Amenazas de bomba contra Macri

BUENOS AIRES.- La Policía Federal (PFA) investiga a una banda que llamó al número 911 del sistema de emergencias para advertir que iban a poner una bomba en el departamento que el presidente Mauricio Macri posee en la Avenida Libertador de esta capital. El llamado que desató la investigación se produjo durante la madrugada del viernes, aunque fuentes vinculadas con el caso informaron que desde el teléfono que se realizó la “llamada intimidatoria” se detectaron 9.000 llamadas al sistema de emergencias durante 2016. El departamento sobre el cual se produjo la amenaza de bomba pertenece al jefe de Estado, pero se encuentra ocupado por el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, desde principio de año. El contenido de la llamada ocurrida el viernes a las 3 desató la intervención del Ministerio de Seguridad que, a través de la PFA, logró detener ayer a una mujer y a un hombre vinculados con las llamadas, durante dos allanamientos realizado en Buenos Aires.

Los operativos fueron realizados por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal que intervino por orden del juez federal Sebastián Ramos, quien lleva la causa por “intimidación pública” que se encuentra bajo secreto de sumario.

Una de las detenidas es Verónica Morínico quien, según los investigadores, era quien utilizaba el teléfono del cual se realizaron las 9.000 llamadas, y que también tuvo 300 contactos con un teléfono que utilizaba Sergio Alves, el otro detenido por el caso. Los allanamientos se hicieron en viviendas ubicadas en las localidades de Martínez y Derqui: en la primera, donde vivía Alves, había una pareja más y en la otra vivía su madre, María Rita Gómez, quien horas antes se había ido a Uruguay a través del puerto de Tigre. En el domicilio en Martínez, “los efectivos hallaron a dos hombres y dos mujeres; una de las cuales al percatarse de su presencia arrojó un celular al piso con la clara intención de dañarlo. Dos de ellos, un hombre y una mujer sobre los que pesaba el pedido de detención, fueron aprehendidos”, se informó de manera oficial.

Allí se secuestraron siete celulares, uno de los cuales era el número que mantuvo las 300 llamadas con la línea utilizada en las intimidaciones. “Al realizar una prueba en el lugar y marcar el número en cuestión, la llamada impactó en el teléfono secuestrado que la detenida había intentado destrozar”, se informó. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que “es una decisión política no dejar pasar las intimidaciones” y agregó: “este caso muestra la necesidad de realizar una auditoría sobre el 911 porque no es posible que no salte una alerta si hay 9.000 llamadas desde un mismo teléfono”. (Télam)