liliana Vitar, emitiesen una sentencia; como no lo consiguió, el martes hizo algo inaudito: envió su posición a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. El texto se difundió con rapidez y causó revuelo en Tribunales. Pedicone dijo en su voto que el titular del Ministerio Público, Edmundo Jiménez, pone en riesgo la seguridad del Estado y de la ciudadanía, y que este está implicado “en un cóctel explosivo” para dejar impunes los hechos atribuidos a Herrera. Según el vocal, operaron para ese fin la jueza Mirta Lenis de Vera -está en vías de jubilarse con el 82% móvil-; Carlos Sale, fiscal de Cámara, y Tomás Robert, el letrado que renunció a la defensa de Herrera para ingresar al Ministerio Público.
Pedicone recordó que Lenis de Vera declaró abstracto el requerimiento de investigación jurisdiccional de Herrera porque este ya no era fiscal (dimitió el 11 de septiembre, cercado por un sumario administrativo y numerosas denuncias penales) y por, ende, debía ser investigado como un ciudadano común. En lugar de devolver la causa a Diego López Ávila, fiscal N°4, Lenis de Vera declaró la nulidad de “partes selectivas” de las medidas que este había instrumentado para comprobar las denuncias y del requerimiento en sí; además, apartó a López Ávila tal y como había pedido Robert, y dijo que correspondía que la causa pasase a la órbita de Washington Navarro Dávila, fiscal N°5. Según la jueza, el fiscal N°4 se había excedido al investigar a Herrera, que gozaba de la inmunidad prevista en la Constitución.
Pedicone advirtió que Lenis de Vera anuló las citaciones a declarar como testigos de los imputados Jorge Rigourd y de Roxana Teves que López Ávila dispuso antes de desglosar las denuncias. “Teves nada tenía que ver con el caso ‘Falú’ y sí con otra causa que, como es público e incluso consta en el acta de una auditoría encargada por la Corte, involucra a los propios hijos del ministro Jiménez”, consignó. En virtud del testimonio de Teves, López Ávila ordenó la formación de una nueva causa penal contra los hermanos Jiménez y el letrado Alfredo Falú, entre otros, que ingresó a la Fiscalía de Adriana Giannoni.
El intríngulis
Como López Ávila apeló la resolución de Lenis por considerarla arbitraria y contradictoria, además de capaz de configurar una injusticia evidente, el caso “Falú” fue elevado al fiscal ante la Cámara de Apelaciones, Alejandro Noguera, quien se excusó de intervenir. “El 18 de noviembre, el recurso de apelación llega al fiscal de Apelaciones. Con fecha 17 de noviembre, el ministro público decide alterar el sistema de suplencias y crear uno nuevo con el solo límite de su voluntad (resolución N° 333). Al día siguiente, estrena el nuevo sistema, y designa al fiscal Sale para que decida la suerte de la presentación de López Ávila”, precisó Pedicone. Según su voto, el reemplazante de Noguera dejó de lado los argumentos de López Ávila y consintió la sentencia de Lenis de Vera. Es decir, la nulidad de partes de la pesquisa y del requerimiento de investigación; el apartamiento del fiscal N°4 y el envío de la causa a Navarro Dávila.
La intervención de Sale era clave porque, por el artículo 475 del Código Procesal Penal de Tucumán, si este no sostenía el recurso de apelación -como ocurrió-, la causa debía volver a Lenis de Vera. Eso es lo que Albo, presidente de la Cámara, dispuso este lunes, pese a que Pedicone le había formulado la invitación a considerar su voto, que declara la inconstitucionalidad de oficio del artículo 475; fulmina el dictamen de Sale; aparta a este y a Lenis de Vera del caso, y remite el expediente a López Ávila para que prosiga la investigación de Herrera. En virtud de esta intervención de Pedicone, la tercera vocal, Vitar, se excusó invocando su carácter de cónyuge de Navarro Dávila. Frente a la imposibilidad de juzgar, Pedicone pidió que la Corte tomara conocimiento de lo que ocurría arguyendo que la cuestión era de gravedad. Albo, por su parte, dijo a este diario que no había cauce procesal para actuar como pretendía su par, con quien no deseaba polemizar.
“Resulta extraño que el dictamen de Sale no tenga fecha ni lugar”, dijo en su voto frustrado Pedicone, que llegó a la Cámara en junio -previo concurso público-, para ocupar la vocalía que había dejado vacante Elva Graciela Jiménez, hermana del ministro público, y ex ministro de Gobierno y Justicia histórico del alperovichismo (en el pasado, Pedicone se desempeñó como legislador del PJ e intendente de Monteros). El juez acotó asimismo que el dictamen estaba “en las antípodas” de la resolución del ex ministro público Luis De Mitri (fue reemplazado por Jiménez en agosto de 2014) que ordenaba que, en caso de duda, correspondía mantener la acusación. “El Ministerio Público despliega una actividad que va en contra de los intereses de la sociedad que debería representar. Lejos de eso, favorece los intereses del acusado Herrera, que es un ex integrante de esa institución”, opinó.
Pedicone subrayó que Robert había decidido dejar la defensa de Herrera para –en principio- asumir como relator del ministro Jiménez y renuncia el 24 de noviembre a las 10.20, un día antes de que el dictamen de Sale ingresara a la Cámara. “Posiblemente correspondía avocarse como suplente de la Fiscalía de Cámara a la fiscala Juana Prieto de Sólimo, pero el ministro Jiménez, a último momento, decide alterar el sistema de suplencias y elige a Sale. Este indicio se corresponde con el texto enmendado con ‘liquid paper’ de fojas 617 (vuelta) que lleva la firma de la secretaria María del Carmen Veiga”, agregó.
El camarista planteó otros interrogantes: “¿por qué el ministro Jiménez habría decidido nombrar como relator al defensor de confianza de Herrera? ¿Por qué alteró el sistema de suplencias de fiscales en una causa con efectos para un ex fiscal y sus propios hijos?”. Y respondió que la anulación dispuesta por Lenis de Vera no parecía una casualidad y que los hechos que había descrito no podían prosperar sin un uso inadecuado de las estructuras del Poder Judicial.
En sesión permanente
El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de la Capital decidió ayer difundir el voto de Pedicone entre sus matriculados y declararse en sesión permanente. La entidad expresó en un comunicado que el voto de Pedicone manifestaba el evidente propósito de asegurar la impunidad a Herrera, a quien había denunciado por su actuación en “Jorrat”, “Teves-Albarracín”, “Rigourd” y “Valdez”. La entidad advirtió la “indebida injerencia” de Jiménez para obstruir la investigación, y solicitó medidas urgentes a la Corte y a Regino Amado, ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, y una audiencia al vicegobernador Osvaldo Jaldo.
Pedicone recordó que Lenis de Vera declaró abstracto el requerimiento de investigación jurisdiccional de Herrera porque este ya no era fiscal (dimitió el 11 de septiembre, cercado por un sumario administrativo y numerosas denuncias penales) y por, ende, debía ser investigado como un ciudadano común. En lugar de devolver la causa a Diego López Ávila, fiscal N°4, Lenis de Vera declaró la nulidad de “partes selectivas” de las medidas que este había instrumentado para comprobar las denuncias y del requerimiento en sí; además, apartó a López Ávila tal y como había pedido Robert, y dijo que correspondía que la causa pasase a la órbita de Washington Navarro Dávila, fiscal N°5. Según la jueza, el fiscal N°4 se había excedido al investigar a Herrera, que gozaba de la inmunidad prevista en la Constitución.
Pedicone advirtió que Lenis de Vera anuló las citaciones a declarar como testigos de los imputados Jorge Rigourd y de Roxana Teves que López Ávila dispuso antes de desglosar las denuncias. “Teves nada tenía que ver con el caso ‘Falú’ y sí con otra causa que, como es público e incluso consta en el acta de una auditoría encargada por la Corte, involucra a los propios hijos del ministro Jiménez”, consignó. En virtud del testimonio de Teves, López Ávila ordenó la formación de una nueva causa penal contra los hermanos Jiménez y el letrado Alfredo Falú, entre otros, que ingresó a la Fiscalía de Adriana Giannoni.
El intríngulis
Como López Ávila apeló la resolución de Lenis por considerarla arbitraria y contradictoria, además de capaz de configurar una injusticia evidente, el caso “Falú” fue elevado al fiscal ante la Cámara de Apelaciones, Alejandro Noguera, quien se excusó de intervenir. “El 18 de noviembre, el recurso de apelación llega al fiscal de Apelaciones. Con fecha 17 de noviembre, el ministro público decide alterar el sistema de suplencias y crear uno nuevo con el solo límite de su voluntad (resolución N° 333). Al día siguiente, estrena el nuevo sistema, y designa al fiscal Sale para que decida la suerte de la presentación de López Ávila”, precisó Pedicone. Según su voto, el reemplazante de Noguera dejó de lado los argumentos de López Ávila y consintió la sentencia de Lenis de Vera. Es decir, la nulidad de partes de la pesquisa y del requerimiento de investigación; el apartamiento del fiscal N°4 y el envío de la causa a Navarro Dávila.
La intervención de Sale era clave porque, por el artículo 475 del Código Procesal Penal de Tucumán, si este no sostenía el recurso de apelación -como ocurrió-, la causa debía volver a Lenis de Vera. Eso es lo que Albo, presidente de la Cámara, dispuso este lunes, pese a que Pedicone le había formulado la invitación a considerar su voto, que declara la inconstitucionalidad de oficio del artículo 475; fulmina el dictamen de Sale; aparta a este y a Lenis de Vera del caso, y remite el expediente a López Ávila para que prosiga la investigación de Herrera. En virtud de esta intervención de Pedicone, la tercera vocal, Vitar, se excusó invocando su carácter de cónyuge de Navarro Dávila. Frente a la imposibilidad de juzgar, Pedicone pidió que la Corte tomara conocimiento de lo que ocurría arguyendo que la cuestión era de gravedad. Albo, por su parte, dijo a este diario que no había cauce procesal para actuar como pretendía su par, con quien no deseaba polemizar.
“Resulta extraño que el dictamen de Sale no tenga fecha ni lugar”, dijo en su voto frustrado Pedicone, que llegó a la Cámara en junio -previo concurso público-, para ocupar la vocalía que había dejado vacante Elva Graciela Jiménez, hermana del ministro público, y ex ministro de Gobierno y Justicia histórico del alperovichismo (en el pasado, Pedicone se desempeñó como legislador del PJ e intendente de Monteros). El juez acotó asimismo que el dictamen estaba “en las antípodas” de la resolución del ex ministro público Luis De Mitri (fue reemplazado por Jiménez en agosto de 2014) que ordenaba que, en caso de duda, correspondía mantener la acusación. “El Ministerio Público despliega una actividad que va en contra de los intereses de la sociedad que debería representar. Lejos de eso, favorece los intereses del acusado Herrera, que es un ex integrante de esa institución”, opinó.
Pedicone subrayó que Robert había decidido dejar la defensa de Herrera para –en principio- asumir como relator del ministro Jiménez y renuncia el 24 de noviembre a las 10.20, un día antes de que el dictamen de Sale ingresara a la Cámara. “Posiblemente correspondía avocarse como suplente de la Fiscalía de Cámara a la fiscala Juana Prieto de Sólimo, pero el ministro Jiménez, a último momento, decide alterar el sistema de suplencias y elige a Sale. Este indicio se corresponde con el texto enmendado con ‘liquid paper’ de fojas 617 (vuelta) que lleva la firma de la secretaria María del Carmen Veiga”, agregó.
El camarista planteó otros interrogantes: “¿por qué el ministro Jiménez habría decidido nombrar como relator al defensor de confianza de Herrera? ¿Por qué alteró el sistema de suplencias de fiscales en una causa con efectos para un ex fiscal y sus propios hijos?”. Y respondió que la anulación dispuesta por Lenis de Vera no parecía una casualidad y que los hechos que había descrito no podían prosperar sin un uso inadecuado de las estructuras del Poder Judicial.
En sesión permanente
El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de la Capital decidió ayer difundir el voto de Pedicone entre sus matriculados y declararse en sesión permanente. La entidad expresó en un comunicado que el voto de Pedicone manifestaba el evidente propósito de asegurar la impunidad a Herrera, a quien había denunciado por su actuación en “Jorrat”, “Teves-Albarracín”, “Rigourd” y “Valdez”. La entidad advirtió la “indebida injerencia” de Jiménez para obstruir la investigación, y solicitó medidas urgentes a la Corte y a Regino Amado, ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, y una audiencia al vicegobernador Osvaldo Jaldo.
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