Desoyen medidas de protección ambiental en El Corte

Puso un aviso clasificado en el diario del domingo. En dos líneas y con abreviaciones, contó que vende un terreno, sin escritura, en la calle Los Pinos al 800, en el corazón de El Corte. Hasta ahí, nada que se oiga demasiado curioso. Excepto porque luego escribió lo siguiente: mide 10 metros de frente y 40 metros de largo. Y eso, en esos parajes de Yerba Buena, es un ilícito.

- Hola. Lo llamo por el aviso.

- Le cuento: el lote está a mi nombre. La escritura saldrá en un año, cuando los compradores terminen de pagar y se hagan las divisiones.

- Ajá. Pero en El Corte no se puede lotear por menos de 800 metros cuadrados. ¿Cómo hizo usted?

- No sé cómo será eso. Yo soy dueño de compartir mi terreno con quién quiera. Y es lo que hice. Cuando lo compré, medía 20 metros de frente por 40 metros de fondo. Le vendí la mitad a un jugador de fútbol, y ahora estoy vendiendo la otra parte. ¿Quiere verla?

El Corte se encuentra dentro de la unidad ambiental cinco del Código de Ordenamiento Urbano de la ciudad pedemontana. Ahí, los terrenos tienen que medir 20 metros de frente por 40 metros de fondo, al menos. Eso da una superficie de 800 metros cuadrados. No obstante, el autor del aviso no tuvo pudor en que le falte un puñado de metros. No es el único. En las últimas semanas, se publicaron otros avisos similares.

Y eso que, en diciembre pasado, la Cámara Civil hizo lugar a una medida cautelar que había sido presentada por unos vecinos, y le ordenó a la Municipalidad que se abstenga de seguir habilitando lotes con excepciones a lo que está escrito en el Código (”seguir”, porque los denunciantes habían descubierto unos cuantos). De hecho, también por aquellos días, el intendente Mariano Campero, quien acababa de asumir en el gobierno local, mandaba a suspender por 180 días los desarrollos inmobiliarios situados en el piedemonte.

En este punto uno quisiera saber, entonces, por qué se siguen vendiendo parcelas ilegítimas, al parecer. ¿Quién controla? ¿Qué ha pasado con la veda impuesta cinco meses atrás?

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Antes de buscar esas respuestas, conviene que el lector conozca otros datos: 

1.- Comúnmente, sólo los habitantes de El Corte se adentran en sus trochas de pendientes bruscas. Las urbanizaciones suelen avanzar, silenciosas, dentro del bosque.

2.- La unidad ambiental cinco (El Corte) es “la madre” de todas las unidades ambientales, porque debe preservar el ecosistema del municipio. La densificación allí no puede superar los 65 habitantes por hectárea, ya que es un área de PELIGRO (así ha sido escrito en el Código, con mayúsculas).

3.- La veda impuesta el año pasado está destinada a los proyectos inmobiliarios con documentación técnica en proceso de aprobación. En el decreto, se lee que debe crearse un comité de estudio, con el objetivo de que elaboren un anteproyecto de ordenanza que regule las edificaciones. El sector delimitado dentro de la prohibición se extiende desde el río Muerto, hacia arriba, hasta las fronteras norte, oeste y sur del distrito.

4.- El fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo se produjo luego de que, durante el gobierno del ex intendente Daniel Toledo, los pobladores descubrieran que se habían habilitado fraccionamientos que contravienen el Código.


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Juan Manuel Prado Irachet representa a la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán. También es el desarrollista de los barrios conocidos como El Tipal, localizados en esas lejuras. Puede parecer contradictorio, así que la primera pregunta que se le hace es si lo suyo no es una  incoherencia, o si cómo puede un ambientalista dedicarse a negocios.

- Por esa razón, justamente, nuestros barrios son los únicos ambientalmente sustentables del pedemonte -dice, y sonríe-. No hemos sido notificados sobre esa suspensión. No tienen cómo hacerlo.

- ¿Por qué?

- Para empezar, no vendemos lotes de menos de 1.000 metros cuadrados. Y para seguir, tampoco hicimos un desmonte estilo “barrido” -añade. Luego, aporta un dato llamativo, cuanto menos: sus compradores firman una adenda ambiental, que es un documento que se añade a la escritura.

En ese papel está escrito que los firmantes declaran tener pleno conocimiento de que el emprendimiento se encuentra en una zona pedemontana, “por lo que asumen los riesgos” debido a la fragilidad de ese ambiente. En la cláusula tercera del apéndice se establece, además, que los árboles situados en los 25 metros más cercanos al río Muerto -puesto que los fondos de las tierras llegan hasta el cauce- son intocables. “Tienen que respetar las especies arbóreas nativas; sólo pueden reemplazar los siempreverdes”, explica.

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Jorge Camps, empero, no tiene ninguna cortesía para con esas motosierras. Tiempo atrás, él y unos vecinos suyos formaron el centro vecinal “El Paraíso de El Corte”. Son las mismas personas que presentaron aquel amparo.

Hoy, con el fallo de su lado, sienten que han ganado una batalla. Y aguardan a que su asociación obtenga personería jurídica. Cuando eso ocurra -anticipa Camps- emprendrán otras peleas. “Mientras, vamos a colocar carteles en la calle Los Pinos, para concientizar a la gente. Quienes compren ahí, deben saber que no podrán obtener, nunca, su escritura”, considera.

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Pero a juzgar por lo que van a leer a continuación, no sólo hay dudas en torno de las urbanizaciones piedemontanas. En el resto de la comarca también se suceden casos noticiosos. Dice Franco Marigliano, el secretario de Obras Públicas y Planeamiento Urbano, que los gobernantes tienen el deber de reflexionar sobre el futuro de la ciudad. Eso ha implicado -prosigue- que se les ponga una pausa a los desarrollos a gran escala.

Pero el interés privado -reflexiona él- no entiende este deber, en ocasiones. “Sus bolsillos y sus ritmos van por otro lado. Estamos recibiendo presiones. Hay gente molesta. Hemos heredado una oficina con dos arquitectos. Uno se pregunta, entonces, cómo hacían para hacer informes. Y la respuesta es que no los hacían”.

- ¿Cuál es la situación de El Corte?

- Cuando pusimos en vigencia la veda de los 180 días, no hubo ni una queja. Nadie vino a decirnos, “ché, me han parado”. Y no lo hicieron porque sabían que estaban destruyendo el cerro.

- ¿Cuántos emprendimientos han quedado paralizados allí?

- Hemos frenado dos urbanizaciones cercanas al country Las Yungas, y otra que se encuentra próxima al río Muerto. Y se ha conformado un comité de expertos, para estudiar la planificación en esa zona.

Ernesto Marchetti estuvo, hace unas semanas, en estas páginas. Ocurrió cuando otro hombre perdió su paciencia y lo empujó adentro del edificio de la dirección de Planeamiento Urbano, que él conduce. Cuentan los testigos que también se oyeron palabrotas. El motivo de aquel episodio fue, justamente, una obra que el autor del empellón tramitaba en el despacho del funcionario.

“Nuestra postura es hacer cumplir el Código, como debió haber sido siempre. No vamos a abrir la puerta de lo ilegal”, dice hoy.

- Pero en el pedemonte se están vendiendo terrenos de 500 metros cuadrados, por ejemplo.

- No tengo conocimiento de ese tema. Le aseguro que esta gestión no ha aprobado ningún loteo irregular.

- ¿Quién controla?

- Tenemos inspecciones municipales. Se efectúan cuando se detectan construcciones irregulares.

Luego, Marchetti cuenta que su oficina revisa, por estos días, unas 40 carpetas sobre urbanizaciones especiales, en su mayoría, que han sido aprobadas con irregularidades por el gobierno anterior.


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Todas estas cuestiones han estado resonando en el Concejo Deliberante. El concejal peronista Héctor “Pilón” Aguirre, por ejemplo, ha pedido que, para la próxima sesión de ese cuerpo, se le mande una invitación a Marchetti.

¿La razón? El edil pretende que el funcionario explique cuál es la situación de unos departamentos -a decir suyo- que Víctor Giudice, el otro protagonista de aquella gresca, quiere edificar en San José. “Han frenado un montón de emprendimientos. No se puede perjudicar a los inversores. Muchos vecinos han venido a traernos su inquietud por las demoras”, relata Aguirre.

Y luego ofrece, como prueba de sus aseveraciones, los casos de Yerba Buena Design y de City Place, dos centros comerciales recién nacidos a la orilla de la avenida Perón. “Los locales están alquilados desde el año pasado, pero no les dan los permisos”, dice.

Consultados, Marigliano y Marchetti contestan que los desarrollistas están presentando documentación que estaba en falta. Por eso -indican- todavía no se les ha otorgado la viabilidad definitiva.

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En los seis meses de Campero en la intendencia, si algo ha tenido resonancia es su política hacia los desarrollos inmobiliarios. Además de suspender obras en el pedemonte, anunció el inicio de un proceso de reforma del Código y sugirió que se demuelan las terrazas de las torres que el empresario Naum Alperovich está edificando en la avenida Perón. Dice él -incluso- que no ha habido intendente que se haya jugado de semejante manera. “Tengo todo parado. Quiero que se planifique”.

En pos de esa reforma, ha contratado la asesoría del arquitecto colombiano Gustavo Restrepo.


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Pero pese a los dichos del intendente, hay vecinos, como el arquitecto Luis Palazzolo, que lo acusan de mirar hacia otro lado. En el caso suyo, ha denunciado que Toledo, a días de que acabe su mandato, aprobó la construcción de 11 oficinas en un terreno de 20 metros de frente y 33 de fondo, que queda al lado de su casa, en Los Ceibos al 1.300.

Sin embargo, Palazzolo obtuvo documentación que demostraría que se cambió el destino de uso, pues las unidades se estarían vendiendo como viviendas. “Están haciendo 12 departamentos. Han dejado 1,70 metros de fondo. Es una aberración”, exclama. Desde el año pasado hasta anteayer, él y el resto de los moradores de esa calle le han hecho llegar varias notas a Campero, en la que denuncian la violación de las ordenanzas. Pero como no ha obtenido respuesta, Palazzolo ha acudido a la Justicia.


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Y en la punta de este iceberg se encuentra el caso de las torres de Alperovich Group. En un estudio técnico que fue elaborado a pedido de los concejales -y al que tuvo acceso este diario- se pone en duda el pedido de la Municipalidad, de demolición de las terrazas.

En rigor, desde el 21 de marzo los concejales tienen la potestad -otorgada por ellos mismos y pese al desacuerdo de Campero- de visar las urbanizaciones especiales, entendiendo como tales a toda fracción de tierra cuya superficie sea igual o mayor a 2.500 metros cuadrados.

En virtud de esto, la intendencia le mandó un informe al Concejo, hace unas semanas, en el que recomendaban el derribo de los aleros. Pero los ediles estarían pensando en devolver ese expediente, con el razonamiento de que su intervención no comprende a las edificaciones que ya tienen autorización, (como es el caso, dada por Toledo).

Además, adjuntarían su informe, en el que se sostiene que sólo un sector del edificio se excede de los límites permitidos en cuanto a altura.

“Si han violado el Código, que el municipio eleve un acta al Tribunal de Faltas, para que se cite al desarrollista”, insta el abogado y presidente del Concejo, Javier Jantus. En esa misma línea de pensamiento, añade que, independientemente de quién esté en el gobierno, el Estado es uno solo. “Hay una continuidad jurídica -sostiene-. En estos casos, los particulares tienen un derecho adquirido. Probablemente, el estado necesite más que un simple acto administrativo para anular su propia declaración”, concluye.

Mañana, tal vez, los vecinos de El Corte anden trepándose a los árboles, para pegar cartelitos. ¡Cómo si bastara con eso sólo! A la honradez se la construye entre otros.