30 Diciembre 2015
PROTESTA. En diciembre de 2012, empleados de la CPA realizaron un abrazo simbólico ante a la sede céntrica. la gaceta / foto de inés quinteros orio (archiuvo)
El conflicto entre la conducción oficialista de la Caja Popular de Ahorros (CPA) y la Asociación Bancaria local lleva más de tres años. En ese tiempo hubo graves incidentes, como el caótico enfrentamiento en el centro de marzo de 2013. Pero todo indica que, junto con las fiestas, llegó algo de alivio para esa tensa relación.
Ayer, el interventor de la CPA, Armando Cortalezzi, le entregó al referente sindical Eduardo Bourlé una copia de la resolución mediante la cual fueron titularizados 34 trabajadores de la entidad crediticia provincial.
Se trata de los 33 empleados que habían sido cesanteados en medio de un conflicto gremial, a quienes se sumó una mujer que también había sido desplazada. Además, según Bourlé, serán restituidos en sus puestos originales de labor unas 50 personas que habían sido trasladadas cuando el clima de la disputa había llegado a un punto de ebullición. “Es muy valioso que se haya hecho justicia con estos compañeros”, señaló Bourlé, en diálogo con LA GACETA.
En octubre de 2012, luego de la renuncia del ex interventor Eduardo El Eter, Cortalezzi obtuvo una licencia de la anterior conformación de la Legislatura para asumir la conducción de la Caja Popular, por expreso pedido del entonces gobernador José Alperovich. En esos tiempos el conflicto giraba alrededor de la cesión por parte del ente crediticio de unos $ 170 millones de su Fondo de Garantía a las arcas del Gobierno provincial. Pero, con el correr del tiempo, se fueron sumando focos de enfrentamiento entre La Bancaria y el oficialismo de la CPA.
En marzo de 2013 hubo un violento cruce en las calles céntricas entre integrantes de ambos espacios. Personal de la Policía de la Provincia, según denunció por entonces el gremio de los bancarios, efectuó disparos con postas de goma contra unos 20 trabajadores. Para entonces, ya habían sido concretados los despidos de una treintena de empleados. La Bancaria alegaba que esa medida había sido tomada como una represalia contra los miembros del sindicato.
“Esos compañeros habían sido echados primero. Luego, a instancias de una cautelar, fueron reincorporados. Ahora, ya finalizando 2015, todo esto quizás haya encontrado un corte”, comentó Bourlé, quien este año además asumió como legislador (integraba un acople liderado por la radical Silvia Elías).
El dirigente sindical remarcó que la resolución con la titularización de los 34 trabajadores fue producto del diálogo. “Fue muy importante la conversación entre nuestro referente, Carlos Cisneros, y el gobernador Juan Manzur”, consideró. Y calificó la postura del mandatario provincial como “inteligente”. “De esta manera, el Gobierno provincial evita que se sigan generando deudas y conflictos que afectan de manera considerable a la Caja Popular. No debemos olvidar que, a partir de la medida cautelar que dispuso la restitución de los compañeros, la Justicia nos venía hallando la razón y fallando de manera favorable de los trabajadores. Así que esto, en un plazo no muy lejano, se iba a cristalizar de alguna u otra manera”, señaló Bourlé.
El hoy legislador opositor entendió de manera favorable la postura del gobernador. “Creo que Manzur reparó en que, bajo la gestión de Alperovich, se había llegado a una situación no deseada. Por lo menos, nosotros no deseábamos que ocurriera todo esto”, apuntó.
Bourlé destacó que, tras recibir la resolución con los nombramientos de parte de Cortalezzi, los empleados en conflicto recuperarán la paz. “Esta etapa por fin va a quedar en la historia. Todos sabemos que los empleados tenían derecho a permanecer afiliados y a participar en los eventos gremiales. Fue clave el apoyo de la conducción nacional”, valoró el dirigente.
Ayer, el interventor de la CPA, Armando Cortalezzi, le entregó al referente sindical Eduardo Bourlé una copia de la resolución mediante la cual fueron titularizados 34 trabajadores de la entidad crediticia provincial.
Se trata de los 33 empleados que habían sido cesanteados en medio de un conflicto gremial, a quienes se sumó una mujer que también había sido desplazada. Además, según Bourlé, serán restituidos en sus puestos originales de labor unas 50 personas que habían sido trasladadas cuando el clima de la disputa había llegado a un punto de ebullición. “Es muy valioso que se haya hecho justicia con estos compañeros”, señaló Bourlé, en diálogo con LA GACETA.
En octubre de 2012, luego de la renuncia del ex interventor Eduardo El Eter, Cortalezzi obtuvo una licencia de la anterior conformación de la Legislatura para asumir la conducción de la Caja Popular, por expreso pedido del entonces gobernador José Alperovich. En esos tiempos el conflicto giraba alrededor de la cesión por parte del ente crediticio de unos $ 170 millones de su Fondo de Garantía a las arcas del Gobierno provincial. Pero, con el correr del tiempo, se fueron sumando focos de enfrentamiento entre La Bancaria y el oficialismo de la CPA.
En marzo de 2013 hubo un violento cruce en las calles céntricas entre integrantes de ambos espacios. Personal de la Policía de la Provincia, según denunció por entonces el gremio de los bancarios, efectuó disparos con postas de goma contra unos 20 trabajadores. Para entonces, ya habían sido concretados los despidos de una treintena de empleados. La Bancaria alegaba que esa medida había sido tomada como una represalia contra los miembros del sindicato.
“Esos compañeros habían sido echados primero. Luego, a instancias de una cautelar, fueron reincorporados. Ahora, ya finalizando 2015, todo esto quizás haya encontrado un corte”, comentó Bourlé, quien este año además asumió como legislador (integraba un acople liderado por la radical Silvia Elías).
El dirigente sindical remarcó que la resolución con la titularización de los 34 trabajadores fue producto del diálogo. “Fue muy importante la conversación entre nuestro referente, Carlos Cisneros, y el gobernador Juan Manzur”, consideró. Y calificó la postura del mandatario provincial como “inteligente”. “De esta manera, el Gobierno provincial evita que se sigan generando deudas y conflictos que afectan de manera considerable a la Caja Popular. No debemos olvidar que, a partir de la medida cautelar que dispuso la restitución de los compañeros, la Justicia nos venía hallando la razón y fallando de manera favorable de los trabajadores. Así que esto, en un plazo no muy lejano, se iba a cristalizar de alguna u otra manera”, señaló Bourlé.
El hoy legislador opositor entendió de manera favorable la postura del gobernador. “Creo que Manzur reparó en que, bajo la gestión de Alperovich, se había llegado a una situación no deseada. Por lo menos, nosotros no deseábamos que ocurriera todo esto”, apuntó.
Bourlé destacó que, tras recibir la resolución con los nombramientos de parte de Cortalezzi, los empleados en conflicto recuperarán la paz. “Esta etapa por fin va a quedar en la historia. Todos sabemos que los empleados tenían derecho a permanecer afiliados y a participar en los eventos gremiales. Fue clave el apoyo de la conducción nacional”, valoró el dirigente.