04 Enero 2016
EN TRIBUNALES. Desde 1985 y hasta 2007 que renunció, Parache fue el juez N°1 ; lo reemplazó Daniel Bejas. la gaceta / foto de hector peralta (archivo)
La turbulenta crisis de 2001 por la que atravesó el país sigue teniendo ecos en los tribunales federales locales. El Ministerio Público Fiscal (MPF) considera que se reunieron pruebas suficientes para demostrar que el ex juez federal N°1 de Tucumán Jorge Parache habría participado de una compleja maniobra para que un bonista saltara el corralito mediante un ardid delictivo. Por ello, en los últimos días de 2015, el fiscal federal N° 2, Pablo Camuña, consideró que la investigación penal de la causa denominada “Scaravilli López” está completa y requirió la elevación a juicio del ex magistrado como partícipe necesario por la presunta defraudación al Estado Nacional.
Se trata de uno de los cuatro casos penales relacionados con supuestas maniobras con títulos públicos que pusieron, precisamente, término a las carreras de dos ex jueces federales tucumanos: Felipe Terán (destituido en 2006) y Parache (renunció en 2007). Si prospera el pedido del representante del MPF, Parache podría seguir los pasos de su ex colega y sentarse en el banquillo de los acusados en la sala del Tribunal Oral Federal (TOF). En septiembre de 2014, el TOF condenó a Terán a tres años de prisión de ejecución condicional, más seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos de las otras causas “Borquez” y “Camandona” (la tercera, “Taranto”, también involucra a Parache y está en trámite).
La “maniobra”
El requerimiento, de 20 páginas, detalla exhaustivamente el contexto económico financiero y cesación de pagos.
“Es evidente que el entonces juez federal fue partícipe necesario en la maniobra defraudatoria para defraudar al Estado Nacional, ya que sin la actividad jurisdiccional ejercitada por el mismo, no se hubiese podido cometer el delito, posibilitando así con su actividad un perjuicio al erario público de la suma de $ 1.215.301,50”, afirma Camuña en el texto. Precisa que la suma, a valores actuales del dólar, sería de $ 4.900.000.
En octubre de 2004, según se relata, el abogado César Roque Paliza (h), apoderado del contador Alberto Domingo López Scaravilli, había presentado una demanda para que su representado fuera considerado entre las excepciones legales previstas -por una cuestión de salud- y pudiera cobrar los bonos que tenía sin diferimiento. Días después Parache había despachado -a favor del demandante- una cautelar que le permitió cobrar $ 1,2 millón. La suma implicó una ganancia del 411% respecto de la inversión original de $ 295.750. El fiscal señala que entonces no se había tenido en cuenta que Scaravilli había adquirido los títulos horas antes de interponer la demanda, es decir ya en default, y no antes diferimiento de pago de la Deuda Pública ni que su dolencia no era reciente, sino que databa de su niñez. Y puntualiza que el ex juez había sido advertido de las irregularidades por informes de la Nación. Concluyó que se habría tratado de aparentar una operación de inversión, para ampararse en una excepción y obtener así un beneficio indebido.
Se trata de uno de los cuatro casos penales relacionados con supuestas maniobras con títulos públicos que pusieron, precisamente, término a las carreras de dos ex jueces federales tucumanos: Felipe Terán (destituido en 2006) y Parache (renunció en 2007). Si prospera el pedido del representante del MPF, Parache podría seguir los pasos de su ex colega y sentarse en el banquillo de los acusados en la sala del Tribunal Oral Federal (TOF). En septiembre de 2014, el TOF condenó a Terán a tres años de prisión de ejecución condicional, más seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos de las otras causas “Borquez” y “Camandona” (la tercera, “Taranto”, también involucra a Parache y está en trámite).
La “maniobra”
El requerimiento, de 20 páginas, detalla exhaustivamente el contexto económico financiero y cesación de pagos.
“Es evidente que el entonces juez federal fue partícipe necesario en la maniobra defraudatoria para defraudar al Estado Nacional, ya que sin la actividad jurisdiccional ejercitada por el mismo, no se hubiese podido cometer el delito, posibilitando así con su actividad un perjuicio al erario público de la suma de $ 1.215.301,50”, afirma Camuña en el texto. Precisa que la suma, a valores actuales del dólar, sería de $ 4.900.000.
En octubre de 2004, según se relata, el abogado César Roque Paliza (h), apoderado del contador Alberto Domingo López Scaravilli, había presentado una demanda para que su representado fuera considerado entre las excepciones legales previstas -por una cuestión de salud- y pudiera cobrar los bonos que tenía sin diferimiento. Días después Parache había despachado -a favor del demandante- una cautelar que le permitió cobrar $ 1,2 millón. La suma implicó una ganancia del 411% respecto de la inversión original de $ 295.750. El fiscal señala que entonces no se había tenido en cuenta que Scaravilli había adquirido los títulos horas antes de interponer la demanda, es decir ya en default, y no antes diferimiento de pago de la Deuda Pública ni que su dolencia no era reciente, sino que databa de su niñez. Y puntualiza que el ex juez había sido advertido de las irregularidades por informes de la Nación. Concluyó que se habría tratado de aparentar una operación de inversión, para ampararse en una excepción y obtener así un beneficio indebido.
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