El PE y los municipios reeditarán el Pacto Social

Sus adeptos le agradecen el orden financiero y la paz social durante 14 años. Sus detractores, lo acusan de condicionar políticamente a los intendentes y de someter a las autonomías municipales. El Pacto Social dividió opiniones durante su vigencia, desde 2000 y hasta fines de 2014. El Gobierno de Juan Manzur tiene la intención de reflotar ese acuerdo financiero mediante el que las ciudades cedían sus recursos nacionales para que se los administrara la Provincia, que se hacía cargo de garantizar los salarios y las obras.

“En lo personal, creo que fue una de las mejores herramientas que administrativamente se implementaron. Mantuvo, y la realidad lo demostró, durante 12 años la tranquilidad y la paz social en los municipios”, halagó el ministro del Interior, Miguel Acevedo. Rechazó las críticas que hizo, especialmente la oposición, al sistema: “algunos interpretaban que los municipios estaban cautivos, pero nunca fue obligatorio. La sociedad, algunos intendentes y la oposición reclamaban la no vigencia y nuevas reglas de juego y así se hizo”.

El funcionario adelantó que Manzur le requirió que se acuerde con cada intendente la relación económica más adecuada y que se firmaran convenios semestrales o anuales. Afirmó que los municipios se sentarán en la mesa de negociación en enero y que podrán optar por el Pacto o por proponer otras alternativas de asistencia.

El nuevo Gobierno provincial y 18 de las 19 intendencias (Jorge Yapura Astorga, de Tafí del Valle, fue reelecto) llevan un mes y medio de gestión. La Provincia se hizo cargo en este tiempo de garantizar los pagos de noviembre, diciembre y el aguinaldo.

El responsable del área de Interior detalló que el Pacto que se ofertará a los municipios tendrá las mismas características que durante la última década. Las municipalidades entregarían el dinero proveniente de la Coparticipación nacional y del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) y, a cambio, el Ejecutivo se haría cargo de cubrir la planilla salarial y el financiamiento de obras y servicios. Las administraciones no podrán incrementar la planta de personal permanente bajo el paraguas del convenio.

Respecto de las titularizaciones masivas de empleados en algunas municipalidades, afirmó que desde diciembre vienen dialogando con las nuevas autoridades. “No es que quiera justificar la situación, pero es normal cuando cambia la gestión que haya acomodamientos. Y es la primera vez que los intendentes están 12 años (con el Pacto vigente no podían acrecentar la planta). Había trabajadores esperando hace tiempo”, manifestó.

Advirtió que no tolerarán excesos, pero que buscarán el equilibrio. “La Provincia tiene limitaciones. Habrá que ver cada caso, depende de los fondos de cada municipio. No le puedo prestar 100 a quien aporta 10. Tengo que ir equilibrado y garantizando la planilla, sin excedernos”, concluyó.

En discusión se pondrá el mes que viene otro asunto que va encadenado con la asistencia: “se irá consensuando uno a uno el monto y el plazo de devolución de las deudas municipales. En el caso de que decidamos hacer una reprogramación y anticipos financieros, tenemos que ver cómo van a devolver las viejas y las nuevas deudas”.

Tras la caída del Pacto, se habían conocido los últimos montos que los municipios debían al Gobierno. San Miguel, Yerba Buena, Banda del Río Salí, Lules, Aguilares, Famaillá, Alderetes, Monteros y Tafí Viejo eran los nueve más complicados. Las deuda de estos estaban entre los $ 100 y los “ 400 millones. La capital saneó sus cuentas en los últimos meses.