28 Agosto 2016
VOTACIÓN. El 9 de septiembre, la Cámara amplió el presupuesto 2015. foto de archivo
En la semana de la eliminación de los gastos sociales de la Legislatura, la discusión por los fondos públicos provinciales promete caldear los ánimos en el edificio de Muñecas 951.
La comisión de Hacienda analizó el viernes el proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo (PE), a cargo del gobernador Juan Manzur, y le dio dictamen favorable a la iniciativa para la ampliación del Presupuesto General de la Provincia 2016, de ejecución en curso. Así, con las firmas de los oficialistas Juan Antonio Ruiz Olivares (presidente del grupo de trabajo), Enrique Bethancourt, Nancy Bulacio y Graciela Gutiérrez, quedó en condiciones de ser tratada la incorporación de $ 3.310 millones a los recursos de este año. El total de erogaciones previstas, que hoy ronda los $ 42.000 millones, llegará así a $ 45.310 millones. “Con esto aseguramos el normal funcionamiento del Estado”, afirmó Manzur en la semana.
Según fuentes del oficialismo, con el dinero entrante se cubrirán los incrementos salariales de la planta estatal y los gastos corrientes de funcionamiento. La suba no tendrá impacto en el presupuesto de la Legislatura, que ronda los $ 1.300 millones.
Los opositores Silvio Bellomío (Peronismo del Bicentenario) y Rubén Chebaia (UCR) firmaron un dictamen de minoría. “No podemos apoyar esta medida, básicamente por una crítica habitual que formulamos a los proyectos del PE: la falta de información que debe acompañar a las iniciativas. En este caso se agrava, debido a que no especifica si los montos provenientes tanto de la devolución de la Coparticipación como del endeudamiento previsto serán distribuidos entre los municipios, como corresponde según el régimen vigente”, señaló Bellomío. Consideró a la vez que es una oportunidad favorable para comenzar a discutir el régimen de coparticipación. “Además, no se informa en el proyecto la ejecución de las partidas, y si estos fondos sólo pasarán a cubrir la principal actividad económica de la provincia, que es la empleomanía pública, o si efectivamente serán volcados en partidas que tiendan a dinamizar la economía, como puede ser el impulso de la obra pública”, agregó el ex secretario de Hacienda de la capital.
Discusión de fondo
La ampliación presupuestaria tendrá una discusión de fondo en la Legislatura: los propios recursos del cuerpo colegiado. En septiembre del año pasado, la anterior conformación legislativa había ampliado los recursos parlamentarios de 2015. La Cámara pasó de $ 959 millones iniciales a $ 1.529 millones. La partida que más creció fue la de ayudas sociales a personas: en el año electoral, los subsidios crecieron de $ 150 millones a $ 615,6 millones.
En octubre, antes de marcharse, la gestión que precedió a la actual también sancionó la ley de Presupuesto General 2016, que fijó en $ 42.000 millones los fondos para los tres Poderes y demás organismos provinciales.
En principio, se había contemplado que la partida ayudas sociales a personas contara con $ 220 millones. Tras asumir, el vicegobernador Osvaldo Jaldo la redujo a $ 156 millones. Sin embargo, el lunes pasado el presidente de la Legislatura anunció en una entrevista con LA GACETA la eliminación de ese cuestionado régimen de subsidios. Sólo continuarán los auxilios financieros a instituciones que cuenten con los papeles en regla. Por eso, los jefes de los bloques políticos quieren saber en qué se utilizará el remanente de los $ 220 millones originalmente previstos para los subsidios, más allá de que las arcas del Poder Legislativo no obtengan nuevos fondos.
Para mañana está prevista una reunión de la comisión de Labor Parlamentaria. Allí, las diferentes bancadas y las autoridades de la Cámara definirán los asuntos para la próxima sesión, que se celebraría el jueves que viene. Por lo pronto, la idea es debatir, al menos, el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán.
La comisión de Hacienda analizó el viernes el proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo (PE), a cargo del gobernador Juan Manzur, y le dio dictamen favorable a la iniciativa para la ampliación del Presupuesto General de la Provincia 2016, de ejecución en curso. Así, con las firmas de los oficialistas Juan Antonio Ruiz Olivares (presidente del grupo de trabajo), Enrique Bethancourt, Nancy Bulacio y Graciela Gutiérrez, quedó en condiciones de ser tratada la incorporación de $ 3.310 millones a los recursos de este año. El total de erogaciones previstas, que hoy ronda los $ 42.000 millones, llegará así a $ 45.310 millones. “Con esto aseguramos el normal funcionamiento del Estado”, afirmó Manzur en la semana.
Según fuentes del oficialismo, con el dinero entrante se cubrirán los incrementos salariales de la planta estatal y los gastos corrientes de funcionamiento. La suba no tendrá impacto en el presupuesto de la Legislatura, que ronda los $ 1.300 millones.
Los opositores Silvio Bellomío (Peronismo del Bicentenario) y Rubén Chebaia (UCR) firmaron un dictamen de minoría. “No podemos apoyar esta medida, básicamente por una crítica habitual que formulamos a los proyectos del PE: la falta de información que debe acompañar a las iniciativas. En este caso se agrava, debido a que no especifica si los montos provenientes tanto de la devolución de la Coparticipación como del endeudamiento previsto serán distribuidos entre los municipios, como corresponde según el régimen vigente”, señaló Bellomío. Consideró a la vez que es una oportunidad favorable para comenzar a discutir el régimen de coparticipación. “Además, no se informa en el proyecto la ejecución de las partidas, y si estos fondos sólo pasarán a cubrir la principal actividad económica de la provincia, que es la empleomanía pública, o si efectivamente serán volcados en partidas que tiendan a dinamizar la economía, como puede ser el impulso de la obra pública”, agregó el ex secretario de Hacienda de la capital.
Discusión de fondo
La ampliación presupuestaria tendrá una discusión de fondo en la Legislatura: los propios recursos del cuerpo colegiado. En septiembre del año pasado, la anterior conformación legislativa había ampliado los recursos parlamentarios de 2015. La Cámara pasó de $ 959 millones iniciales a $ 1.529 millones. La partida que más creció fue la de ayudas sociales a personas: en el año electoral, los subsidios crecieron de $ 150 millones a $ 615,6 millones.
En octubre, antes de marcharse, la gestión que precedió a la actual también sancionó la ley de Presupuesto General 2016, que fijó en $ 42.000 millones los fondos para los tres Poderes y demás organismos provinciales.
En principio, se había contemplado que la partida ayudas sociales a personas contara con $ 220 millones. Tras asumir, el vicegobernador Osvaldo Jaldo la redujo a $ 156 millones. Sin embargo, el lunes pasado el presidente de la Legislatura anunció en una entrevista con LA GACETA la eliminación de ese cuestionado régimen de subsidios. Sólo continuarán los auxilios financieros a instituciones que cuenten con los papeles en regla. Por eso, los jefes de los bloques políticos quieren saber en qué se utilizará el remanente de los $ 220 millones originalmente previstos para los subsidios, más allá de que las arcas del Poder Legislativo no obtengan nuevos fondos.
Para mañana está prevista una reunión de la comisión de Labor Parlamentaria. Allí, las diferentes bancadas y las autoridades de la Cámara definirán los asuntos para la próxima sesión, que se celebraría el jueves que viene. Por lo pronto, la idea es debatir, al menos, el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán.
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