“No quieren decir en qué gastaron $ 615,6 millones”

El legislador radical Eudoro Aráoz está convencido de que el gobernador, Juan Manzur, no tiene intenciones de informar a la sociedad cómo se gastaron en 2015 alrededor $ 615,6 millones en supuestos subsidios del Poder Legislativo. Con ese fin, ejemplificó, se suceden la quincena de impugnaciones y planteos formulados por el Poder Ejecutivo y la Legislatura, cuyo único objetivo es dilatar la resolución del pleito judicial.

“Creo que el Gobierno, y Manzur en particular, no quieren decir en qué se gastaron $ 615,6 millones en gastos sociales. Si los gastaron, si alguien se quedó con el dinero o si fueron usados en la campaña”, conjeturó el opositor.

El legislador radical solicitó el detalle del destino de los gastos sociales durante 2015, alegando el derecho al acceso a la información pública. A esa demanda ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo se sumaron luego Clímaco de la Peña, Carlos Duguech y Raúl Moreno. “Es legítimo el derecho a saber cómo se gastan los dineros del pueblo, es un principio esencial consagrado para la ciudadanía el ser informada acerca del manejo de la cosa pública”, sostuvo, a modo de respuesta.

El fiscal de Estado, Daniel Leiva, en uno de los tantos intentos por apartar del juicio al camarista Rodolfo Novillo, había advertido que Aráoz no había agotado la vía administrativa al pedir información sobre el uso del presupuesto para gastos sociales al vicegobernador Osvaldo Jaldo y, ante la falta de respuesta de este, acudir a la Justicia en vez de solicitar la información a las comisiones de la Legislatura. Pero, según el parlamentario, no es necesario que cumpla con esos pasos antes de acudir a los tribunales. Aún más, insistió en que nunca obtuvo respuesta a su requisitoria. “En primer lugar, a un legislador no le pueden exigir más requisitos que a un simple ciudadano. En segundo, las comisiones son manejadas por la mayoría, y es el vicegobernador el que no me quiso informar. Igual que el gobernador, a quien en noviembre le enviamos una carta documento que ni siquiera respondió”, enfatizó.

“Seguramente las cosas no están claras sobre la forma en que se gastó ese dinero que, además, era innecesario. Porque si este año con más inflación la Legislatura tiene una partida de $ 150 millones para gastos sociales, no hay motivos razonables para que un año antes haya sido de $ 615,6 millones. Lo que queremos es saber si alguien se enriqueció o si ese dinero fue usado en forma espuria en la campaña del oficialismo”, remarcó.

Ayer, LA GACETA dio cuenta de que la Provincia y la Legislatura pretenden apartar a Novillo, vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, del juicio que inició Aráoz. Además de recusar con causa al magistrado, Leiva, fiscal de Estado, lo denunció por denegación de justicia ante la Corte Suprema de Justicia. El funcionario del Gobierno de Juan Manzur solicitó al alto tribunal que exigiese la remisión urgente del expediente a Novillo, petición que desestimó el presidente Antonio Gandur. “Son maniobras dilatorias y obstructivas. No es verdad que el Gobierno esté en inferioridad de condiciones frente a mí. Hasta aquí, ningún delito de corrupción se investigó: hace cinco meses tiene la denuncia penal el fiscal Washington Navarro Dávila y no avanza”, expresó.