Amplían la denuncia por presuntas irregularidades en la construcción de la Legislatura

Tras la citación del fiscal de Instrucción de la VII Nominación, Arnoldo Suasnábar, el ex legislador radical Juan Roberto Robles se presentó ayer en la sede penal de Tribunales para ratificar y ampliar la denuncia por presuntas maniobras fraudulentas en la construcción del edificio de la Legislatura.

El abogado explicó, en diálogo con LA GACETA, que pidió la indagatoria al actual gobernador y ex titular de la Cámara, Juan Manzur (estuvo a cargo de la ejecución de la obra); al ex tesorero y actual secretario legislativo, Claudio Pérez; y a dos profesionales que habrían actuado en el proyecto, el contador Mario Castaño y el ingeniero Francisco Sosa.

“Seguimos sin conocer cuál fue el costo del edificio. No se sabe cuánto se pagó de honorarios ni cómo fueron abonadas las butacas del recinto que trajeron desde España. Esto no es apreciación nuestra, sino que consta en los fundamentos de la sentencia sobre este asunto que dictó la Cámara en lo Contencioso Administrativo”, dijo Robles. En 2011, el ex legislador inició una demanda que tramitaron los camaristas Sergio Gandur y Ebe López Piossek. Robles cuestionó el sistema utilizado para la construcción del palacio legislativo de calle Muñecas 951 (la contratación directa). Objetó la rendición de cuentas de la obra y pidió que se hiciera cesar el estado de incertidumbre sobre la constitucionalidad del accionar del Gobierno provincial en este caso. En marzo pasado, el tribunal le dio la razón al demandante y condenó a la Provincia a informar “específica y concretamente” la totalidad de las contrataciones y otros trámites. Como la Fiscalía de Estado recurrió la sentencia, Robles llevó el caso al fuero penal. Ayer, el fiscal recibió la ampliación de la demanda. “Es satisfactorio que el magistrado haya abierto la investigación, ya que Manzur dispuso de forma arbitraria de millones y millones de pesos, sin licitación, y con destino incierto”, indicó. Aseguró que Pérez y los profesionales actuantes se mostraron reticentes a brindar los datos requeridos por el tribunal contencioso. “Expresaban diversos argumentos, como que no tenían la documentación o se les había perdido o traspapelado”, afirmó el opositor. Añadió que solicitó la intervención de Gendarmería o de Policía Federal. “También hemos puesto en conocimiento a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, para que nadie se haga el distraído”, remarcó el radical.

Este año, el PE confirmó a través de LA GACETA que el edificio había costado casi $ 125 millones.