Vargas Aignasse dice que su detención fue ilegítima

El legislador oficialista -en uso de licencia- Emiliano Vargas Aignasse se presentó ayer a la mañana ante la Fiscalía Federal de Santiago del Estero, a cargo de Pedro Simón, para ampliar la acusación contra los policías de esa provincia que lo arrestaron el 26 de enero pasado por tenencia de marihuana, y para requerir que se lo acepte como querellante en esa causa.

El peronista afirmó que los oficiales cometieron los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público; de sustracción de elementos de prueba; de falsificación ideológica de instrumento público; de privación ilegítima de la libertad; y de vejaciones o maltrato. Además, señaló como responsables a los policías Lucas Paloma, Diego Cardozo, Bryan Ordoñez y Pablo García, y a todo el personal que hubiese participado de aquel procedimiento.

A partir de su detención, Vargas Aignasse afronta un proceso penal en su contra, que está en manos de la Cámara Federal de Apelaciones, con sede en Tucumán. El oficialista recurrió el procesamiento dispuesto por el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, quien -sobre la base de los informes policiales y otras pruebas- consideró que le cabía la imputación por los presuntos delitos de tenencia de estupefacientes (por los 47 gramos de marihuana que tenía en su poder), resistencia a la autoridad (habría intentado eludir un control policial) y cohecho (les habría ofrecido “ayuda económica” a los uniformados, a cambio de que no lo apresaran).

El legislador negó todos esos hechos en un escrito que elevó ayer, representado por Tomás Robert.

El 25 de enero, poco antes de la medianoche, Vargas Aignasse conducía una camioneta Toyota Hilux por la ruta 9, rumbo a Las Termas de Río Hondo, acompañado por una joven. Al llegar al puesto policial de Yutu Yacu, el peronista dio la vuelta en “u” y se dirigió de regreso a esta provincia. Fue interceptado en la localidad de Los Puestos. Según la versión de los policías, llevaba una “bochita” de marihuana y les ofreció dinero a cambio de que lo “ayudaran”. Vargas Aignasse pasó la noche detenido, y recuperó la libertad al día siguiente. El 18 de marzo, en sesión legislativa, sus pares lo suspendieron por 120 días por el escándalo. Tras cumplir la pena, le solicitó licencia al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, por estar siendo sometido a un tratamiento oncológico. El titular del Poder Legislativo le otorgó el permiso, que caduca el martes de la semana próxima.

Vargas Aignasse confía en que retornará a la banca, obtenida en los comicios pasados como integrante del acople “Tucumán en Positivo”, que encabezaba el oficialista Guillermo Gassenbauer.

En paralelo a los planteos de nulidad que formuló ante la Cámara Federal de Apelaciones, el hermano de la secretaria de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, acusó de diversos delitos a los policías de Santiago del Estero. Ayer se presentó en los tribunales de esa provincia para solicitar el rol de querellante en la causa.

En el texto, el legislador aseguró que había dado la vuelta en “U” porque se había olvidado la licencia de conducir. Agregó que, ya en suelo tucumano, fue interceptado por un auto blanco sin identificación, desde donde lo amenazaban con armas. Y relató que, si bien aclaró que la marihuana era para consumo personal, los policías lo llevaron aprehendido negándose a informar a un magistrado tucumano sobre el operativo. Según Vargas Aignasse, los oficiales luego “hicieron desaparecer” el ticket de pago del peaje, con el cual -aseguró- podría demostrar que no existió la persecución policial.

También formuló cuestionamientos sobre la aparición de Molinari en el canal TN. Según el legislador, el juez desconocía que eran dos las personas arrestadas. “Todo esto hace encuadrar la conducta de los policías en el delito de privación ilegítima de la libertad”, manifestó.

El caso protagonizado por Vargas Aignasse generó un escándalo institucional en la Legislatura, que por primera vez suspendió a un miembro por un hecho de esa naturaleza. Incluso, su caso derivó en la sanción de una nueva ley de controles antidrogas entre funcionarios públicos. El oficialista en uso de licencia asegura que ya se sometió a ese estudio días atrás y que le dio resultado negativo.