30 Septiembre 2016
BUENOS AIRES.- El ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el kirchnerismo, Ricardo Echegaray, admitió haber dado el visto bueno para que la firma Oil Combustibles, del Grupo Indalo, pudiera acceder a un plan de pagos para saldar su millonaria deuda con ese organismo. Negó sin embargo que esa acción constituyera un delito.
El ex funcionario prestó declaración indagatoria ayer durante más de seis horas frente al juez federal porteño, Julián Ercolini. Según relató su defensor, León Arslanian, Echegaray “negó la imputación de haber incurrido en algún delito relacionado con la concesión de planes de financiamiento tributario”.
El ex titular de AFIP está imputado por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta en contra del Estado, en el marco de una causa en la que es investigada la deuda de $ 8.000 millones que contrajo la firma Oil Combustibles con la AFIP.
La petrolera del Grupo Indalo está bajo la lupa por la retención indebida de lo recaudado en concepto del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) entre 2012 y 2015, que fue cobrado a los clientes pero no habría sido descargado ante el organismo que conducía Echegaray.
Según Arslanian, su defendido explicó que cuando era titular de la AFIP tenía entre sus funciones la de “dar el visto bueno y firmar” los planes de pago. Pero antes de esta instancia, añadió, intervenían otros agentes del ente recaudador, que ese encargaban de dictaminar en relación a cada caso.
“Echegaray explicó que no tomaba la decisión sobre a quién otorgar los planes de pagos, que no tuvo intervención directa en este caso en particular”, sostuvo el letrado. Además, reclamó una pericia contable para que se determine si se cometió algún ilícito contra el Estado, y aseveró que la imputación sólo recoge la versión de la parte querellante. El abogado aseguró que, durante la gestión de Echegaray, se le otorgaron dos planes de pago a empresas vinculadas con Cristóbal López, socio del Grupo Indalo, mientras que “la gestión actual le otorgó cerca de 40”. Antes de abandonar los tribunales federales de Comodoro Py, Arslanian sostuvo que la causa, por su contenido, debería tramitarse en el fuero Penal Económico y no en el federal donde intervienen Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita. (Télam)
El ex funcionario prestó declaración indagatoria ayer durante más de seis horas frente al juez federal porteño, Julián Ercolini. Según relató su defensor, León Arslanian, Echegaray “negó la imputación de haber incurrido en algún delito relacionado con la concesión de planes de financiamiento tributario”.
El ex titular de AFIP está imputado por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta en contra del Estado, en el marco de una causa en la que es investigada la deuda de $ 8.000 millones que contrajo la firma Oil Combustibles con la AFIP.
La petrolera del Grupo Indalo está bajo la lupa por la retención indebida de lo recaudado en concepto del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) entre 2012 y 2015, que fue cobrado a los clientes pero no habría sido descargado ante el organismo que conducía Echegaray.
Según Arslanian, su defendido explicó que cuando era titular de la AFIP tenía entre sus funciones la de “dar el visto bueno y firmar” los planes de pago. Pero antes de esta instancia, añadió, intervenían otros agentes del ente recaudador, que ese encargaban de dictaminar en relación a cada caso.
“Echegaray explicó que no tomaba la decisión sobre a quién otorgar los planes de pagos, que no tuvo intervención directa en este caso en particular”, sostuvo el letrado. Además, reclamó una pericia contable para que se determine si se cometió algún ilícito contra el Estado, y aseveró que la imputación sólo recoge la versión de la parte querellante. El abogado aseguró que, durante la gestión de Echegaray, se le otorgaron dos planes de pago a empresas vinculadas con Cristóbal López, socio del Grupo Indalo, mientras que “la gestión actual le otorgó cerca de 40”. Antes de abandonar los tribunales federales de Comodoro Py, Arslanian sostuvo que la causa, por su contenido, debería tramitarse en el fuero Penal Económico y no en el federal donde intervienen Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita. (Télam)
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