06 Septiembre 2016
Pidieron que la indagatoria a Cristina no demore
Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques reiteraron que la ex jefa de Estado encabezó un procedimiento en el que participaron estamentos de segunda línea de su gobierno. En el listado de pedidos de indagatoria figuran también el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros. Dos fiscales insistieron en que se cite a la ex Presidenta por el supuesto beneficio en la adjudicación de obra pública para Báez.
CAUSA. Cristina Fernández (foto), De Vido y otros ex funcionarios kirchneristas son investigados por presunto fraude en la adjudicación de obra pública. reuters
BUENOS AIRES.- Los fiscales federales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita reiteraron su pedido para que se cite a declaración indagatoria a la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández, al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y otros ex funcionarios kirchneristas por fraude en la adjudicación de obra pública. El empresario Lázaro Báez ya se encuentra detenido.
“Mientras el empresario Lázaro Báez -amigo personal y socio comercial del matrimonio Kirchner- era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, paralelamente le garantizaba a la ex familia presidencial ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros”, afirmaron los fiscales en el dictamen entregado al juez federal Julián Ercolini.
En el nuevo pedido de 34 indagatorias, la Fiscalía adjuntó 227 puntos de prueba, además de insistir en que lo ocurrido con la adjudicación de obra pública a Báez, de que se trató de la “maniobra previa” al lavado de dinero que ocurrió luego con los falsos alquileres en hoteles de la familia Kirchner, que se investiga en la llamada causa “Hotesur”.
Los fiscales habían pedido ya las declaraciones indagatorias en un dictamen firmado el 16 de agosto pasado, pero Ercolini les reclamó que entregaran al juzgado toda la prueba reunida al respecto para poder fundamentar las acusaciones en cada caso, algo que se cumplió ahora.
En el listado de pedidos de indagatoria, están Cristina Fernández; Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas ya preso en otra causa, José López; un primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner; y el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, entre otros.
Por fuera de los funcionarios públicos, los fiscales insistieron en las indagatorias de Lázaro Báez, su hijo Martín y otros directivos de la empresa Austral, de Fernando Javier Butti, quien en representación del empresario compró la firma Kank y Costilla SA, y Myriam Costilla.
“Se investiga la matriz de corrupción que desde la Presidencia de la Nación y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública, Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, se habría montado como estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos”, reiteraron los fiscales federales.
Sin demoras
A partir de esta matriz delictiva, se habría asignado en forma discrecional prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó la contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de $ 16.000 millones, según el escrito.
Los fiscales advirtieron que no se vislumbran razones para demorar el cumplimiento de las indagatorias pedidas por parte del juzgado.
“No resulta ocioso destacar en este sentido que la necesidad de avanzar sin demoras en la investigación, juzgamiento y sanción de hechos de corrupción como el que aquí nos ocupa, no resulta sólo una pretensión de esta parte, sino que constituye un deber del Estado Argentino”, remarcaron.
En este marco, aludieron en particular a los jueces y fiscales como operadores del servicio de justicia a partir de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de corrupción, en los que se ha comprometido a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.
Los fiscales entregaron al juez seis carpetas, divididas en tres anexos, con elementos de prueba; dos cajas con documentación sobre las adjudicaciones de tramos de las rutas provinciales 3 y 9; cinco expedientes de la Dirección Nacional de Vialidad sobre pagos de obras al Grupo Báez; tres biblioratos; un disco compacto para respaldar una auditoría hecha por ese organismo; y dos informes ampliatorios de la DNV donde “se analizan nuevas obras viales” adjudicadas a ese grupo.
En total, se analizaron 17 casos testigos de cómo se adjudicaban las obras a las empresas de Báez, en Santa Cruz.
Báez está detenido en otra causa que está a cargo del juez federal Sebastián Casanello, por supuestas maniobras de lavado de activos. Mientras que López se encuentra detenido desde el 14 de junio pasado, cuando fue sorprendido cuando intentaba ocultar bolsos con casi U$S 9 millones y relojes lujosos -uno de ellos por un valor de U$S 13.000- en un monasterio de la localidad bonaerense de General Rodríguez.
En la misma jornada, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de Carlos Liuzzi, ex subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia de Fernández, que buscaba anular un fallo que revocó su sobreseimiento por enriquecimiento ilícito. (Télam-DyN)
“Mientras el empresario Lázaro Báez -amigo personal y socio comercial del matrimonio Kirchner- era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, paralelamente le garantizaba a la ex familia presidencial ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros”, afirmaron los fiscales en el dictamen entregado al juez federal Julián Ercolini.
En el nuevo pedido de 34 indagatorias, la Fiscalía adjuntó 227 puntos de prueba, además de insistir en que lo ocurrido con la adjudicación de obra pública a Báez, de que se trató de la “maniobra previa” al lavado de dinero que ocurrió luego con los falsos alquileres en hoteles de la familia Kirchner, que se investiga en la llamada causa “Hotesur”.
Los fiscales habían pedido ya las declaraciones indagatorias en un dictamen firmado el 16 de agosto pasado, pero Ercolini les reclamó que entregaran al juzgado toda la prueba reunida al respecto para poder fundamentar las acusaciones en cada caso, algo que se cumplió ahora.
En el listado de pedidos de indagatoria, están Cristina Fernández; Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas ya preso en otra causa, José López; un primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner; y el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, entre otros.
Por fuera de los funcionarios públicos, los fiscales insistieron en las indagatorias de Lázaro Báez, su hijo Martín y otros directivos de la empresa Austral, de Fernando Javier Butti, quien en representación del empresario compró la firma Kank y Costilla SA, y Myriam Costilla.
“Se investiga la matriz de corrupción que desde la Presidencia de la Nación y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública, Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, se habría montado como estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos”, reiteraron los fiscales federales.
Sin demoras
A partir de esta matriz delictiva, se habría asignado en forma discrecional prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó la contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de $ 16.000 millones, según el escrito.
Los fiscales advirtieron que no se vislumbran razones para demorar el cumplimiento de las indagatorias pedidas por parte del juzgado.
“No resulta ocioso destacar en este sentido que la necesidad de avanzar sin demoras en la investigación, juzgamiento y sanción de hechos de corrupción como el que aquí nos ocupa, no resulta sólo una pretensión de esta parte, sino que constituye un deber del Estado Argentino”, remarcaron.
En este marco, aludieron en particular a los jueces y fiscales como operadores del servicio de justicia a partir de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de corrupción, en los que se ha comprometido a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.
Los fiscales entregaron al juez seis carpetas, divididas en tres anexos, con elementos de prueba; dos cajas con documentación sobre las adjudicaciones de tramos de las rutas provinciales 3 y 9; cinco expedientes de la Dirección Nacional de Vialidad sobre pagos de obras al Grupo Báez; tres biblioratos; un disco compacto para respaldar una auditoría hecha por ese organismo; y dos informes ampliatorios de la DNV donde “se analizan nuevas obras viales” adjudicadas a ese grupo.
En total, se analizaron 17 casos testigos de cómo se adjudicaban las obras a las empresas de Báez, en Santa Cruz.
Báez está detenido en otra causa que está a cargo del juez federal Sebastián Casanello, por supuestas maniobras de lavado de activos. Mientras que López se encuentra detenido desde el 14 de junio pasado, cuando fue sorprendido cuando intentaba ocultar bolsos con casi U$S 9 millones y relojes lujosos -uno de ellos por un valor de U$S 13.000- en un monasterio de la localidad bonaerense de General Rodríguez.
En la misma jornada, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de Carlos Liuzzi, ex subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia de Fernández, que buscaba anular un fallo que revocó su sobreseimiento por enriquecimiento ilícito. (Télam-DyN)
Lo más popular
