Trimarco debe devolver dos predios a la Nación

La Fundación “María de los Ángeles” contra la trata de personas deberá devolver al Estado dos enormes predios militares que el Gobierno nacional le había cedido en 2014 y 2015, durante la última gestión de la ex Presidenta, Cristina Fernández.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) intimó a la organización presidida por Susana Trimarco mediante dos resoluciones casi idénticas (N°38 y N°39) a la “desocupación y restitución” de los inmuebles en un plazo de 10 días. Las determinaciones de la AABE están fechadas el viernes, por lo tanto, la medida debería hacerse efectiva entre esta semana y principios de la próxima.

El organismo, dependiente de la Jefatura de Gabinete, es el encargado de administrar los inmuebles estatales. Sus presidente y vicepresidente, Ramón Lanus y Pedro Comín Villanueva, argumentaron en los escritos que la decisión se tomó en el contexto de la “decisión política del Ejecutivo Nacional de hacer prevalecer el proceso de preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización del espacio físico, con vista a su mejor aprovechamiento y utilización, destinado a la afectación de los bienes a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas”.

El ex hospital militar

En octubre de 2014, la AABE había cedido en comodato (préstamo de uso, con la obligación de devolución) los terrenos donde funcionó el ex hospital militar, ubicados en Italia al 2800, al oeste de San Miguel de Tucumán. Cuenta con 50.500 metros cuadrados.

La fundación había proyectado en un primer momento acondicionar las instalaciones y levantar nuevas construcciones para un centro de desarrollo materno infantil para hijos de sobrevivientes del delito de trata y de madres en conflicto, sobre todo, por violencia de género. Luego, la institución había definido abrir allí, en conjunto con la Sedronar (Secretaría de Programación para la prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico), una Casa Educativa Terapéutica, con el fin de recuperar adictos.

En torno al uso de estos terrenos hubo dos controversias.

La primera, a fines de 2014, cuando la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Tucumán (Fadetuc) advirtió ante la oficina local de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad que el lugar sería modificado y pidió que se investigara la posible existencia de fosas comunes clandestinas con restos de víctimas del terrorismo de Estado. Sucede que, según numerosos testimonios, el lugar albergó transitoriamente a detenidos-desaparecidos, de paso hacia centros clandestinos durante el Operativo Independencia. El fiscal federal N°2, Pablo Camuña, requirió al juez federal N°1, Daniel Bejas, que dictara una cautelar. La medida se efectivizó hasta que se concretaron medidas de prueba que descartaron, en principio, la sospecha. Transcurrieron varios meses en los que la fundación no pudo actuar en el lugar.

La segunda se desencadenó hace un mes, cuando LA GACETA publicó un informe de la secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación, que conduce Domingo Amaya, que mencionó a la iniciativa de la fundación como un expediente con anomalías. El escrito oficial daba cuenta de que el monto pautado para los trabajos del jardín de infantes era de $ 22,4 millones, y que a principios de diciembre del año pasado se había hecho el primer pago por $ 5,6 millones. “A la fecha, dicho pago no ha sido rendido ni se ha presentado el certificado de inicio de obra”, sostenía el documento. Amaya opinó que el dinero debería ser devuelto. Trimarco había aclarado que no había tocado los fondos.

El año pasado, la AABE entregó, también en comodato a la fundación, una porción de terreno lindante al ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. El sitio, de 68.200 metros cuadrados, es en Las Talitas.

Los planes de la institución eran levantar una centena de casas para víctimas de trata y sus familias El financiamiento, según se consigna en los expedientes del emprendimiento, correría por cuenta del entonces Ministerio de Planificación. Amaya había criticado que, como los lotes eran prestados, los vecinos del barrio no podrían obtener escrituras.

Al ser consultadas por este diario, fuentes de la Fundación aseguraron que la medida es “un alivio” porque la custodia de los predios generaba responsabilidades y gastos. Descartaron que el cese de los comodatos estén relacionados con motivos políticos, por el cambio de signo del Gobierno nacional. Consignaron que las refacciones habían comenzado en el espacio destinado a la Sedronar en el ex hospital, pero que están paralizadas. Aclararon que el proyecto era de gran magnitud en ambos sitios. Recordaron que el viernes, Trimarco se reunió con la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y que esta apoyó el trabajo de la institución. Además, dijeron, dialogaron sobre la causa judicial y sobre la búsqueda de “Marita”. La senadora macrista Silvia Elías de Pérez había pedido informes a la Nación sobre el uso dado por la fundación a ambos predios.

Trimarco es madre de “Marita” la joven secuestrada por una red de trata en abril de 2002 y protagonista de un caso emblemático de ese delito. La institución ya tiene un jardín de infantes que, desde 2013, funciona en un edificio cedido por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en el Parque 9 de Julio.