08 Octubre 2016
La Dirección de Catastro de la municipalidad envió una intimación a la facultad de Derecho para solicitarle a las autoridades que presenten el certificado final de obra. Según la cédula de notificación N°057997 del 5 de octubre, la unidad académica tiene ocho días para cumplir con ese requisito o si no le labrarán un acta de infracción.
Cumplir con este plazo será, al menos difícil para la facultad ya que la obra en cuestión (la remodelación de la casa Remis) ha sido objeto de investigación por parte de la UNT (sumario administrativo) y de la justicia federal, enmarcada en otras irregularidades que se detectaron en varias obras que se realizaron con los fondos de YMAD.
“La facultad solicitó el permiso de obra cuando inició, pero nunca volvió a pedir el final de obra”, explicó el director de Catastro y Edificación municipal, Juan Ledesma. Antes de certificar el final de obra, esa repartición debe hacer una inspección para constatar que lo que en su momento se autorizó es lo que se construyó. “Corresponde que la facultad tramite esto a través del profesional que estuvo a cargo de la obra”, amplió Ledesma.
Irregularidades
En el sumario administrativo iniciado en 2014 y que luego fue girado a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de la Nación (PIA) se determinó que hubo irregularidades desde el mismo momento de la licitación de la obra (N°533), que estuvo a cargo de la ex directora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani. Hoy es una de las procesadas en la causa YMAD junto a otros ex funcionarios universitarios.
La obra le fue adjudicada a la empresa Beton SRL y se comprobó que hubo pagos de adelantos financieros por más de $6 millones, cuando en el pliego de bases y condiciones no estaba autorizado. Además, se pagó casi $7 millones en concepto de recomposición porque la empresa adujo pérdidas por la demora en el inicio de las obras. También se detectó que desde la Dirección de Cudmani se autorizó el pago de alquileres de cocheras, pero por montos mucho mayores a los que la empresa reclamaba.
En cuanto al final de obra, a través de una resolución (N°9/14) se dispuso la recepción definitiva sin que hubiere un dictamen jurídico previo y pese a que existía la advertencia de la Comisión de Recepción definitiva (de la UNT) de que no estaba en condiciones de ser recibida. La dirección Técnica de la obra estuvo a cargo de Carlos Prieto, quien era docente con dedicación exclusiva de la facultad de Arquitectura y que realizó, a título oneroso, el anteproyecto y proyecto de la ampliación y luego estuvo a cargo de la supervisión. Ambas conductas también fueron observadas por la PIA en su informe.
Cumplir con este plazo será, al menos difícil para la facultad ya que la obra en cuestión (la remodelación de la casa Remis) ha sido objeto de investigación por parte de la UNT (sumario administrativo) y de la justicia federal, enmarcada en otras irregularidades que se detectaron en varias obras que se realizaron con los fondos de YMAD.
“La facultad solicitó el permiso de obra cuando inició, pero nunca volvió a pedir el final de obra”, explicó el director de Catastro y Edificación municipal, Juan Ledesma. Antes de certificar el final de obra, esa repartición debe hacer una inspección para constatar que lo que en su momento se autorizó es lo que se construyó. “Corresponde que la facultad tramite esto a través del profesional que estuvo a cargo de la obra”, amplió Ledesma.
Irregularidades
En el sumario administrativo iniciado en 2014 y que luego fue girado a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de la Nación (PIA) se determinó que hubo irregularidades desde el mismo momento de la licitación de la obra (N°533), que estuvo a cargo de la ex directora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani. Hoy es una de las procesadas en la causa YMAD junto a otros ex funcionarios universitarios.
La obra le fue adjudicada a la empresa Beton SRL y se comprobó que hubo pagos de adelantos financieros por más de $6 millones, cuando en el pliego de bases y condiciones no estaba autorizado. Además, se pagó casi $7 millones en concepto de recomposición porque la empresa adujo pérdidas por la demora en el inicio de las obras. También se detectó que desde la Dirección de Cudmani se autorizó el pago de alquileres de cocheras, pero por montos mucho mayores a los que la empresa reclamaba.
En cuanto al final de obra, a través de una resolución (N°9/14) se dispuso la recepción definitiva sin que hubiere un dictamen jurídico previo y pese a que existía la advertencia de la Comisión de Recepción definitiva (de la UNT) de que no estaba en condiciones de ser recibida. La dirección Técnica de la obra estuvo a cargo de Carlos Prieto, quien era docente con dedicación exclusiva de la facultad de Arquitectura y que realizó, a título oneroso, el anteproyecto y proyecto de la ampliación y luego estuvo a cargo de la supervisión. Ambas conductas también fueron observadas por la PIA en su informe.
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