El “narco” pidió mayor protección

El viernes por la tarde sonó el teléfono en el Juzgado Federal N° 2. Era Cergio Morfil, defensor de José Antonio “Pico” Peralta, que llamaba para acordar su entrega: finalmente se concretó pasadas las 21. Ese fue el epílogo de una fuga que generó controversia entre los tucumanos.

El jueves por la tarde, según la información policial, cuatro hombre fuertemente armados coparon la comisaría de Delfín Gallo para liberar a “Pico”, un hombre que había sido detenido el 8 de agosto al estar acusado de un robo y que además tenía un pedido de captura por una causa por comercialización de sustancias prohibida.

El mismo juez Fernando Poviña le confirmó a LA GACETA que Peralta no sólo no debería haber estado alojado allí, sino que nunca se le comunicó que se lo había trasladado hasta esa comisaría. Por ese motivo, anunció que realizaría una investigación con el fin de determinar si no se había facilitado la fuga del procesado.

Cuando la noche se había instalado en barrio Sur, Morfil se presentó con Peralta en la sede de tribunales. Allí fue recibido por el secretario de Leyes Especiales, Alberto Zelaya, ya que Poviña estaba regresando de Jujuy, donde subroga un juzgado.

“Pico”, según confirmaron varias fuentes judiciales, estaba en perfecto estado de salud. No tenía ningún tipo de lesiones, pese a que se informó que cuando escapó peleó con el carcelero, ni evidenciaba signos de cansancio. No habló mucho, sólo su abogado que solicitó que sus custodios no fueran integrantes de la Policía de la provincia y que fuera alojado en una unidad penitenciaria.

En las próximas horas Peralta, si es que lo desea, declarará en la Justicia Federal por haberse fugado. Esas palabras pueden ser fundamentales en la investigación que se inició para determinar por qué llegó hasta Delfín Gallo.

“No hubo ningún copamiento como se está diciendo. Él se fugó, pero por las condiciones infrahumanas en las que se encontraba. No hay nada más que ello. Habría que preguntarle a los policías cómo hizo para concretarlo”, le dijo Morfil a LA GACETA. “Se hablaron muchas cosas, pero lo único cierto es que él se terminó entregando porque fue el consejo que le dio esta defensa”, agregó el profesional, que reemplazó a su esposa Silvia Furque en este trámite, ya que ella no se encontraba en la provincia.

Desde que fue detenido por la División de Delitos Contra la Propiedad, Peralta fue alojado en la alcaldía de la Brigada de Investigaciones. Cuando se presentó a declarar por primera vez en la Justicia Federal, su defensora Furque pidió su traslado a la Seccional 13°. En una segunda visita a tribunales, la profesional insistió con su traslado, aunque en esa oportunidad también agregó la alternativa de la comisaría de Delfín Gallo.

Zelaya, por pedido del magistrado, envió un oficio a la Policía para que informara si en esos lugares había lugar para alojarlo. Siempre de acuerdo a fuentes judiciales, el jefe de Policía, Dante Bustamante, le contestó que en esos lugares no había espacio. El miércoles 7, la Justicia le dictó la prisión preventiva y ordenó su traslado al penal de Villa Urquiza, medida que nunca se terminó de cumplir porque él se escapó.

“Acá hay cuestiones que son graves y que deben ser esclarecidas. Acá sucedió algo muy grave. Se trasladó a un preso a una dependencia sin avisar al juez y se desestimó un escrito, no una orden verbal, del jefe de Policía sobre dónde se podía alojar al procesado”, analizó una alta fuente.

Varias de esas dudas no fueron despejadas porque hasta el viernes a la noche la Policía no había enviado ninguna actuación a la Justicia Federal. Por ese motivo, Poviña ordenará mañana a primera hora que se envíe un oficio para tener cuanto antes toda la información sobre lo que ocurrió allí.

Morfil, después de presentar a Peralta ante Zelaya, solicitó que sea una fuerza nacional la que se encargue de custodiarlo y que se lo traslade cuanto antes al pabellón de Máxima Seguridad del penal de Villa Urquiza y, si no había lugar allí, a la unidad penitenciaria de Colonia Pinto, en Santiago del Estero.

Poviña, antes de que se lo solicitara el defensor, ya había ordenado que los traslados y la custodia del interno corran por cuenta del personal de la Policía Federal. Además, pidió que se acondicionara una celda de la alcaldía de los tribunales federales hasta tanto se defina cuál será su alojamiento.

Son cuatro las alternativas que están manejando. El penal de Villa Urquiza aparece como la primera opción, pero si no encuentran lugar allí podría ser llevado a las cárceles de Jujuy, Salta o Santiago del Estero, siempre y cuando el Servicio Penitenciario de la Nación le confirmara que hay cupo para alojarlo.