11 Mayo 2016
LÁZARO BÁEZ. El empresario kirchnerista, el día de su detención. ARCHIVO
BUENOS AIRES.- La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió a la Justicia que dicte la inhibición general de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias de 28 compañías cuya propiedad se atribuye al empresario kirchnerista Lázaro Báez.
Fuentes vinculadas al órgano descentralizado del Ministerio de Justicia confirmaron hoy que ambas medidas fueron solicitadas al juez federal Sebastián Casanello, que instruye la causa penal en que Báez se encuentra procesado con prisión preventiva por supuesto lavado de dinero.
Algunas de las firmas y entidades alcanzadas por el pedido de la UIF, indicaron las fuentes, son Austral Construcciones SA, la financiera Invernes y la constructora Kank & Costilla.
El pasado 18 de abril, Casanello procesó con prisión preventiva a Báez y a su contador, Daniel Pérez Gadín, y dictó procesamientos para el resto de los imputados: los hijos de ambos, Martin Báez y Sebastián Pérez Gadín, el asesor Fabián Rossi, el presidente de la SGI (La Rosadita) César Fernández y el titular de Top Air, Walter Zanzot.
También dictó la captura nacional e internacional del abogado Néstor Marcelo Ramos, uno de los dueños de la sociedad Helvetic Services Group SA, radicada en Suiza, que en 2013 le habría transferido $ 209 millones a Austral Construcciones.
Báez admitió que esa empresa recibió aquellos fondos y aseguró que se trató de un préstamo para “participar en la construcción de las represas de Santa Cruz”.
Pero negó ser el dueño de Helvetic Services Group, la sociedad que, según Federico Elaskar, compró la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”, y en la cual su hijo Martín Báez y otras personas fueron filmadas cuando contaban U$S 5,5 millones de origen incierto, una grabación divulgada públicamente en enero pasado y que reactivó este expediente judicial.
Casanello aún no resolvió la situación procesal del abogado Jorge Chueco, detenido en Paraguay (se sospecha que intentaba fugarse). (DyN)
Fuentes vinculadas al órgano descentralizado del Ministerio de Justicia confirmaron hoy que ambas medidas fueron solicitadas al juez federal Sebastián Casanello, que instruye la causa penal en que Báez se encuentra procesado con prisión preventiva por supuesto lavado de dinero.
Algunas de las firmas y entidades alcanzadas por el pedido de la UIF, indicaron las fuentes, son Austral Construcciones SA, la financiera Invernes y la constructora Kank & Costilla.
El pasado 18 de abril, Casanello procesó con prisión preventiva a Báez y a su contador, Daniel Pérez Gadín, y dictó procesamientos para el resto de los imputados: los hijos de ambos, Martin Báez y Sebastián Pérez Gadín, el asesor Fabián Rossi, el presidente de la SGI (La Rosadita) César Fernández y el titular de Top Air, Walter Zanzot.
También dictó la captura nacional e internacional del abogado Néstor Marcelo Ramos, uno de los dueños de la sociedad Helvetic Services Group SA, radicada en Suiza, que en 2013 le habría transferido $ 209 millones a Austral Construcciones.
Báez admitió que esa empresa recibió aquellos fondos y aseguró que se trató de un préstamo para “participar en la construcción de las represas de Santa Cruz”.
Pero negó ser el dueño de Helvetic Services Group, la sociedad que, según Federico Elaskar, compró la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”, y en la cual su hijo Martín Báez y otras personas fueron filmadas cuando contaban U$S 5,5 millones de origen incierto, una grabación divulgada públicamente en enero pasado y que reactivó este expediente judicial.
Casanello aún no resolvió la situación procesal del abogado Jorge Chueco, detenido en Paraguay (se sospecha que intentaba fugarse). (DyN)
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