24 Diciembre 2015
BRASILIA.- El senador brasileño designado para analizar las cuentas públicas en 2014, del gobierno de la presidenta, Dilma Rousseff, de quien es aliado, dijo que recomendará su aprobación por considerar que no tienen ninguna irregularidad, como alega la oposición ante el pedido de juicio político en contra de la jefa de Estado.
El legislador Acir Gurgacz, nominado como ponente del proceso en que la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso analiza las cuentas de 2014, expresó que su opinión difiere de la del Tribunal de Cuentas del Estado (TCU), que recomendó la reprobación de las mismas. Los balances oficiales fueron rechazados por el Tribunal de Cuentas, organismo de contraloría del Estado y consultor del Congreso, que recomendó que no sean aprobados por irregularidades.
Gurgacz, que entregó su postura sobre las cuentas ante la comisión mixta del Senado y de Diputados que deberá aprobarlas o rechazarlas, afirmó que los argumentos del tribunal “no son lo suficientemente relevantes como para reprobar los balances del año pasado”.
Según los magistrados del Tribunal, el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos. Ello llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda por U$S 10.000 millones, en 2014, que fue omitida de los resultados presentados por el Gobierno. Para el tribunal, se trata de “irregularidades graves” y prueban que “el Ejecutivo se financió con la banca pública”.
En cuanto a la oposición, la maniobra con la que el Gobierno intentó maquillar los malos resultados de las cuentas públicas constituye un delito de responsabilidad, que justifica la apertura de un juicio político con destitución.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, aceptó los argumentos de la oposición y autorizó el trámite del juicio, pero el proceso continuará en febrero debido a que la Corte Suprema ordenó el reinicio del trámite, ya que el Congreso comienza su receso.
Gurgacz, cuya posición tendrá que ser avalada o rechazada por la comisión de Presupuesto antes del 6 de marzo, alegó que el balance de las cuentas públicas de 2014 puede ser aprobado con algunas “observaciones”, como en años anteriores y en otros Gobiernos.
Según el senador, los decretos firmados por Rousseff y cuestionados por el Tribunal de Cuentas no son ilegales y el procedimiento está previsto en la legislación presupuestaria. “Dilma tuvo que adoptar las maniobras contables debido a las dificultades económicas que vive Brasil, y para no paralizar al Gobierno”, opinó Gurgacz. (Télam)
El legislador Acir Gurgacz, nominado como ponente del proceso en que la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso analiza las cuentas de 2014, expresó que su opinión difiere de la del Tribunal de Cuentas del Estado (TCU), que recomendó la reprobación de las mismas. Los balances oficiales fueron rechazados por el Tribunal de Cuentas, organismo de contraloría del Estado y consultor del Congreso, que recomendó que no sean aprobados por irregularidades.
Gurgacz, que entregó su postura sobre las cuentas ante la comisión mixta del Senado y de Diputados que deberá aprobarlas o rechazarlas, afirmó que los argumentos del tribunal “no son lo suficientemente relevantes como para reprobar los balances del año pasado”.
Según los magistrados del Tribunal, el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos. Ello llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda por U$S 10.000 millones, en 2014, que fue omitida de los resultados presentados por el Gobierno. Para el tribunal, se trata de “irregularidades graves” y prueban que “el Ejecutivo se financió con la banca pública”.
En cuanto a la oposición, la maniobra con la que el Gobierno intentó maquillar los malos resultados de las cuentas públicas constituye un delito de responsabilidad, que justifica la apertura de un juicio político con destitución.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, aceptó los argumentos de la oposición y autorizó el trámite del juicio, pero el proceso continuará en febrero debido a que la Corte Suprema ordenó el reinicio del trámite, ya que el Congreso comienza su receso.
Gurgacz, cuya posición tendrá que ser avalada o rechazada por la comisión de Presupuesto antes del 6 de marzo, alegó que el balance de las cuentas públicas de 2014 puede ser aprobado con algunas “observaciones”, como en años anteriores y en otros Gobiernos.
Según el senador, los decretos firmados por Rousseff y cuestionados por el Tribunal de Cuentas no son ilegales y el procedimiento está previsto en la legislación presupuestaria. “Dilma tuvo que adoptar las maniobras contables debido a las dificultades económicas que vive Brasil, y para no paralizar al Gobierno”, opinó Gurgacz. (Télam)
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