01 Septiembre 2016
El Poder Legislativo ha eliminado la subpartida 514, denominada ayudas sociales a personas, de donde salían los fondos para los cuestionados subsidios conocidos como “gastos sociales”. Pero las causas judiciales iniciadas por el uso de esos fondos públicos siguen su avance.
El legislador Luis Brodersen (bloque unipersonal PRO-A) presentó un escrito ante el fiscal federal N° 1 de Tucumán Carlos Brito, quien lleva adelante la pesquisa por una posible evasión de tributos nacionales por parte del cuerpo colegiado. El dirigente macrista aportó copias del expediente de la demanda que formuló en el fuero contencioso provincial para solicitar una acción declarativa sobre la constitucionalidad o no del régimen de ayudas sociales a personas. Además, entregó la versión taquigráfica de la sesión del 11 de agosto, donde se habló sobre los gastos sociales en el recinto legislativo. Incluyó además copias de notas de LA GACETA, de informes presupuestarios y de datos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia.
Esta causa fue iniciada en diciembre pasado por el abogado Oscar López, quien había sido candidato a legislador por un acople del Acuerdo para el Bicentenario. La hipótesis del dirigente peronista es que la Legislatura utilizaba el régimen de ayudas sociales para encubrir el pago de sueldos en negro para legisladores e incluso para funcionarios.
El viernes pasado, Brodersen llevó a los tribunales federales las carpetas con documentación junto a su abogado, Carlos Sergio Correa. “Colaborando con la investigación que lleva adelante vuestra Fiscalía Federal, acompaño copias de instrumentos referidos al tema (de los gastos sociales)”, le señaló en el escrito dirigido a Brito.
En noviembre del año pasado, LA GACETA reveló mediante fotos, registros de movimientos bancarios y otros documentos cómo era la operatoria de los fondos destinados a gastos sociales. Un empleado de Tesorería de la Cámara se presentaba en una sucursal bancaria céntrica y retiraba la plata en valijas (en cada una cabían hasta $ 6 millones en billetes de $ 100). Luego, en una camioneta sin identificación oficial, registrada a nombre de la Legislatura, trasladaba el efectivo a la sede legislativa de calle Muñecas 951. Allí, se entregaba en mano el dinero, bajo el concepto de ayudas sociales a personas. En el 2015 electoral, fueron ejecutados de esta manera $ 615,6 millones (el 40% del presupuesto de la Cámara de ese año).
El sistema fue eliminado la semana pasada, luego de una serie de hechos que generaron tensión en el espejado edificio. Primero, el legislador Reneé Ramírez admitió que manejaba $ 150.000 al mes para gastos sociales. Aunque aseguró que destinaba esos fondos a colaborar con vecinos, sostuvo que no le alcanzaban para cubrir todas las necesidades. Luego, monseñor José María Rossi calificó como “perverso” el sistema de ayudas y advirtió que esa no era función de los legisladores.
El legislador Luis Brodersen (bloque unipersonal PRO-A) presentó un escrito ante el fiscal federal N° 1 de Tucumán Carlos Brito, quien lleva adelante la pesquisa por una posible evasión de tributos nacionales por parte del cuerpo colegiado. El dirigente macrista aportó copias del expediente de la demanda que formuló en el fuero contencioso provincial para solicitar una acción declarativa sobre la constitucionalidad o no del régimen de ayudas sociales a personas. Además, entregó la versión taquigráfica de la sesión del 11 de agosto, donde se habló sobre los gastos sociales en el recinto legislativo. Incluyó además copias de notas de LA GACETA, de informes presupuestarios y de datos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia.
Esta causa fue iniciada en diciembre pasado por el abogado Oscar López, quien había sido candidato a legislador por un acople del Acuerdo para el Bicentenario. La hipótesis del dirigente peronista es que la Legislatura utilizaba el régimen de ayudas sociales para encubrir el pago de sueldos en negro para legisladores e incluso para funcionarios.
El viernes pasado, Brodersen llevó a los tribunales federales las carpetas con documentación junto a su abogado, Carlos Sergio Correa. “Colaborando con la investigación que lleva adelante vuestra Fiscalía Federal, acompaño copias de instrumentos referidos al tema (de los gastos sociales)”, le señaló en el escrito dirigido a Brito.
En noviembre del año pasado, LA GACETA reveló mediante fotos, registros de movimientos bancarios y otros documentos cómo era la operatoria de los fondos destinados a gastos sociales. Un empleado de Tesorería de la Cámara se presentaba en una sucursal bancaria céntrica y retiraba la plata en valijas (en cada una cabían hasta $ 6 millones en billetes de $ 100). Luego, en una camioneta sin identificación oficial, registrada a nombre de la Legislatura, trasladaba el efectivo a la sede legislativa de calle Muñecas 951. Allí, se entregaba en mano el dinero, bajo el concepto de ayudas sociales a personas. En el 2015 electoral, fueron ejecutados de esta manera $ 615,6 millones (el 40% del presupuesto de la Cámara de ese año).
El sistema fue eliminado la semana pasada, luego de una serie de hechos que generaron tensión en el espejado edificio. Primero, el legislador Reneé Ramírez admitió que manejaba $ 150.000 al mes para gastos sociales. Aunque aseguró que destinaba esos fondos a colaborar con vecinos, sostuvo que no le alcanzaban para cubrir todas las necesidades. Luego, monseñor José María Rossi calificó como “perverso” el sistema de ayudas y advirtió que esa no era función de los legisladores.
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