18 Agosto 2016
Casi 11 meses después de que el juez Víctor Manuel Pérez dispusiese la elevación a juicio del caso “Lebbos”, el fiscal Carlos Sale ratificó que las pruebas recolectadas justifican el juzgamiento de cinco ex funcionarios alperovichistas: el ex jefe de Policía, Hugo Raúl Sánchez; Nicolás Barrera, ex subjefe de la Policía; el ex subjefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito; Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad, y el policía retirado Hugo Waldino Rodríguez. A ellos se suma Roberto Luis Gómez, único imputado en prisión preventiva desde hace más de dos años y medio (ver: “Insistirán para que se libere al único detenido...”).
“Los elementos hallados por la Fiscalía de Instrucción (a cargo de Diego López Ávila) y que sirvieron de sustento al juez (Pérez) para dictar el auto de elevación a juicio conforman un cuadro de mérito suficiente sobre la presunta participación de los imputados en los hechos que se investigan -el homicidio de Paulina Lebbos-”, dijo Sale. El fiscal de Cámara N°1 aconsejó rechazar los recursos de apelación interpuestos por los acusados.
Barrera, Brito, Di Lella y Sánchez están implicados en esta causa como presuntos coautores de los delitos de encubrimiento cometido por un funcionario público en perjuicio de la administración de Justicia; abuso de autoridad; coacción o amenaza condicionada en perjuicio de los hermanos Sergio Luján y Marcelo Adrián Goitea, y falsificación ideológica de instrumento público. El policía retirado Hugo Waldino Rodríguez está imputado como supuesto partícipe necesario de encubrimiento y falsificación ideológica de un instrumento público, y como presunto autor del delito de falso testimonio. Gómez es considerado posible coautor del delito de privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio.
El dictamen -no vinculante- de Sale ingresó a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción el 12 de agosto de pasado. El fiscal de Cámara N°1 actuó por la inhibición de Alejandro Noguera, primer fiscal de la causa iniciada en 2006 -fue apartado del expediente luego de que este diario lo fotografiase saliendo de la residencia del ex gobernador José Alperovich-. El ministro público Edmundo Jiménez asignó el caso a Sale luego de una serie de excusaciones y de que fracasara su intención de que dictamine Ernesto Salas López, fiscal correccional N°1, por la oposición del querellante Alberto Lebbos.
La opinión de Sale habilita a la Cámara de Apelaciones a pronunciarse sobre la resolución de Pérez. Integran el tribunal en cuestión los magistrados Eudoro Albo, Liliana Vitar y Enrique Pedicone. Si la sentencia confirma el fallo de Pérez, el caso pasará a la Cámara Penal para que esta proceda a sortear un tribunal de juicio. En principio, no parece factible que el eventual debate comience durante este año.
“Es muy fundado mi temor a que los homicidas y sus encubridores dilaten los procesos hasta lograr la prescripción”, había dicho Lebbos en el escrito que remitió a Jiménez para atacar la designación de Salas López. El jefe de los fiscales admitió esa inquietud. “Dada la naturaleza del caso, el tiempo transcurrido desde el inicio de este y las dilaciones suscitadas, considero necesario asignárselo a Sale”, resolvió Jiménez el 14 de junio.
“Los elementos hallados por la Fiscalía de Instrucción (a cargo de Diego López Ávila) y que sirvieron de sustento al juez (Pérez) para dictar el auto de elevación a juicio conforman un cuadro de mérito suficiente sobre la presunta participación de los imputados en los hechos que se investigan -el homicidio de Paulina Lebbos-”, dijo Sale. El fiscal de Cámara N°1 aconsejó rechazar los recursos de apelación interpuestos por los acusados.
Barrera, Brito, Di Lella y Sánchez están implicados en esta causa como presuntos coautores de los delitos de encubrimiento cometido por un funcionario público en perjuicio de la administración de Justicia; abuso de autoridad; coacción o amenaza condicionada en perjuicio de los hermanos Sergio Luján y Marcelo Adrián Goitea, y falsificación ideológica de instrumento público. El policía retirado Hugo Waldino Rodríguez está imputado como supuesto partícipe necesario de encubrimiento y falsificación ideológica de un instrumento público, y como presunto autor del delito de falso testimonio. Gómez es considerado posible coautor del delito de privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio.
El dictamen -no vinculante- de Sale ingresó a la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción el 12 de agosto de pasado. El fiscal de Cámara N°1 actuó por la inhibición de Alejandro Noguera, primer fiscal de la causa iniciada en 2006 -fue apartado del expediente luego de que este diario lo fotografiase saliendo de la residencia del ex gobernador José Alperovich-. El ministro público Edmundo Jiménez asignó el caso a Sale luego de una serie de excusaciones y de que fracasara su intención de que dictamine Ernesto Salas López, fiscal correccional N°1, por la oposición del querellante Alberto Lebbos.
La opinión de Sale habilita a la Cámara de Apelaciones a pronunciarse sobre la resolución de Pérez. Integran el tribunal en cuestión los magistrados Eudoro Albo, Liliana Vitar y Enrique Pedicone. Si la sentencia confirma el fallo de Pérez, el caso pasará a la Cámara Penal para que esta proceda a sortear un tribunal de juicio. En principio, no parece factible que el eventual debate comience durante este año.
“Es muy fundado mi temor a que los homicidas y sus encubridores dilaten los procesos hasta lograr la prescripción”, había dicho Lebbos en el escrito que remitió a Jiménez para atacar la designación de Salas López. El jefe de los fiscales admitió esa inquietud. “Dada la naturaleza del caso, el tiempo transcurrido desde el inicio de este y las dilaciones suscitadas, considero necesario asignárselo a Sale”, resolvió Jiménez el 14 de junio.
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