02 Septiembre 2016
¿SÓLO UN ALQUILER?. El juez Rafecas cree que la vivienda de Tigre pertenece al ex secretario de Obras. clarin.com
BUENOS AIRES.- El juez federal Daniel Rafecas amplió ayer el procesamiento del detenido ex secretario de Obras Públicas kirchnerista, José López, y procesó a su esposa Maria Amalia Díaz y a dos empresarios, Eduardo Gutiérrez y Andrés Galera, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, al agregar como parte del delito la casa en la que vivía el matrimonio en Dique Luján, en el partido bonaerense de Tigre.
Además, el juez ordenó investigar si hubo desvío de fondos o entrega de dinero ilegal por parte de la Secretaría de Obras Públicas que comandaba López al Arzobispado de Mercedes Luján, a cargo del fallecido obispo Rubén Di Monte, algo que quedará a cargo de otro magistrado, según el fallo firmado.
En cuanto a otra indagada en la causa, la hermana Celia Inés Aparicio, Rafecas la dejó con falta de mérito y ordenó nuevas medidas de prueba, ya que en el expediente no se pudo establecer aún si encubrió a López esa madrugada, cuando una filmación la registró ayudando al ex funcionario a ingresar los bolsos al monasterio donde ella vive.
En su resolución de ayer, Rafecas le amplió el procesamiento a López y fijó su embargo en $ 220 millones al dar por probado que la casa de Dique Luján, valuada en unos U$S 700.000, es de su propiedad pese a que figuraba como inquilino. López ya estaba procesado con prisión preventiva por los bolsos y la valija con casi U$S 9 millones y relojes de alto valor, entre ellos un Rolex valuado en casi U$S 13.000, que intentó esconder en el monasterio de General Rodríguez la madrugada del 14 de junio pasado, cuando quedó preso.
En cuanto a la esposa del ex funcionario, María Amalia Díaz, el juez dispuso su procesamiento en calidad de partícipe necesaria del enriquecimiento; en tanto a los empresarios Galera y Gutiérrez también los procesó, pero en este caso como supuestos testaferros del detenido ex funcionario.
Al fundar su decisión, el juez dio por probado que la esposa de López “participó activamente en la incorporación del inmueble al patrimonio” de su marido, desde que ambos vivieron en el lugar a partir de 2011 “a sabiendas de que los recursos destinados al efecto eran injustificables a partir del salario de su esposo y del patrimonio familiar previo”.
En cuanto a Galera y Gutiérrez, Rafecas los consideró partícipes necesarios al actuar como presuntos testaferros en las maniobras porque figuraron como sucesivos titulares de la propiedad: desde 2008 a 2010 el primero y el último desde ese año a la actualidad.
“El verdadero dueño de la casa sería desde un comienzo López, quien “dio innumerables muestras de actuar siempre como ‘propietario’ y no como ‘inquilino’”, según consta en el fallo, difundido por el Centro de Información Judicial.
Entre estas evidencias, Rafecas citó el hecho de “encargar y mandar a construir un nuevo cuarto para destinarlo a gimnasio, a un costado de la vivienda”, controlar el progreso de toda la obra de remodelación del lugar, “desde la demolición del casco anterior a la terminación final”.
Todo el proceso duró al menos dos años y, “en definitiva, la vivienda terminada fue diseñada y construida conforme a sus deseos”, concluyó el magistrado en alusión al matrimonio.
Como la de Río Gallegos
En ese marco, el juez remarcó, por ejemplo, que la fachada de contrafrente de la casa de Dique Luján “resultó ser a imagen y semejanza de la vivienda que los López poseen en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, según directivas que María Amalia Díaz le dio al arquitecto encargado del diseño de la obra, Federico Curcio”.
Con la decisión tomada ayer, el detenido José López sumó un nuevo procesamiento al que ya se encontraba firme en el marco de este expediente, que es el que había dictado el magistrado por los casi 9 millones de dólares y los relojes de alto valor.
Ese procesamiento se encuentra firme, dado que no fue apelado por la defensa del ex funcionario, representada por los abogados Diego Sánchez y Fernando García.
“Provenía de la política”
En tanto, el nuevo procesamiento fue dispuesto cuando aún el magistrado a cargo de la causa aguarda una ampliación de la declaración de López para intentar ahondar en qué quiso decir cuando, en su indagatoria del 11 de agosto último, dijo que el dinero que procuraba esconder provenía de “la política”. (Télam-Especial)
Además, el juez ordenó investigar si hubo desvío de fondos o entrega de dinero ilegal por parte de la Secretaría de Obras Públicas que comandaba López al Arzobispado de Mercedes Luján, a cargo del fallecido obispo Rubén Di Monte, algo que quedará a cargo de otro magistrado, según el fallo firmado.
En cuanto a otra indagada en la causa, la hermana Celia Inés Aparicio, Rafecas la dejó con falta de mérito y ordenó nuevas medidas de prueba, ya que en el expediente no se pudo establecer aún si encubrió a López esa madrugada, cuando una filmación la registró ayudando al ex funcionario a ingresar los bolsos al monasterio donde ella vive.
En su resolución de ayer, Rafecas le amplió el procesamiento a López y fijó su embargo en $ 220 millones al dar por probado que la casa de Dique Luján, valuada en unos U$S 700.000, es de su propiedad pese a que figuraba como inquilino. López ya estaba procesado con prisión preventiva por los bolsos y la valija con casi U$S 9 millones y relojes de alto valor, entre ellos un Rolex valuado en casi U$S 13.000, que intentó esconder en el monasterio de General Rodríguez la madrugada del 14 de junio pasado, cuando quedó preso.
En cuanto a la esposa del ex funcionario, María Amalia Díaz, el juez dispuso su procesamiento en calidad de partícipe necesaria del enriquecimiento; en tanto a los empresarios Galera y Gutiérrez también los procesó, pero en este caso como supuestos testaferros del detenido ex funcionario.
Al fundar su decisión, el juez dio por probado que la esposa de López “participó activamente en la incorporación del inmueble al patrimonio” de su marido, desde que ambos vivieron en el lugar a partir de 2011 “a sabiendas de que los recursos destinados al efecto eran injustificables a partir del salario de su esposo y del patrimonio familiar previo”.
En cuanto a Galera y Gutiérrez, Rafecas los consideró partícipes necesarios al actuar como presuntos testaferros en las maniobras porque figuraron como sucesivos titulares de la propiedad: desde 2008 a 2010 el primero y el último desde ese año a la actualidad.
“El verdadero dueño de la casa sería desde un comienzo López, quien “dio innumerables muestras de actuar siempre como ‘propietario’ y no como ‘inquilino’”, según consta en el fallo, difundido por el Centro de Información Judicial.
Entre estas evidencias, Rafecas citó el hecho de “encargar y mandar a construir un nuevo cuarto para destinarlo a gimnasio, a un costado de la vivienda”, controlar el progreso de toda la obra de remodelación del lugar, “desde la demolición del casco anterior a la terminación final”.
Todo el proceso duró al menos dos años y, “en definitiva, la vivienda terminada fue diseñada y construida conforme a sus deseos”, concluyó el magistrado en alusión al matrimonio.
Como la de Río Gallegos
En ese marco, el juez remarcó, por ejemplo, que la fachada de contrafrente de la casa de Dique Luján “resultó ser a imagen y semejanza de la vivienda que los López poseen en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, según directivas que María Amalia Díaz le dio al arquitecto encargado del diseño de la obra, Federico Curcio”.
Con la decisión tomada ayer, el detenido José López sumó un nuevo procesamiento al que ya se encontraba firme en el marco de este expediente, que es el que había dictado el magistrado por los casi 9 millones de dólares y los relojes de alto valor.
Ese procesamiento se encuentra firme, dado que no fue apelado por la defensa del ex funcionario, representada por los abogados Diego Sánchez y Fernando García.
“Provenía de la política”
En tanto, el nuevo procesamiento fue dispuesto cuando aún el magistrado a cargo de la causa aguarda una ampliación de la declaración de López para intentar ahondar en qué quiso decir cuando, en su indagatoria del 11 de agosto último, dijo que el dinero que procuraba esconder provenía de “la política”. (Télam-Especial)
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