13 Abril 2016
La UNT pide la pesquisa de $ 77 millones mal rendidos de fondos de YMAD
La denuncia es consecuencia de una auditoría y del posterior sumario administrativo ordenado por la rectora Bardón. Faltarían retenciones tributarias. González Navarro, director de Asuntos Jurídicos de la UNT, solicitó a la Justicia Federal que investigue a la funcionaria Cudmani.
EX PARLAMENTARIO IMPUTADO. Luis Sacca en los Tribunales Federales. LA GACETA / FOTO DE Antonio Ferroni
Antes de que el reloj marcara las 13 -y en los pasillos de Tribunales Federales no quedara un alma- ingresó a la Fiscalía N°1 una denuncia penal por fraude en perjuicio de la administración pública; abuso de autoridad; incumplimiento de deberes de funcionario público; malversación de fondos públicos y otros delitos en contra de Olga Cudmani, quien fue directora de Construcciones Universitarias (DGCU) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) durante la gestión de Juan Alberto Cerisola (2006-2014). La ingeniera hoy se desempeña en el área de Extensión Universitaria.
La denuncia penal se asienta en los datos de una auditoría y del posterior sumario administrativo iniciado por orden de la rectora Alicia Bardón a fines de 2014. La auditoría detectó “presuntas irregularidades, omisiones y transgresiones reglamentarias referidas al procedimiento de rendición de cuentas” de fondos provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) por un total que supera los $ 77 millones.
Según consta en la denuncia presentada en la fiscalía federal de Carlos Brito por el director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro, los hechos están relacionados con la rendición de cuentas de montos percibidos por la DGCU en concepto de pago a proveedores y contratistas. Las obras en cuestión formaban parte del plan de obras de infraestructura que se realizaba con fondos provenientes de las utilidades mineras.
El circuito descripto en la denuncia es el siguiente: YMAD le entregaba un cheque al ex rector Cerisola, quien a su vez lo enviaba a la Dirección General Administrativa (DGA) o Tesorería, donde confeccionaban el recibo correspondiente. Luego, Cudmani pedía el libramiento de fondos a la Dirección de Planeamiento y esa solicitud volvía al titular del Rectorado, quien autorizaba la transferencia a una cuenta de Construcciones Universitarias.
“A esta área le correspondía efectuar el pago a los proveedores o contratistas. Estos debían formalizarse mediante cheques previa deducción de las retenciones de conceptos tributarios”, consigna la denuncia. Las sumas retenidas debían depositarse e informarse a la Dirección General Administrativa (DGA). En este último paso detectaron las presuntas irregularidades.
Según la auditoría, hubo casos en que se hicieron retenciones impositivas, pero no se depositaron en las cuentas; rendiciones de pago donde se omitió efectuar y depositar rendiciones; desdoblamientos de pagos para usar el sistema de “caja chica”; solicitud de fondos en exceso por montos que superan los contratos ($ 12 millones); aplicación del dinero para otras finalidades, entre otros.
Todo esto justifica la investigación del proceder de Cudmani, que la semana pasada prestó declaración indagatoria en una causa penal vinculada al manejo de los fondos de YMAD que tramita en el Juzgado Federal N°2 que encabeza Fernando Luis Poviña (ayer fue el turno del ex funcionario Luis Sacca -ver “Todo el dinero que salió de la UNT, volvió...”- mientras que hoy comparecerá el propio Cerisola). Incluso advierte la UNT que durante la investigación administrativa, la funcionaria había manifestado que no estaba “en condiciones de rendir los importes recibidos con las correspondientes retenciones de ley”, por lo tanto había solicitado plazos suplementarios para hacerlo. “Hasta la fecha y pese al plazo concedido -vencido holgadamente- no se ha dado cumplimiento con la obligación asumida”, expresa la denuncia. En otro tramo, la presentación señala: “el dinero transferido oportunamente por la DGA no estaría disponible ni para la correspondiente devolución a la Tesorería de la DGA ni para el pago de contratistas, en caso de corresponder, lo que hace presumir que ha sido -lisa y llanamente- sustraído”.
La pesquisa administrativa expresa que en las operaciones analizadas no se habrían retenido ni depositado impuestos. Y agrega que siendo la UNT agente de retención, sus agentes se encuentran alcanzados por el régimen penal tributario.
La denuncia penal se asienta en los datos de una auditoría y del posterior sumario administrativo iniciado por orden de la rectora Alicia Bardón a fines de 2014. La auditoría detectó “presuntas irregularidades, omisiones y transgresiones reglamentarias referidas al procedimiento de rendición de cuentas” de fondos provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) por un total que supera los $ 77 millones.
Según consta en la denuncia presentada en la fiscalía federal de Carlos Brito por el director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro, los hechos están relacionados con la rendición de cuentas de montos percibidos por la DGCU en concepto de pago a proveedores y contratistas. Las obras en cuestión formaban parte del plan de obras de infraestructura que se realizaba con fondos provenientes de las utilidades mineras.
El circuito descripto en la denuncia es el siguiente: YMAD le entregaba un cheque al ex rector Cerisola, quien a su vez lo enviaba a la Dirección General Administrativa (DGA) o Tesorería, donde confeccionaban el recibo correspondiente. Luego, Cudmani pedía el libramiento de fondos a la Dirección de Planeamiento y esa solicitud volvía al titular del Rectorado, quien autorizaba la transferencia a una cuenta de Construcciones Universitarias.
“A esta área le correspondía efectuar el pago a los proveedores o contratistas. Estos debían formalizarse mediante cheques previa deducción de las retenciones de conceptos tributarios”, consigna la denuncia. Las sumas retenidas debían depositarse e informarse a la Dirección General Administrativa (DGA). En este último paso detectaron las presuntas irregularidades.
Según la auditoría, hubo casos en que se hicieron retenciones impositivas, pero no se depositaron en las cuentas; rendiciones de pago donde se omitió efectuar y depositar rendiciones; desdoblamientos de pagos para usar el sistema de “caja chica”; solicitud de fondos en exceso por montos que superan los contratos ($ 12 millones); aplicación del dinero para otras finalidades, entre otros.
Todo esto justifica la investigación del proceder de Cudmani, que la semana pasada prestó declaración indagatoria en una causa penal vinculada al manejo de los fondos de YMAD que tramita en el Juzgado Federal N°2 que encabeza Fernando Luis Poviña (ayer fue el turno del ex funcionario Luis Sacca -ver “Todo el dinero que salió de la UNT, volvió...”- mientras que hoy comparecerá el propio Cerisola). Incluso advierte la UNT que durante la investigación administrativa, la funcionaria había manifestado que no estaba “en condiciones de rendir los importes recibidos con las correspondientes retenciones de ley”, por lo tanto había solicitado plazos suplementarios para hacerlo. “Hasta la fecha y pese al plazo concedido -vencido holgadamente- no se ha dado cumplimiento con la obligación asumida”, expresa la denuncia. En otro tramo, la presentación señala: “el dinero transferido oportunamente por la DGA no estaría disponible ni para la correspondiente devolución a la Tesorería de la DGA ni para el pago de contratistas, en caso de corresponder, lo que hace presumir que ha sido -lisa y llanamente- sustraído”.
La pesquisa administrativa expresa que en las operaciones analizadas no se habrían retenido ni depositado impuestos. Y agrega que siendo la UNT agente de retención, sus agentes se encuentran alcanzados por el régimen penal tributario.
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