Por Roberto Delgado
06 Agosto 2016
A dos meses del megaoperativo del 6 de mayo en Villa 9 de Julio, un equipo conjunto de 200 policías provinciales, más gendarmes y federales, peinó otra vez el inquietante barrio del noroeste capitalino. El objetivo declarado era “buscar armas y detener prófugos”. Se quería hallar a los asesinos de Luciano Gabriel Calderón, integrante del clan Toro muerto a balazos el 29 de abril. Pero otro motivo más importante es parar la guerra entre este clan y el de los Carrión que, según piensan todos los investigadores, están en una guerra territorial por el control de la venta minorista de drogas. Al igual que en el megaprocedimiento de mayo, donde intervinieron 100 agentes, el saldo de los seis allanamientos y el rastrillado de calles fue exiguo: se secuestró un auto, un taxi, una escopeta, dos pistolas 9 mm y 11.000 pesos. Hubo 23 detenidos por contravenciones (nada que ver con los objetivos de la medida policial; saldrán libres en cualquier momento) e incluso uno de ellos fue aprehendido por salir corriendo cuando vio a los agentes. La discordancia entre la espectacularidad de la medida y su resultado, parecido al parto de los montes, transformó la siesta en una especie de entretenimiento vecinal, a tal punto que hubo quienes sacaron sillas y mate a la vereda para comentar los movimientos policiales, que a menudo suelen transformarse en tragicómicos videos subidos a Youtube: agentes que custodian casas o entran (con órdenes judiciales), gente subida a los techos o arrojando piedras, gritos e insultos, polvareda que se aplaca hasta la próxima incursión.
Zona densa
Así viene ocurriendo desde hace años en el vecindario, en la zona de las calles López y Planes, Blas Parera y Martín Berho, en sus cruces con Gobernador Gutiérrez y Benjamín Villafañe. Zona densa donde viven los dos clanes mencionados y de quienes se quejan los vecinos.
El secretario de Seguridad, Paul Hofer, dijo que estos operativos comenzarán a verse en toda la provincia y que “vamos a trabajar para que la paz vuelva al barrio”. Pero la nula efectividad de los procedimientos deja dudas: ¿es correcta esta forma de trabajar? La lectura sobre los cambios producidos por el narcotráfico en las barriadas periféricas indica que por lo menos es justo atender lo que pasa en la zona. Lo reclaman los vecinos. Villa 9 de Julio está sindicada como uno de los lugares principales donde se recibe y reparte la droga en la capital y su zona de inluencia. La cocaína se distribuye hacia las zonas de mediano y alto poder adquisitivo y el residuo, el “paco” va a los barrios pobres y marginales como La Costanera, ubicada a seis cuadras al este de Villa 9 de Julio, junto al río Salí. Pero en los operativos antidrogas no se ha hallado profusión de “cocinas” para separar la droga, sino sólo algunos elementos que abonan estas teorías, como botellas y balanzas de precisión. No obstante, ya hubo una mujer condenada por procesar droga en un laboratorio casero en su casa, Nilda Gómez, y tanto el clan de los Toro (con Margarita Toro a la cabeza) como el de los Carrión tienen causas en la justicia federal o han sido condenados por drogas.
Uno de los problemas para los integrantes de la Agencia Federal Antidrogas montada por el gobierno nacional en Tucumán (con 70 hombres) y la Policía antinarcóticos local (Digedrop) es que nunca pueden atrapar peces gordos. Aparente excepción: hace unos días fue trasladado a Salta Delfín Castedo, un supuesto capo narco detenido en Ituzaingó, Buenos Aires. Había sido acusado hace ocho años por narcotráfico, contrabando de mercadería y lavado de activos por el ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, quien hoy está procesado y detenido por, presuntamente, beneficiar a detenidos por narcotráfico a cambio de bienes y dinero. ¿Qué se demostrará en el caso de Castedo?.
La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, dijo en el Senado que “no se está golpeando a los narcotraficantes de manera importante”. Y lo demuestran los operativos constantes en los que se encuentra poca cantidad de cocaína, algo más de marihuana y muchas dosis de “paco”. Con excepciones, por cierto, como la valija con 70 kilos de marihuana abandonada en un colectivo en la terminal de ómnibus y el secuestro de los 28 kilos de cocaína en El Cadillal hace tres meses.
La territorialización
Pero el reparto de la droga está muy fragmentado. Desde el escándalo de los precursores químicos y el triple crimen de General Rodríguez, en 2008, se habla de que la territorialización del narcomenudeo implica que los narcos han dejado de preparar la droga en Bolivia y Perú y han comenzado a trabajar, refinar y separar la pasta base en barriadas pobres argentinas.
El criminólogo Enrique Font, de Rosario, explica que eso tuvo que ver con la política de la Sedronar de entonces, que comenzó a controlar el flujo de precursores químicos hacia Bolivia y Perú. Por ende, comenzó a llegar pasta base para ser procesada en nuestro medio y por ello llegaban muchos más precursores químicos al país. “Hoy se mueven los precursores, en algunos casos en grandes cantidades y en la mayoría en escalas muy pequeñas y fragmentadas, lo que dificulta mucho el control ya que una cocina anda con cinco bidones. Este proceso generó mucho dinero y tiene implicancias múltiples, como la capacidad de tener armas de fuego, comprar e involucrar a actores por medio de corrupción y facilitar la construcción de redes informales en los territorios elegidos. Esto no ocurre en cualquier lugar, no hay cocinas de pasta base en un edificio de clase media, sí existen laboratorios funcionando en countries y sectores de clase alta, pero las cocinas funcionan en barrios populares”, dice Font (entrevista Unciencia, Universidad de Córdoba, 9/10/14).
Devastación
Este fenómeno perciben los investigadores en las barriadas marginales tucumanas. En la capital y su zona de influencia han establecido siete grupos o clanes que, sin tener el poder de “los monos” de Rosario, están devastando estos lugares. Ya es frecuente la circulación de armas policiales (pistolas 9 mm) entre los “soldados” (jóvenes empleados) de los “transas” y también ametralladoras, como el arma que un vecino, integrante de los Toro, denunció que fue usada en el ataque a su casa el lunes a la noche.
No obstante, esta convicción de que circulan las drogas y las armas no implica que se haya encontrado la estrategia.
En primer lugar, porque cada hecho de violencia en la periferia es interpretado como parte de la pelea territorial entre bandas narco. Así ocurrió con los cinco homicidios ocurridos en los últimos diez días (uno en La Costanera y cuatro en “La Bombilla”, donde impera, según las especulaciones, la guerra entre los clanes Reyna y Farías). En el caso del asesinato de Ramón “El Pelado” Molina, acribillado el martes 2 en La Costanera, todas las hipótesis policiales hablaban de drogas: o era adicto y se peleó con un “transa”, o fue atacado mientras robaba para comprar droga, o fue un enfrentamiento entre dos familias por el territorio. Pero ninguna hipótesis se comprobó. Tampoco se estudió las causas de la violencia como fenómeno en esos barrios.
En segundo lugar, la falta de conocimiento de lo que sucede fue sintomática en el descubrimiento de los 28 kilos de cocaína en El Cadillal el 11 de mayo: fue el fiscal federal Pedro Simón de Santiago del Estero el que descubrió a la banda e hizo allanar una de las casitas “de chocolate” que alquilaban los narcos.
En tercer lugar, el hecho de que la política antinarcóticos no ha variado en cuanto a los trabajos multisectoriales. Mientras a nivel nacional se declara la emergencia en seguridad para tratar de luchar contra las drogas, se cierra el grifo para terminar el centro preventivo de adicciones de La Costanera, cuya obra está paralizada desde enero. “Es fundamental que el Cepla sea inaugurado con su edificio porque esto ha sido estratégicamente pensado para las necesidades del barrio. Ha aumentado enormemente la cantidad de chicos que consumen”, dijo la directora del centro, Marcela Sánchez. Nadie dio una explicación.
No llama la atención, entonces, que en el megaoperativo por la guerra narco en Villa 9 de Julio apenas se haya conseguido una veintena de detenidos por contravenciones que saldrán libres cuanto antes, mientras la barriada sigue con las mismas tensiones de siempre. Parece la aplicación lisa y llana de las leyes de la patafísica, de la que habla Alfred Jarry (a quien admiraba Julio Cortázar). Es la ciencia de las soluciones imaginarias e inútiles, que explora la inutilidad y la abraza como justificación de su existencia. Muchas acciones del Estado parecen patafísica: hacer algo para no lograr nada.
Zona densa
Así viene ocurriendo desde hace años en el vecindario, en la zona de las calles López y Planes, Blas Parera y Martín Berho, en sus cruces con Gobernador Gutiérrez y Benjamín Villafañe. Zona densa donde viven los dos clanes mencionados y de quienes se quejan los vecinos.
El secretario de Seguridad, Paul Hofer, dijo que estos operativos comenzarán a verse en toda la provincia y que “vamos a trabajar para que la paz vuelva al barrio”. Pero la nula efectividad de los procedimientos deja dudas: ¿es correcta esta forma de trabajar? La lectura sobre los cambios producidos por el narcotráfico en las barriadas periféricas indica que por lo menos es justo atender lo que pasa en la zona. Lo reclaman los vecinos. Villa 9 de Julio está sindicada como uno de los lugares principales donde se recibe y reparte la droga en la capital y su zona de inluencia. La cocaína se distribuye hacia las zonas de mediano y alto poder adquisitivo y el residuo, el “paco” va a los barrios pobres y marginales como La Costanera, ubicada a seis cuadras al este de Villa 9 de Julio, junto al río Salí. Pero en los operativos antidrogas no se ha hallado profusión de “cocinas” para separar la droga, sino sólo algunos elementos que abonan estas teorías, como botellas y balanzas de precisión. No obstante, ya hubo una mujer condenada por procesar droga en un laboratorio casero en su casa, Nilda Gómez, y tanto el clan de los Toro (con Margarita Toro a la cabeza) como el de los Carrión tienen causas en la justicia federal o han sido condenados por drogas.
Uno de los problemas para los integrantes de la Agencia Federal Antidrogas montada por el gobierno nacional en Tucumán (con 70 hombres) y la Policía antinarcóticos local (Digedrop) es que nunca pueden atrapar peces gordos. Aparente excepción: hace unos días fue trasladado a Salta Delfín Castedo, un supuesto capo narco detenido en Ituzaingó, Buenos Aires. Había sido acusado hace ocho años por narcotráfico, contrabando de mercadería y lavado de activos por el ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, quien hoy está procesado y detenido por, presuntamente, beneficiar a detenidos por narcotráfico a cambio de bienes y dinero. ¿Qué se demostrará en el caso de Castedo?.
La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, dijo en el Senado que “no se está golpeando a los narcotraficantes de manera importante”. Y lo demuestran los operativos constantes en los que se encuentra poca cantidad de cocaína, algo más de marihuana y muchas dosis de “paco”. Con excepciones, por cierto, como la valija con 70 kilos de marihuana abandonada en un colectivo en la terminal de ómnibus y el secuestro de los 28 kilos de cocaína en El Cadillal hace tres meses.
La territorialización
Pero el reparto de la droga está muy fragmentado. Desde el escándalo de los precursores químicos y el triple crimen de General Rodríguez, en 2008, se habla de que la territorialización del narcomenudeo implica que los narcos han dejado de preparar la droga en Bolivia y Perú y han comenzado a trabajar, refinar y separar la pasta base en barriadas pobres argentinas.
El criminólogo Enrique Font, de Rosario, explica que eso tuvo que ver con la política de la Sedronar de entonces, que comenzó a controlar el flujo de precursores químicos hacia Bolivia y Perú. Por ende, comenzó a llegar pasta base para ser procesada en nuestro medio y por ello llegaban muchos más precursores químicos al país. “Hoy se mueven los precursores, en algunos casos en grandes cantidades y en la mayoría en escalas muy pequeñas y fragmentadas, lo que dificulta mucho el control ya que una cocina anda con cinco bidones. Este proceso generó mucho dinero y tiene implicancias múltiples, como la capacidad de tener armas de fuego, comprar e involucrar a actores por medio de corrupción y facilitar la construcción de redes informales en los territorios elegidos. Esto no ocurre en cualquier lugar, no hay cocinas de pasta base en un edificio de clase media, sí existen laboratorios funcionando en countries y sectores de clase alta, pero las cocinas funcionan en barrios populares”, dice Font (entrevista Unciencia, Universidad de Córdoba, 9/10/14).
Devastación
Este fenómeno perciben los investigadores en las barriadas marginales tucumanas. En la capital y su zona de influencia han establecido siete grupos o clanes que, sin tener el poder de “los monos” de Rosario, están devastando estos lugares. Ya es frecuente la circulación de armas policiales (pistolas 9 mm) entre los “soldados” (jóvenes empleados) de los “transas” y también ametralladoras, como el arma que un vecino, integrante de los Toro, denunció que fue usada en el ataque a su casa el lunes a la noche.
No obstante, esta convicción de que circulan las drogas y las armas no implica que se haya encontrado la estrategia.
En primer lugar, porque cada hecho de violencia en la periferia es interpretado como parte de la pelea territorial entre bandas narco. Así ocurrió con los cinco homicidios ocurridos en los últimos diez días (uno en La Costanera y cuatro en “La Bombilla”, donde impera, según las especulaciones, la guerra entre los clanes Reyna y Farías). En el caso del asesinato de Ramón “El Pelado” Molina, acribillado el martes 2 en La Costanera, todas las hipótesis policiales hablaban de drogas: o era adicto y se peleó con un “transa”, o fue atacado mientras robaba para comprar droga, o fue un enfrentamiento entre dos familias por el territorio. Pero ninguna hipótesis se comprobó. Tampoco se estudió las causas de la violencia como fenómeno en esos barrios.
En segundo lugar, la falta de conocimiento de lo que sucede fue sintomática en el descubrimiento de los 28 kilos de cocaína en El Cadillal el 11 de mayo: fue el fiscal federal Pedro Simón de Santiago del Estero el que descubrió a la banda e hizo allanar una de las casitas “de chocolate” que alquilaban los narcos.
En tercer lugar, el hecho de que la política antinarcóticos no ha variado en cuanto a los trabajos multisectoriales. Mientras a nivel nacional se declara la emergencia en seguridad para tratar de luchar contra las drogas, se cierra el grifo para terminar el centro preventivo de adicciones de La Costanera, cuya obra está paralizada desde enero. “Es fundamental que el Cepla sea inaugurado con su edificio porque esto ha sido estratégicamente pensado para las necesidades del barrio. Ha aumentado enormemente la cantidad de chicos que consumen”, dijo la directora del centro, Marcela Sánchez. Nadie dio una explicación.
No llama la atención, entonces, que en el megaoperativo por la guerra narco en Villa 9 de Julio apenas se haya conseguido una veintena de detenidos por contravenciones que saldrán libres cuanto antes, mientras la barriada sigue con las mismas tensiones de siempre. Parece la aplicación lisa y llana de las leyes de la patafísica, de la que habla Alfred Jarry (a quien admiraba Julio Cortázar). Es la ciencia de las soluciones imaginarias e inútiles, que explora la inutilidad y la abraza como justificación de su existencia. Muchas acciones del Estado parecen patafísica: hacer algo para no lograr nada.
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