23 Junio 2016
BUENOS AIRES.- El juez federal Sebastián Ramos procesó hoy a los kirchneristas ex ministro de Planificación Julio de Vido y ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por la presunta comisión de delitos en la renegociación de la concesión de los servicios ferroviarios durante la anterior administración. El magistrado adjudicó a ambos ex funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública”. Además, les impuso embargos del orden de los $ 500 millones.
El juez consideró que De Vido obstaculizó la renegociación de las concesiones y, de esa manera, contribuyó a una situación irregular que derivó en un perjuicio para los usuarios, que soportaron un sistema ferroviario en malas condiciones de infraestructura y seguridad. La falta de concreción de la renegociación de los contratos de las explotaciones ferroviarias de 2003 a 2009 y la ausencia de integración de los equipos de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) perpetuaron la política de subsidios a las concesionarias que estaban operando los servicios de manera defectuosa, sostiene el fallo.
La investigación, promovida hace casi cuatro años por Edgardo Carranza, secretario de la Asociación Civil de Defensa del Pasajero y del Usuario de Transportes (Adepaut), estableció que “luego de seis años de encomendada la renegociación a la Unidad que presidía, por parte del Poder Ejecutivo, el ex Ministro del área tenía conocimiento de que la renegociación de los contratos en cuestión no se había iniciado”. (DyN)
El juez consideró que De Vido obstaculizó la renegociación de las concesiones y, de esa manera, contribuyó a una situación irregular que derivó en un perjuicio para los usuarios, que soportaron un sistema ferroviario en malas condiciones de infraestructura y seguridad. La falta de concreción de la renegociación de los contratos de las explotaciones ferroviarias de 2003 a 2009 y la ausencia de integración de los equipos de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) perpetuaron la política de subsidios a las concesionarias que estaban operando los servicios de manera defectuosa, sostiene el fallo.
La investigación, promovida hace casi cuatro años por Edgardo Carranza, secretario de la Asociación Civil de Defensa del Pasajero y del Usuario de Transportes (Adepaut), estableció que “luego de seis años de encomendada la renegociación a la Unidad que presidía, por parte del Poder Ejecutivo, el ex Ministro del área tenía conocimiento de que la renegociación de los contratos en cuestión no se había iniciado”. (DyN)
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