Lijo pide que llegue a juicio oral la causa que involucra a Boudou

BUENOS AIRES.- El juez federal Ariel Lijo pidió ayer a las partes que intervienen en la investigación por presuntas irregularidades en el rescate de la imprenta Ciccone Calcográfica SA, en la que está acusado el ex vicepresidente Amado Boudou, que requieran la elevación a juicio oral o el sobreseimiento de los imputados, según corresponda.

El juez dio por cerrada la investigación de primera instancia y le corrió vista al Ministerio Fiscal para que pida el juicio oral para Boudou, los empresarios Alejandro Vandenbroele, José María Núñez Carmona, Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick, el ex funcionario Rafael Resnick Brenner y el ex representante argentino ante el Banco Mundial César Guido Forcieri. Sobre ellos pesan cargos por “cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública”.

Según los procesamientos, Boudou, a través de Núñez Carmona, adquirió la fallida Ciccone Calcográfica (actual Compañía de Valores Sudamericana), utilizando la firma The Old Fund, de Vandenbroele. De esa manera, y obteniendo beneficios impositivos y otras prerrogativas, procuraban quedarse con la imprenta que tenía asignada la impresión de billetes a través de un contrato con la Casa de Moneda.

Historia del acuerdo

De acuerdo con la investigación, el ex vicepresidente y el empresario Nuñez Carmona adquirieron la empresa con capacidad para imprimir billetes cuando estaba quebrada y Boudou era ministro de Economía.

El objetivo de la adquisición de Ciccone -siempre según la investigación- era el de contratar luego a esa empresa para que imprimiera los billetes y documentación oficiales. “En la causa se constató que Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Núñez Carmona, habían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone, y Reinwick la cesión del 70% de la empresa”, informó el Centro de Información Judicial (CIJ), que difundió la decisión de Lijo.

El acuerdo contemplaba también que se realizaran los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública, algo de lo que estaba imposibilitada como consecuencia de su quebranto.

“Boudou tuvo injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner -jefe de asesores de la AFIP- y Forcieri -jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía- en el trámite de un plan de pagos ilegal en AFIP”, reconstruyó el CIJ, que depende de la Corte Suprema de Justicia.

Después de la requisitoria fiscal, el juez deberá otorgar el plazo procesal para que los imputados formulen sus apreciaciones sobre la situación.

En esa instancia es habitual que pidan el sobreseimiento de los acusados, aunque rara vez ese planteo evita el juicio oral y público. Todos los procesamientos, menos el de Reinwick, fueron confirmados por la Sala I en lo Criminal y Correccional Federal y por la Sala IV de Casación Penal. (DyN-Télam)