Molina y Romero Lascano integrarán un tribunal clave

El ex fiscal Guillermo Herrera quiere que Enrique Pedicone sea apartado de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción que ha de cumplir una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Por medio de su defensor, Gustavo Juárez Collado, el ex funcionario (renunció en septiembre) recusó a Pedicone, quien dijo a la Corte que un grupo de magistrados encabezado por el ministro público Edmundo Jiménez le había impedido revisar una resolución favorable al ex titular de la Fiscalía N°10. El viernes, la Cámara de Apelaciones labró un acta que informa que los camaristas Elisa Molina y Eduardo Romero Lascano salieron sorteados para integrar el tribunal de recusación.

El sorteo electrónico fue practicado en presencia de la jueza Molina y de Santiago Gollán, encargado de Sistemas del fuero penal, según indica el acta. En principio, Romero Lascano, que es primo de Jiménez; Molina y Eudoro Albo, presidente de la Cámara, analizarán si la recusación contra Pedicone es procedente. El ex fiscal Herrera fundó el pedido de apartamiento en la existencia de circunstancias graves que afectan la imparcialidad del camarista.

Fuentes del fuero penal informaron que Pedicone se negó a dar un paso al costado. Según trascendió, el magistrado recusado habría cuestionado el hecho de que la defensa sólo pretendiese apartarlo a él, cuando Albo también actuó en el expediente firmando el decreto que lo sacó de la órbita de la Cámara.

Durante la última semana del año, la Corte fulminó el decreto de Albo con los votos de Antonio Gandur, Claudia Sbdar y Daniel Posse. En un sentencia sin precedentes, el alto tribunal reprochó también la actitud de Liliana Vitar, par de Albo y de Pedicone, que actuó en el expediente y, luego, se excusó por ser cónyuge de Washington Navarro Dávila, fiscal N°5. Ocurre que la decisión de Mirta Lenis de Vera, jueza de Instrucción N°5, que Pedicone pretendía revisar, desplaza a Diego López Ávila, fiscal N°4, de la investigación, tal y como había solicitado Herrera. Según Lenis de Vera, el expediente debe ingresar en la órbita de Navarro Ávila. La Corte devolvió el expediente a la Cámara a los efectos de que arbitre los mecanismos necesarios para tratar las cuestiones planteadas en el proyecto de voto de Pedicone. La decisión relativa a la recusación planteada por Herrera incidirá, entonces, en la configuración del estrado que ha de cumplir esta orden.

Dos versiones decisivas

La resolución de la jueza N°5 anuló asimismo partes selectivas de la comprobación de la denuncia del Colegio de Abogados de la Capital que había perfeccionado López Ávila antes de imputar la presunta comisión de delitos de Herrera. Entre los actos anulados están las declaraciones testimoniales estratégicas de dos acusados, Roxana Teves y Jorge Rigourd. La primera incriminó, entre otros, a dos hijos del ministro público, Ana Lucía y Edmundo Javier Jiménez -López Ávila giró el testimonio a la fiscala Adriana Giannoni para que investigue la versión-. Rigourd, por su parte, dijo que, durante el allanamiento de la sede de su empresa, Herrera exigió al ejecutivo Jorge Cosentino el pago de $ 90.000 a una presunta sobrina suya, María Posse Bruhl, a cambio de no ser detenido.

Si bien López Ávila recurrió la resolución de Lenis de Vera, Carlos Sale, fiscal de Cámara asignado al caso por Jiménez, dejó caer el recurso de apelación. Fue entonces que Pedicone intentó revisar lo sucedido en el expediente y que Albo optó por enviarlo, sin más trámite, al despacho de Lenis de Vera. Frente a esta situación, Pedicone dijo a la Corte Suprema que no lo habían dejado juzgar. Y adjuntó un proyecto de sentencia que advierte supuestas irregularidades en la participación de Sale. Según Pedicone, Jiménez pone en riesgo la seguridad del Estado y de la ciudadanía, y lo involucró en un “cóctel explosivo” para dejar impunes los hechos atribuidos a Herrera en conexión con su actuación en la causa “Jorrat”. El voto de Pedicone dice que, además de Jiménez, operaron para ese fin Lenis de Vera, Sale y Tomás Robert, abogado que el 24 de noviembre renunció a la defensa de Herrera para asumir como relator del ministro público, nombramiento que, al fin, no se concretó.