30 Marzo 2016
TITULAR DEL COLEGIO CAPITALINO. El abogado Francisco García Posse. la gaceta / foto de ANALíA JARAMILLO
La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) volvió a solicitar a Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que designe a un veedor para las causas con connotaciones institucionales que tramitan en el Poder Judicial de Tucumán. En diciembre y en las diferentes reuniones sostenidas este año, Garavano se comprometió a enviar un abogado para que monitoree una serie de casos sensibles, entre ellos, los que implican al ex fiscal Guillermo Herrera a partir de una denuncia de Francisco García Posse, presidente del Colegio de Abogados de la Capital.
“Le pedimos que considere la posibilidad de acceder a nuestro pedido de designar un veedor judicial”, dijeron Eduardo Massot y Santiago Orgambide, respectivos presidente y secretario de la FACA, al funcionario del Gobierno de Mauricio Macri. Y añadieron: “este nombramiento obedece a la necesidad de tomar intervención en relación con las irregularidades denunciadas en el fuero penal de Tucumán y que involucran al ministro público Edmundo Jiménez”.
Si bien al comienzo trascendió que la veeduría iba a recaer sobre Carlos López, funcionario judicial y aspirante a magistrado vetado siete veces por el gobernador José Alperovich, esa versión se enfrió. Luego, cobró impulso la posibilidad de que Bernardo Lobo Bugeau, en su carácter de abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se constituya en veedor. En 2013, el informe “Lobo Bugeau” fue decisivo para desplazar al ex fiscal Carlos Albaca de la investigación del homicidio de Paulina Lebbos. Y aunque Garavano volvió a hablar del hipotético veedor hace dos semanas, al recibir a dos víctimas de la impunidad, Alberto Lebbos y Roxana Teves, el nombramiento aún no fue oficializado.
El efecto “Pedicone”
Hace un año y en medio de una seguidilla de acusaciones contra magistrados, García Posse denunció que la Justicia penal de Tucumán podría estar siendo usada como una agencia de cobranzas. En particular, objetó la actuación del entonces fiscal Guillermo Herrera en las causas “Teves-Albarracín”, “Rigourd”, “Valdez” y “Jorrat”. En septiembre, Herrera renunció para jubilarse con el beneficio del 82% móvil. Previamente, el ministro público Jiménez cuestionó la potestad de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para auditar los casos del ex fiscal.
En noviembre, el camarista Enrique Pedicone notificó a la Corte que Jiménez y otros jueces habían operado para lograr la impunidad de Herrera. Un mes después, el alto tribunal ordenó a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción que analice los argumentos de Pedicone, cosa que aún no sucedió.
Entonces comenzaron las reuniones con Garavano: en la primera audiencia, García Posse y Massot blandieron la actuación de Pedicone para advertir que la denuncia del Colegio podría quedar en la nada. Luego de su encuentro con Garavano, Jiménez anunció la existencia de una crisis estructural y general en la Justicia, y pidió la autarquía para el Ministerio Público, posición que la Corte rechaza. Este mes, los vocales Gandur, Sbdar, Antonio Estofán y Daniel Posse se encontraron con el ministro macrista. Antes, este había dicho que la Nación podría considerar una intervención federal si las instituciones locales no resolvían los conflictos del Poder Judicial.
“Le pedimos que considere la posibilidad de acceder a nuestro pedido de designar un veedor judicial”, dijeron Eduardo Massot y Santiago Orgambide, respectivos presidente y secretario de la FACA, al funcionario del Gobierno de Mauricio Macri. Y añadieron: “este nombramiento obedece a la necesidad de tomar intervención en relación con las irregularidades denunciadas en el fuero penal de Tucumán y que involucran al ministro público Edmundo Jiménez”.
Si bien al comienzo trascendió que la veeduría iba a recaer sobre Carlos López, funcionario judicial y aspirante a magistrado vetado siete veces por el gobernador José Alperovich, esa versión se enfrió. Luego, cobró impulso la posibilidad de que Bernardo Lobo Bugeau, en su carácter de abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se constituya en veedor. En 2013, el informe “Lobo Bugeau” fue decisivo para desplazar al ex fiscal Carlos Albaca de la investigación del homicidio de Paulina Lebbos. Y aunque Garavano volvió a hablar del hipotético veedor hace dos semanas, al recibir a dos víctimas de la impunidad, Alberto Lebbos y Roxana Teves, el nombramiento aún no fue oficializado.
El efecto “Pedicone”
Hace un año y en medio de una seguidilla de acusaciones contra magistrados, García Posse denunció que la Justicia penal de Tucumán podría estar siendo usada como una agencia de cobranzas. En particular, objetó la actuación del entonces fiscal Guillermo Herrera en las causas “Teves-Albarracín”, “Rigourd”, “Valdez” y “Jorrat”. En septiembre, Herrera renunció para jubilarse con el beneficio del 82% móvil. Previamente, el ministro público Jiménez cuestionó la potestad de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para auditar los casos del ex fiscal.
En noviembre, el camarista Enrique Pedicone notificó a la Corte que Jiménez y otros jueces habían operado para lograr la impunidad de Herrera. Un mes después, el alto tribunal ordenó a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción que analice los argumentos de Pedicone, cosa que aún no sucedió.
Entonces comenzaron las reuniones con Garavano: en la primera audiencia, García Posse y Massot blandieron la actuación de Pedicone para advertir que la denuncia del Colegio podría quedar en la nada. Luego de su encuentro con Garavano, Jiménez anunció la existencia de una crisis estructural y general en la Justicia, y pidió la autarquía para el Ministerio Público, posición que la Corte rechaza. Este mes, los vocales Gandur, Sbdar, Antonio Estofán y Daniel Posse se encontraron con el ministro macrista. Antes, este había dicho que la Nación podría considerar una intervención federal si las instituciones locales no resolvían los conflictos del Poder Judicial.
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