12 Enero 2016
Los ex contratados de la Municipalidad de Simoca decidieron suspender al menos hasta mañana las protestas que realizaron a diario frente a la sede municipal durante los últimos 10 días. Tomaron la decisión ayer, luego de que el ministro del Interior de la Provincia, Miguel Acevedo, se comprometiera a intermediar en el conflicto que mantienen con el intendente Marcelo Herrera (FpV).
El funcionario se reunirá hoy con el jefe municipal para conocer su postura, y citó a los cesanteados para mañana en la Casa de Gobierno. “Hay expectativas de que la situación se resuelva”, dijo al finalizar la reunión Rubén Leccese, vocero de los trabajadores. Por este motivo, no realizarán un piquete frente a la sede municipal ni hoy ni mañana: “esperaremos hasta el miércoles, ya que entonces tendremos una definición”.
“Queremos que nos contraten por los próximos cuatro años y que Herrera firme un compromiso en el que diga que nos trabajar en paz”, especificó el ex contratado.
Acevedo, sin embargo, fue más cauto respecto de las posibilidades de solucionar el conflicto. “No les propuse nada, sino que me ofrecí en intermediar entre el intendente y ellos para ver si se puede llegar a una solución. No asumí ningún tipo de compromiso, porque la Provincia no puede hacerlo en estos casos”, afirmó.
El ministro explicó que el Poder Ejecutivo (PE) provincial no puede destinar fondos para los contratos de los municipales, ya que existen otras jurisdicciones con problemas similares. “Tengo que mantener la prudencia y cierto equilibrio entre todos, ya que no se trata de un solo caso. Además, cada uno tiene sus particularidades; por ejemplo, en Simoca no hubo despidos, sino contratos que se terminaron y no fueron renovados”, indicó.
Las medidas de fuerza comenzaron el 31 de diciembre de 2015, fecha en la que terminaron 78 vínculos laborales otorgados en agosto por el ex intendente de Simoca Luis González (UCR). El actual jefe municipal no quiso renovarlos pese a que ese había sido el compromiso de su antecesor, con el argumento de que se trataba de contratos políticos.
Del total de los afectados, alrededor de 40 continuaban con el plan de lucha debido a que no aceptaron ser incluidos en el nuevo plan Manos a la Obra ni trabajar como jornalizados, como les había ofrecido el intendente Herrera.
Situaciones similares
El arribo de nuevas autoridades provocó focos de tensión en distintos municipios y comunas, debido a la finalización de contratos temporarios. “Este tipo de conflictos se produce siempre en el marco de un cambio de gestión, por lo tanto con una transición de gobierno es natural que estos problemas afloren”, afirmó Acevedo.
Durante la semana pasada se registraron protestas en localidades como Los Ralos, El Manantial y Famaillá, en las que el denominador común fue la disolución de vínculos laborales con las administraciones locales. En casos como el de Famaillá, incluso, se dio la particularidad de que el oficialismo continúa en el poder (la actual intendenta, Patricia Lizárraga, es esposa del anterior mandatario municipal, Enrique Orellana).
Según el ministro del Interior, la Provincia medió en algunos de esos conflictos, aunque no quiso dar detalles sobre cómo fueron resueltos. “Si trasciende que en un lugar se tomó tal determinación, en el otro querrán que se haga lo mismo y eso es un error, teniendo en cuenta las características puntuales de cada caso”, se excusó.
El funcionario se reunirá hoy con el jefe municipal para conocer su postura, y citó a los cesanteados para mañana en la Casa de Gobierno. “Hay expectativas de que la situación se resuelva”, dijo al finalizar la reunión Rubén Leccese, vocero de los trabajadores. Por este motivo, no realizarán un piquete frente a la sede municipal ni hoy ni mañana: “esperaremos hasta el miércoles, ya que entonces tendremos una definición”.
“Queremos que nos contraten por los próximos cuatro años y que Herrera firme un compromiso en el que diga que nos trabajar en paz”, especificó el ex contratado.
Acevedo, sin embargo, fue más cauto respecto de las posibilidades de solucionar el conflicto. “No les propuse nada, sino que me ofrecí en intermediar entre el intendente y ellos para ver si se puede llegar a una solución. No asumí ningún tipo de compromiso, porque la Provincia no puede hacerlo en estos casos”, afirmó.
El ministro explicó que el Poder Ejecutivo (PE) provincial no puede destinar fondos para los contratos de los municipales, ya que existen otras jurisdicciones con problemas similares. “Tengo que mantener la prudencia y cierto equilibrio entre todos, ya que no se trata de un solo caso. Además, cada uno tiene sus particularidades; por ejemplo, en Simoca no hubo despidos, sino contratos que se terminaron y no fueron renovados”, indicó.
Las medidas de fuerza comenzaron el 31 de diciembre de 2015, fecha en la que terminaron 78 vínculos laborales otorgados en agosto por el ex intendente de Simoca Luis González (UCR). El actual jefe municipal no quiso renovarlos pese a que ese había sido el compromiso de su antecesor, con el argumento de que se trataba de contratos políticos.
Del total de los afectados, alrededor de 40 continuaban con el plan de lucha debido a que no aceptaron ser incluidos en el nuevo plan Manos a la Obra ni trabajar como jornalizados, como les había ofrecido el intendente Herrera.
Situaciones similares
El arribo de nuevas autoridades provocó focos de tensión en distintos municipios y comunas, debido a la finalización de contratos temporarios. “Este tipo de conflictos se produce siempre en el marco de un cambio de gestión, por lo tanto con una transición de gobierno es natural que estos problemas afloren”, afirmó Acevedo.
Durante la semana pasada se registraron protestas en localidades como Los Ralos, El Manantial y Famaillá, en las que el denominador común fue la disolución de vínculos laborales con las administraciones locales. En casos como el de Famaillá, incluso, se dio la particularidad de que el oficialismo continúa en el poder (la actual intendenta, Patricia Lizárraga, es esposa del anterior mandatario municipal, Enrique Orellana).
Según el ministro del Interior, la Provincia medió en algunos de esos conflictos, aunque no quiso dar detalles sobre cómo fueron resueltos. “Si trasciende que en un lugar se tomó tal determinación, en el otro querrán que se haga lo mismo y eso es un error, teniendo en cuenta las características puntuales de cada caso”, se excusó.
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Miguel Acevedo