Se olvidó de rendir cuentas y podría pagar $ 600.000

Son días de festejos en el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym). Esta semana, el organismo lanzó su revista institucional y el rediseño de la nueva página de internet (ipacym.gob.ar). Además, la entidad ubicada en calle Virgen de la Merced -ex Rivadavia- 235 está preparando las celebraciones oficiales por el Día del Mutualismo. Uno de sus principales funcionarios, sin embargo, no pudo dedicarle el 100% de su tiempo a esas actividades, debido a un revés administrativo que recibió desde el Tribunal de Cuentas (TC).

El subinterventor del Ipacym, Rafael Pirlo, deberá afrontar un cargo fiscal de $ 614.000, tras un juicio de cuentas concretado por la falta de regularización de comprobantes correspondientes a julio y agosto de 2014, cuando el funcionario se desempeñaba como jefe del Servicio Administrativo Financiero (SAF) de esa repartición, según el acuerdo 2.993 del ente de contralor.

La resolución, firmada el 7 de septiembre por Miguel Chaibén Terraf (presidente del TC), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), dispone la intervención de los letrados del organismo a fin de que ejecuten la multa dictada al subinterventor del Ipacym.

Pirlo, en una entrevista con LA GACETA, admitió que fue responsable de la demora en el envío de las rendiciones de cuentas, pero aclaró que ya ha planteado un recurso de reconsideración ante el Tribunal de Cuentas para solicitar que se le permita subsanar la falla administrativa.

El expediente data de 2014, cuando Pirlo era jefe contable (del SAF) en el Ipacym, durante la gestión de David Mizrahi.

El 30 de junio de 2015, mediante el acuerdo 2.961/15, el TC abrió un sumario de cuentas por la falta de regularización de dos comprobantes: uno por $ 409.000 y otro por $ 260.000.

El funcionario -ascendido en la gestión del actual interventor, Regino Racedo- redujo sólo el segundo de esos saldos. Así, el 7 de octubre de 2015, el ente de contralor le inició un juicio de cuentas a Pirlo por la omisión en la rendición de $ 409.000 y de $ 205.000, según el acuerdo 3.835, dictado el año pasado. Semanas atrás, mediante un nuevo acuerdo, el Tribunal de Cuentas dio por cerrado ese trámite sin que las cifras variaran, y le aplicó un cargo fiscal al funcionario.

“Son una serie de expedientes en los que, personalmente, se me vencieron los plazos administrativos para presentar la documentación”, explicó Pirlo a este diario, mientras exhibía dos cajas con papeles sellados al lado de su escritorio. Agregó que la falla se produjo porque había “una serie de obras dentro del edificio del organismo”. “Esto hizo que algunas oficinas dejaran de funcionar en su sitio habitual. Esto se puede verificar. Las obras fueron iniciadas el 3 de diciembre del año pasado. Eso hizo que, en su momento, entre todo el tema administrativo y yo, que estaba a cargo de otra área, como es la Subintervención y no específicamente como jefe del SAF, no haya presentado la documentación en el plazo establecido. Vencido el plazo, el Tribunal de Cuentas dictó ese acuerdo (con el cargo fiscal), pero ya estamos presentando el recurso de reconsideración y toda la documentación”, señaló Pirlo. Agregó que los expedientes “están en correctas condiciones” y que cuentan con el control preventivo de los contadores fiscales del TC. “Esto es un juicio de cuentas; como tal, implica un error de forma o en los tiempos de la presentación de la documentación. No es un juicio de responsabilidad, que implicaría otro tipo de cuestiones”, señaló, aludiendo a los distintos trámites que efectúa el Tribunal de Cuentas.

Pirlo destacó que los comprobantes de julio y agosto de 2014 refieren a “gastos múltiples” del Ipacym, todos referidos al “movimiento cotidiano” del organismo. “Hay un expediente por la empresa que guarda la documentación (oficial), otro por capacitaciones a cooperativistas, otro por gastos del proveedor de agua... No son gastos extraordinarios”, remarcó el funcionario.

El subinterventor del Ipacym se lamentó por el conflicto administrativo, ya que -según consignó- la tramitación del expediente en cuestión sólo contenía “observaciones menores” que podían ser subsanadas fácilmente.

Ahora, Pirlo confía en el recurso de reconsideración que elevó al Departamento de Rendición de Cuentas del ente de control. “Presentamos ese planteo con toda la documentación, directamente, en perfectas condiciones. Creo que el objetivo del Tribunal de Cuentas es que todo esté en orden; en ese sentido no tenemos quejas, porque nos sirve de guía para hacer bien las cosas”, señaló el funcionario. Y admitió que nunca había pasado por una situación similar. “Resolvimos observaciones en expedientes, pero siempre eran cuestiones menores. Nunca habíamos llegado a esto, pero bueno, no se presentó la documentación en tiempo”, reflexionó Pirlo.