Confirman que le harán juicio académico al ex rector Cerisola

El decano de la facultad de Ciencias Económicas, José Luis Jiménez, confirmó que iniciarán el juicio académico a Juan Alberto Cerisola, ex rector y actual docente asociado de la cátedra Estadísticas. Esta decisión está relacionada con la recomendación que realizó la Procuraduría de Investigaciones administrativas (PIA) del Ministerio Público Fiscal de la Nación en un informe que remitió hace pocos días a la UNT. Si bien está jubilado, continúa con el cargo de docente (hasta los 70 años) por resolución de la Anses, dijo Jiménez.

El informe que lleva la firma de Walter Rodríguez, fiscal general de la PIA, convalidó el sumario administrativo que en 2014 había iniciado la UNT a raíz de las irregularidades detectadas tres obras: la ampliación de la facultad de Derecho (casa Remis), el complejo de aulas de Filosofía y Letras y la remodelación del local de la obra social de la universidad, Asunt.

La PIA aconsejó exonerar a Olga Cudmani (ex directora de Construcciones Universitarias), iniciar juicio académico a Cerisola y a Juan Carlos Prieto, ex secretario de Planeamiento, Obras y Servicios de la UNT. Además, indicaron que de haber continuado en sus cargos también le habrían cabido sanciones a Osvaldo Venturino, ex director de Inversiones y Contrataciones, y a Horacio Lobo, ex inspector de la obra de Filosofía y Letras.

En julio, el juez federal Fernando Poviña, dictó el procesamiento de Cerisola, Cudmani y Venturino por irregularidades en el manejo del dinero proveniente de YMAD. Con ellos también quedó procesado Luis Sacca, ex diputado y ex secretario administrativo de la UNT.

Entre los datos que condensa el informe figura que en el caso de la facultad de Derecho, la licitación de la obra carecía de “elementos básicos para constituirse en un acto administrativo”; que el contrato se suscribió aún cuando no se tenía disponibilidad del inmueble; que Cudmani autorizó un adelanto financiero de más de $5 millones, equivalente al 30% del valor de la obra antes de que arrancaran los trabajos. “La UNT le entregó a Be.ton $5 millones (...) sin que pusiera un solo ladrillo”, señala parte del informe de la PIA.

Es más, la empresa contratista, Beton SRL, luego solicitó una adecuación de los costos derivados “del inicio tardío de la obra”, de $4 millones. En ese caso, Venturino resolvió entregar $6 millones, un 52% más de lo que pedía la empresa. “La sumariada actuó velando los por los intereses de la contratista en perjuicio de la UNT”, agrega el informe.

Muchos de estos datos figuraban en la investigación que realizó en su momento el fiscal federal I, Carlos Brito, en el marco de la causa YMAD. Otro punto fue el alquiler de una cochera por 19 meses que había solicitado la empresa, pero que luego Cudmani extendió a 26 meses unilateralmente. “Una muestra más de la generosidad a favor de la empresa”, subraya el texto. Incluso la recepción definitiva de la obra fue irregular porque se hizo “sin dictamen jurídico previo”. En el caso del anfiteatro de Filosofía y Letras también se constató un anticipo financiero por trabajos que aparecían ejecutados 100%, pero no se habían hecho. Otro anticipo financiero por más de $1 millón a favor de la empresa Pramarco que realizó la remodelación de Asunt, según la auditoría, “la agente Cudmani carecía de competencia para acordarlo”. A Prieto se le achaca que siendo docente de la UNT en Arquitectura y secretario de Planeamiento celebró dos contratos “a título oneroso” con la UNT para la obra de Derecho. Conducta contraria a la ley y “a la ética de la función pública”.

Retrato, no

El 29 de agosto, dos consejeros superiores, Agustín del Pero y Ricardo Cisneros, presentaron un proyecto para pedir que no se cuelgue el retrato de Cerisola en la sala del Consejo Superior hasta tanto se resuleva su situación judicial.

Una carta abierta a las autoridades

A través de una carta abierta, un grupo de universitarios, instó a las autoridades de la UNT a que tomen “posición, categórica y perentoriamente, respecto las gravosas anomalías y los presuntos delitos que están afectando el patrimonio universitario”. La misiva lleva la firma, entre otros, de Myriam Genisans, Alfredo Carbonel, Ramón Eudal, Juan Carlos Díaz Ricci y Ramón E. Ruiz Pesce. 

Dicen que la “matriz de corrupción política y la degradación institucional de la UNT anida en la elección indirecta de las autoridades”. Hacen hincapié en el cronograma electoral diferenciado por estamentos y jerarquías, lo que facilita, según los firmantes, que se filtren los actos de corrupción. 

También hacen mención a la situación de Canal 10, señalando que se trata de un “caso notorio y prolongado de la afectación de la soberanía y autonomía universitaria”. Y les piden a las autoridades que no demoren en la recuperación del porcentaje que les corresponde. 

En cuanto a los casos de irregularidades en el manejo de fondos, los firmantes aseguran que su matriz se encuentra “en los negocios tóxicos que vienen anudando a la UNT con la megaminería de La Alumbrera, vía YMAD”. La situación de virtual colapso económico financiero en la que se encuentra la UNT, agregan, se debe a ciertos funcionarios universitarios.