25 Abril 2016
FRENO AL CESE. La construcción ha sido uno de los sectores más golpeados por la baja de trabajadores en el país. dyn
BUENOS AIRES.- El Gobierno nacional asegura que “no hay una situación de ola generalizada de despidos”, mientras que desde la oposición peronista buscan organizar un proyecto de ley antidespidos o un plan de generación de empleo. El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge Triaca, insistió ayer con que según los datos administrados por el SIPA (Sistema Integrado Provisional Argentino), “no hay una situación de ola generalizada de despidos como quieren manifestar algunos dirigentes políticos de la oposición”.
Sin embargo, desde el justicialismo volvieron a reclamar que se aplique una medida contra los despidos, como en el caso del diputado massista Marco Lavagna, quien propuso un “plan de sostenimiento del empleo y fomento del empleo PyME”. En el Congreso se debate la sanción de una ley de emergencia laboral que frene los despidos y establezca el pago de una doble indemnización, sin embargo, en las últimas horas trascendió que el presidente Mauricio Macri vetaría esa ley en caso de que la oposición logre sumar fuerzas para su sanción. Ante esta postura, Lavagna aseguró hoy en declaraciones radiales que “si no hay una ley de protección del empleo va a haber una ley antidespidos”, al asegurar que el Frente Renovador prepara “una propuesta superadora”.
El plan apunta a mantener “la continuidad de la emergencia ocupacional hasta el 30 de junio de 2018 y no hasta diciembre del 2016 como modificó el gobierno”, además de proponer como mecanismo contra los despidos “un régimen de incentivo fiscal para PyME que se desarrolle mes a mes”.
La propuesta se dirige a “aquellas empresas con menos de cuarenta trabajadores” y también a “aquellas empresas que hayan mantenido o incrementado la planta de trabajadores respecto al mes de noviembre de 2015”.
“También proponemos darle rango de ley al Programa de Recuperación Productiva y elevar a un salario y medio para las PyME y se deja un salario para las grandes empresas. Con esta medida buscamos que la PyME sea la mayor beneficiada y pueda acceder a la REPRO”, agregó. Consultado por la posibilidad de implementar un programa propuesto por el massismo, Triaca dijo: “todas las alternativas que generan una discusión en ese sentido son bienvenidas”.
Frente a las cifras que manejan los sindicalistas, quienes aseguran que ya se han registrado más de 100.000 despidos, el jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, dijo que “no hay datos objetivos ni exactos” y que “los únicos índices fidedignos” son los que maneja la cartera laboral, que indica que el desempleo está “apenas por encima del 7%, tal como estaba en diciembre pasado”.
En tanto, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró ayer que “la forma de evitar los despidos es generar condiciones objetivas para que haya más empleo”, al cuestionar el proyecto de emergencia ocupacional de la oposición. “Si no hay inversión, no hay ley que pare el despido”, sostuvo hoy el mandatario desde Nueva York, donde disertó en la Universidad de Columbia.
En una década
Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), ocho millones de puestos de trabajo se destruyeron entre los años 2004 y 2014, de los 10 millones que habían sido creados en ese mismo período. Eso surge de los datos del Ministerio de Trabajo, tomados por el informe privado, sobre los puestos de trabajo registrados por las empresas esa década.
Entre 2004 y 2014 el aumento neto de empleos alcanzó a unos dos millones en una década. “Pero esto se logró gracias a la creación de 10 millones de nuevos puestos de trabajo que permitieron más que compensar la destrucción de ocho millones de empleos ocurridos en la última década”, puntualiza el reporte. “Esta alta destrucción de empleos se dio incluso con la prohibición de despedir y la doble indemnización que rigió entre 2002 y 2007”, agrega.
En tanto, el instituto cree que “las políticas públicas se deben centrar en facilitar las contrataciones alivianando costos y dando seguridad jurídica; no intentando evitar lo inevitable que es la destrucción de los puestos de trabajo económicamente inviables”.
“El empleo aumenta con más inversión física y en capital humano e instituciones laborales modernas”, acota. Idesa advierte, además, que “el arreglo con los fondos buitre no justifica festejos” como los que exhibió el gobierno, ya que “es apenas un primer paso para potenciar inversiones, siempre que se avance en lo más complejo que es el equilibrio fiscal para no desviar el endeudamiento a sostener gastos improductivos del Estado”, concluye.
Sin embargo, desde el justicialismo volvieron a reclamar que se aplique una medida contra los despidos, como en el caso del diputado massista Marco Lavagna, quien propuso un “plan de sostenimiento del empleo y fomento del empleo PyME”. En el Congreso se debate la sanción de una ley de emergencia laboral que frene los despidos y establezca el pago de una doble indemnización, sin embargo, en las últimas horas trascendió que el presidente Mauricio Macri vetaría esa ley en caso de que la oposición logre sumar fuerzas para su sanción. Ante esta postura, Lavagna aseguró hoy en declaraciones radiales que “si no hay una ley de protección del empleo va a haber una ley antidespidos”, al asegurar que el Frente Renovador prepara “una propuesta superadora”.
El plan apunta a mantener “la continuidad de la emergencia ocupacional hasta el 30 de junio de 2018 y no hasta diciembre del 2016 como modificó el gobierno”, además de proponer como mecanismo contra los despidos “un régimen de incentivo fiscal para PyME que se desarrolle mes a mes”.
La propuesta se dirige a “aquellas empresas con menos de cuarenta trabajadores” y también a “aquellas empresas que hayan mantenido o incrementado la planta de trabajadores respecto al mes de noviembre de 2015”.
“También proponemos darle rango de ley al Programa de Recuperación Productiva y elevar a un salario y medio para las PyME y se deja un salario para las grandes empresas. Con esta medida buscamos que la PyME sea la mayor beneficiada y pueda acceder a la REPRO”, agregó. Consultado por la posibilidad de implementar un programa propuesto por el massismo, Triaca dijo: “todas las alternativas que generan una discusión en ese sentido son bienvenidas”.
Frente a las cifras que manejan los sindicalistas, quienes aseguran que ya se han registrado más de 100.000 despidos, el jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, dijo que “no hay datos objetivos ni exactos” y que “los únicos índices fidedignos” son los que maneja la cartera laboral, que indica que el desempleo está “apenas por encima del 7%, tal como estaba en diciembre pasado”.
En tanto, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró ayer que “la forma de evitar los despidos es generar condiciones objetivas para que haya más empleo”, al cuestionar el proyecto de emergencia ocupacional de la oposición. “Si no hay inversión, no hay ley que pare el despido”, sostuvo hoy el mandatario desde Nueva York, donde disertó en la Universidad de Columbia.
En una década
Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), ocho millones de puestos de trabajo se destruyeron entre los años 2004 y 2014, de los 10 millones que habían sido creados en ese mismo período. Eso surge de los datos del Ministerio de Trabajo, tomados por el informe privado, sobre los puestos de trabajo registrados por las empresas esa década.
Entre 2004 y 2014 el aumento neto de empleos alcanzó a unos dos millones en una década. “Pero esto se logró gracias a la creación de 10 millones de nuevos puestos de trabajo que permitieron más que compensar la destrucción de ocho millones de empleos ocurridos en la última década”, puntualiza el reporte. “Esta alta destrucción de empleos se dio incluso con la prohibición de despedir y la doble indemnización que rigió entre 2002 y 2007”, agrega.
En tanto, el instituto cree que “las políticas públicas se deben centrar en facilitar las contrataciones alivianando costos y dando seguridad jurídica; no intentando evitar lo inevitable que es la destrucción de los puestos de trabajo económicamente inviables”.
“El empleo aumenta con más inversión física y en capital humano e instituciones laborales modernas”, acota. Idesa advierte, además, que “el arreglo con los fondos buitre no justifica festejos” como los que exhibió el gobierno, ya que “es apenas un primer paso para potenciar inversiones, siempre que se avance en lo más complejo que es el equilibrio fiscal para no desviar el endeudamiento a sostener gastos improductivos del Estado”, concluye.
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