15 Mayo 2016
MONTEROS. Vecinos marcharon en 2015, tras el crimen de una joven. la gaceta / foto de osvaldo ripoll
Los legisladores del oficialismo y de la oposición que solicitaron en varias oportunidades la visita de funcionarios del área de Seguridad del Poder Ejecutivo (PE) no han obtenido las respuestas que esperaban hasta el momento. Por ello, el cuerpo aún no pudo escuchar de boca del Gobierno provincial los programas que están siendo aplicados para tratar de frenar los arrebatos, los asaltos y otros delitos.
Ante este escenario, representantes de diversas bancadas de la Cámara decidieron cambiar la estrategia, y presentaron un proyecto de ley para impulsar la creación de una mesa multisectorial de diálogo, que estaría conformada por integrantes de los tres poderes del Estado (entre ellos, funcionarios del área de Seguridad del PE), organizaciones civiles, especialistas y vecinos autoconvocados por los casos de inseguridad.
El texto lleva la firma de los radicales Fernando Valdez (autor de la iniciativa), Ariel García, Raúl Albarracín, Rubén Chebaia y Luis González; de los peronistas disidentes Stella Maris Córdoba, Alfredo Toscano y Silvio Bellomío, de los oficialistas Fernando Juri y Mariela Reyes Elías, y del macrista Alberto Colombres Garmendia. Según Valdez, el propio vicegobernador, Osvaldo Jaldo, expresó su acompañamiento y dio el visto bueno para que el proyecto comience a ser analizado. “La ola de delitos cada vez más violentos no hizo más que extenderse y agravarse en los últimos meses. Aunque el Gobierno provincial comenzó a aceptar la gravedad de la crítica situación, aún no se realizaron acciones claras para buscar soluciones duraderas y efectivas”, señaló el referente de “La Pisarello”. Pero se mostró preocupado por la falta de comunicación con el PE. “El gobierno aún no se dignó en mandar a los funcionarios del área para que brinden informes a los representantes del pueblo.”, sostuvo.
Entre finales de marzo y principios de abril, la Cámara gestionó las visitas del ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, del secretario de esa área, Paul Hofer, y del jefe y del subjefe e Policía, Dante Bustamante y Mario Rojas, respectivamente. Valdez, titular de la comisión de Derechos Humanos, giró una de las invitaciones (no era una interpelación). Amado alegó razones de agenda y no se presentó. El presidente de la comisión de Seguridad y Justicia, el peronista Javier Pucharras, por su parte, había acordado extraoficialmente una reunión con Hofer, Bustamante y Rojas. Pero habría recibido de las filas oficialistas la “sugerencia” de desactivar el encuentro, que finalmente se frustró.
Valdez, junto a 10 de sus pares, replanteó ahora la metodología para concretar la reunión: en lugar de girar citaciones, elaboró un proyecto de ley para crear una mesa de diálogo multisectorial. El texto plantea como ejes del trabajo el diagnóstico del estado de situación del delito; la evaluación de las acciones del Estado; el debate y la sanción de una estrategia gubernamental de seguridad; la discusión de cambios normativos; y la redacción de recomendaciones para enviarlas a los organismos con injerencia en el área. “Ni el aumento de efectivos, ni el de patrulleros e insumos; ni siquiera la incorporación de algunos avances tecnológicos pudieron contener el avance del delito y la violencia. Es que lo que realmente está en crisis y nunca fue cambiado es el propio modelo policial, diseñado para otra época y otros desafíos que no son los de hoy”, aseguró Valdez.
En Transporte
Radicales piden que se trate una iniciativa sobre botones antipánico en colectivos
Los legisladores José Canelada y Adela Estofán, del bloque de la UCR, le enviaron una nota al presidente de la comisión de Seguridad y Justicia, el oficialista Javier Pucharras, para que solicitar el análisis y el posterior dictamen favorable de un proyecto que apunta a reforzar la seguridad en los transportes mediante la instalación de un botón antipánico y el seguimiento satelital de las unidades. “La Legislatura no puede mirar al costado mientras la inseguridad sigue avanzando en Tucumán”, señaló Canelada. La Unión Tranviarios Automotor anunció la pronta implementación de un sistema similar.
Reforma procesal
Dos comisiones se reunirán con abogados colegiados antes de alistar el nuevo Código
Las comisiones de Asuntos Constitucionales (presidida por el oficialista Marcelo Caponio) y de Seguridad y Justicia (a cargo del peronista Javier Pucharras) tienen prevista una nueva reunión conjunta esta semana por la reforma del Código Procesal Penal de Tucumán. Esta vez, los legisladores recibirán a representantes de abogados colegiados. La semana pasada había sido el turno del titular de la Corte, Antonio Gandur, y del vocal Antonio Estofán. Según Caponio, tras la reunión con los letrados asociados comenzarán a preparar el proyecto definitivo de reforma que llegará al recinto.
Ante este escenario, representantes de diversas bancadas de la Cámara decidieron cambiar la estrategia, y presentaron un proyecto de ley para impulsar la creación de una mesa multisectorial de diálogo, que estaría conformada por integrantes de los tres poderes del Estado (entre ellos, funcionarios del área de Seguridad del PE), organizaciones civiles, especialistas y vecinos autoconvocados por los casos de inseguridad.
El texto lleva la firma de los radicales Fernando Valdez (autor de la iniciativa), Ariel García, Raúl Albarracín, Rubén Chebaia y Luis González; de los peronistas disidentes Stella Maris Córdoba, Alfredo Toscano y Silvio Bellomío, de los oficialistas Fernando Juri y Mariela Reyes Elías, y del macrista Alberto Colombres Garmendia. Según Valdez, el propio vicegobernador, Osvaldo Jaldo, expresó su acompañamiento y dio el visto bueno para que el proyecto comience a ser analizado. “La ola de delitos cada vez más violentos no hizo más que extenderse y agravarse en los últimos meses. Aunque el Gobierno provincial comenzó a aceptar la gravedad de la crítica situación, aún no se realizaron acciones claras para buscar soluciones duraderas y efectivas”, señaló el referente de “La Pisarello”. Pero se mostró preocupado por la falta de comunicación con el PE. “El gobierno aún no se dignó en mandar a los funcionarios del área para que brinden informes a los representantes del pueblo.”, sostuvo.
Entre finales de marzo y principios de abril, la Cámara gestionó las visitas del ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado, del secretario de esa área, Paul Hofer, y del jefe y del subjefe e Policía, Dante Bustamante y Mario Rojas, respectivamente. Valdez, titular de la comisión de Derechos Humanos, giró una de las invitaciones (no era una interpelación). Amado alegó razones de agenda y no se presentó. El presidente de la comisión de Seguridad y Justicia, el peronista Javier Pucharras, por su parte, había acordado extraoficialmente una reunión con Hofer, Bustamante y Rojas. Pero habría recibido de las filas oficialistas la “sugerencia” de desactivar el encuentro, que finalmente se frustró.
Valdez, junto a 10 de sus pares, replanteó ahora la metodología para concretar la reunión: en lugar de girar citaciones, elaboró un proyecto de ley para crear una mesa de diálogo multisectorial. El texto plantea como ejes del trabajo el diagnóstico del estado de situación del delito; la evaluación de las acciones del Estado; el debate y la sanción de una estrategia gubernamental de seguridad; la discusión de cambios normativos; y la redacción de recomendaciones para enviarlas a los organismos con injerencia en el área. “Ni el aumento de efectivos, ni el de patrulleros e insumos; ni siquiera la incorporación de algunos avances tecnológicos pudieron contener el avance del delito y la violencia. Es que lo que realmente está en crisis y nunca fue cambiado es el propio modelo policial, diseñado para otra época y otros desafíos que no son los de hoy”, aseguró Valdez.
En Transporte
Radicales piden que se trate una iniciativa sobre botones antipánico en colectivos
Los legisladores José Canelada y Adela Estofán, del bloque de la UCR, le enviaron una nota al presidente de la comisión de Seguridad y Justicia, el oficialista Javier Pucharras, para que solicitar el análisis y el posterior dictamen favorable de un proyecto que apunta a reforzar la seguridad en los transportes mediante la instalación de un botón antipánico y el seguimiento satelital de las unidades. “La Legislatura no puede mirar al costado mientras la inseguridad sigue avanzando en Tucumán”, señaló Canelada. La Unión Tranviarios Automotor anunció la pronta implementación de un sistema similar.
Reforma procesal
Dos comisiones se reunirán con abogados colegiados antes de alistar el nuevo Código
Las comisiones de Asuntos Constitucionales (presidida por el oficialista Marcelo Caponio) y de Seguridad y Justicia (a cargo del peronista Javier Pucharras) tienen prevista una nueva reunión conjunta esta semana por la reforma del Código Procesal Penal de Tucumán. Esta vez, los legisladores recibirán a representantes de abogados colegiados. La semana pasada había sido el turno del titular de la Corte, Antonio Gandur, y del vocal Antonio Estofán. Según Caponio, tras la reunión con los letrados asociados comenzarán a preparar el proyecto definitivo de reforma que llegará al recinto.
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