25 Agosto 2016
BAJO AUDITORÍA. La UNT tiene el 70% de Canal 10; el otro 30%, el Estado. la gaceta / foto de FRANCO VERA
Una denuncia por publicidad emitida y no facturada en Canal 10 ha generado roces tanto en el directorio como entre las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Uno de los tres miembros del directorio de Canal 10, Daniel Moeremans, reconoció que hubo inconvenientes con la emisión de publicidad para el Partido Justicialista entre el 29 de julio y el 20 de agosto del año pasado, en el último tramo del proceso electoral.
Se trata de más de 40.000 segundos de propaganda que fueron transmitidos por esa señal pública, y que equivalen a $ 3,6 millones, pero que no habían sido declarados en el proyecto del balance de 2015 que había confeccionado la empresa en su momento.
Esta situación fue dada a conocer durante la última sesión del Consejo Superior, el 9 de agosto, a raíz de la presentación del consejero superior egresado, Ricardo Cisneros. En el texto solicitaba que no se aprobara el balance de la empresa hasta tanto no hubiera precisiones acerca de lo sucedido. Por decisión del Consejo este asunto entrado pasó a Comisión de Hacienda para su análisis. Minutos antes, la rectora había advertido ante los consejeros que se trataba de una empresa privada. Y que por lo tanto, era mejor “no ventilar públicamente algunas cuestiones”.
Moeremans es uno de los representantes de la UNT en la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (Sapem) que integra el canal, en la que la UNT posee un 70% y el Estado provincial, un 30%. Confirmó que en estos momentos está en trámite una auditoría contable y un sumario administrativo. “Se tomó la decisión de facturar la publicidad que se había omitido facturar e iniciar un sumario para deslindar responsabilidades”, aclaró Moeremans.
Los hechos
La irregularidad saltó cuando un empleado de larga trayectoria del canal decidió denunciar el año pasado por nota el accionar de uno de los directores, quien habría solicitado -según la denuncia- que se borrara la base de datos del servidor (squid) donde quedaban registrados los comerciales.
La razón de esto es que no habrían estado contratados por el PJ, lo que iba a generar una diferencia entre los comerciales pautados y los que efectivamente salieron al aire, según especulan fuentes universitarias. La misma denuncia ingresó el 5 de julio al Rectorado para su conocimiento, confirmaron en la UNT.
“Hay dos situaciones: la no facturación en tiempo y forma (que ya fue realizada) y hemos pedido en reunión de directorio que se investigue quiénes fueron los responsables de que se haya emitido la publicidad y no se haya facturado. Y, además, hay una nota de un empleado en la que dice que una persona habría solicitado información sobre cómo borrar datos de un sistema (la publicidad emitida)”, detalló Moeremans. Y aclaró que el sumario no es en contra del empleado que denunció, sino para determinar lo que pasó y quién es responsable.
El presidente del directorio es Mauro Feldman (representa a la UNT) y el tercer miembro es Alejandro Laurnagaray (representa al Gobierno provincial). LA GACETA se comunicó con ambos. Feldman solicitó que se le enviara una nota por escrito, mientras que Laurnagaray no respondió llamados ni mensajes de texto.
La denuncia realizada apuntaría al representante del Gobierno, Laurnagaray. Cuando se le consultó, Moeremans prefirió no desmentir ni confirmar el dato.
Consejeros que participaron de la reunión de Hacienda explicaron a LA GACETA que fiscalmente el hecho imponible está generado, o sea, la prestación del servicio. Esto quiere decir que debe ingresar en el balance de la empresa, aunque por ese servicio todavía no se haya cobrado el dinero. Pero el inconveniente, argumentaron las mismas fuentes, es que se cargó publicidad que el PJ no había contratado.
La factura por 3,6 millones a nombre del PJ ya fue emitida hace unas semanas (un año después de la emisión), según confirmó Moeremans. “La situación estaría regularizada porque también ya se incluyó en el balance, pero la auditoría y el sumario continúan”, explicó el directivo. El segundo tema a definir será cómo cobrar esa deuda. El abogado señaló que ya se habían instruido órdenes para efectuar el cobro al PJ.
Entre otras cosas, esa auditoría deberá aclarar es si de verdad esos segundos fueron contratados o no. Hasta ahora trascendió que solo se habían pedido unos 32.000 segundos, pero que se emitieron más de 70.000. “La finalidad es conocer todas las circunstancias atinentes a una irregularidad que se conoció y que debe subsanarse. Se tendrán que aplicar las sanciones a los responsables”, concluyó Moeremans.
Denuncian que se intentó borrar el registro de la propaganda que canal 10 emitió al Partido Justicialista equivalente a más de $3,6 millones
Se trata de más de 40.000 segundos de propaganda que fueron transmitidos por esa señal pública, y que equivalen a $ 3,6 millones, pero que no habían sido declarados en el proyecto del balance de 2015 que había confeccionado la empresa en su momento.
Esta situación fue dada a conocer durante la última sesión del Consejo Superior, el 9 de agosto, a raíz de la presentación del consejero superior egresado, Ricardo Cisneros. En el texto solicitaba que no se aprobara el balance de la empresa hasta tanto no hubiera precisiones acerca de lo sucedido. Por decisión del Consejo este asunto entrado pasó a Comisión de Hacienda para su análisis. Minutos antes, la rectora había advertido ante los consejeros que se trataba de una empresa privada. Y que por lo tanto, era mejor “no ventilar públicamente algunas cuestiones”.
Moeremans es uno de los representantes de la UNT en la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (Sapem) que integra el canal, en la que la UNT posee un 70% y el Estado provincial, un 30%. Confirmó que en estos momentos está en trámite una auditoría contable y un sumario administrativo. “Se tomó la decisión de facturar la publicidad que se había omitido facturar e iniciar un sumario para deslindar responsabilidades”, aclaró Moeremans.
Los hechos
La irregularidad saltó cuando un empleado de larga trayectoria del canal decidió denunciar el año pasado por nota el accionar de uno de los directores, quien habría solicitado -según la denuncia- que se borrara la base de datos del servidor (squid) donde quedaban registrados los comerciales.
La razón de esto es que no habrían estado contratados por el PJ, lo que iba a generar una diferencia entre los comerciales pautados y los que efectivamente salieron al aire, según especulan fuentes universitarias. La misma denuncia ingresó el 5 de julio al Rectorado para su conocimiento, confirmaron en la UNT.
“Hay dos situaciones: la no facturación en tiempo y forma (que ya fue realizada) y hemos pedido en reunión de directorio que se investigue quiénes fueron los responsables de que se haya emitido la publicidad y no se haya facturado. Y, además, hay una nota de un empleado en la que dice que una persona habría solicitado información sobre cómo borrar datos de un sistema (la publicidad emitida)”, detalló Moeremans. Y aclaró que el sumario no es en contra del empleado que denunció, sino para determinar lo que pasó y quién es responsable.
El presidente del directorio es Mauro Feldman (representa a la UNT) y el tercer miembro es Alejandro Laurnagaray (representa al Gobierno provincial). LA GACETA se comunicó con ambos. Feldman solicitó que se le enviara una nota por escrito, mientras que Laurnagaray no respondió llamados ni mensajes de texto.
La denuncia realizada apuntaría al representante del Gobierno, Laurnagaray. Cuando se le consultó, Moeremans prefirió no desmentir ni confirmar el dato.
Consejeros que participaron de la reunión de Hacienda explicaron a LA GACETA que fiscalmente el hecho imponible está generado, o sea, la prestación del servicio. Esto quiere decir que debe ingresar en el balance de la empresa, aunque por ese servicio todavía no se haya cobrado el dinero. Pero el inconveniente, argumentaron las mismas fuentes, es que se cargó publicidad que el PJ no había contratado.
La factura por 3,6 millones a nombre del PJ ya fue emitida hace unas semanas (un año después de la emisión), según confirmó Moeremans. “La situación estaría regularizada porque también ya se incluyó en el balance, pero la auditoría y el sumario continúan”, explicó el directivo. El segundo tema a definir será cómo cobrar esa deuda. El abogado señaló que ya se habían instruido órdenes para efectuar el cobro al PJ.
Entre otras cosas, esa auditoría deberá aclarar es si de verdad esos segundos fueron contratados o no. Hasta ahora trascendió que solo se habían pedido unos 32.000 segundos, pero que se emitieron más de 70.000. “La finalidad es conocer todas las circunstancias atinentes a una irregularidad que se conoció y que debe subsanarse. Se tendrán que aplicar las sanciones a los responsables”, concluyó Moeremans.
Denuncian que se intentó borrar el registro de la propaganda que canal 10 emitió al Partido Justicialista equivalente a más de $3,6 millones
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