Objetan la rendición de los gastos sociales

Denuncian que el sistema es inconstitucional.

09 Diciembre 2015
Un nuevo expediente se inicia en la Justicia provincial por la causa de las valijas de la Legislatura.

Los peronistas disidentes Oscar López y Jesús Pellasio, del partido FE, plantearon una acción declarativa de inconstitucionalidad por los gastos sociales ante el fuero Contencioso Administrativo. Sobre la base de una serie de informes que publicó LA GACETA, los demandantes señalaron que el cuerpo colegiado gastó este año más de $ 490 millones para “ayudas sociales a personas”. Según López y Pellasio, los parlamentarios aplicaron un sistema de rendición que ya ha caducado, por lo que el uso de los fondos sería ilegal. Además, cuestionaron los controles del Tribunal de Cuentas (TC) sobre esos fondos de uso discrecional.

Mediante fotos y documentos, este diario reveló cómo un empleado de Tesorería de la Cámara visitaba la sucursal de calle San Martín del Banco Tucumán-Grupo Macro y retiraba, en una o más valijas, sumas que por lo general iban de los $ 5 millones a los $ 10 millones. El efectivo era trasladado en una camioneta oficial -sin identificación- hasta el edificio de la Legislatura. Allí, la plata era entregada en mano a quienes percibían las “ayudas sociales a personas”.

López ya había realizado una denuncia penal por el caso de las valijas en la Justicia provincial. En el fuero federal, el juez federal Daniel Bejas tiene bajo su órbita una pesquisa por presunto lavado de activos que abrió de oficio el fiscal general Antonio Gómez -hoy la pesquisa es comandada por el fiscal federal Pablo Camuña-.

En esta ocasión, López concurrió junto a Pellasio al fuero en lo Contencioso Administrativo para plantear la inconstitucionalidad del sistema de cobro de gastos sociales y la metodología de control del TC. Solicitaron que, hasta tanto se resuelva la acción de fondo, se les ordene a la Legislatura y al Tribunal de Cuentas que se rijan por la Ley de Administración Financiera. “Se aplica al día de hoy un sistema de rendición que ha sido derogado en 2008. Siendo este procedimiento arbitrario, ilegitimo e inconstitucional, resulta menester erradicarlo”, señalaron los peronistas disidentes en la demanda.

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