Constructores y el Gobierno buscarán actualizar precios de la obra pública

Hay trabajos paralizados desde el año pasado, reconocieron empresarios, que mañana se reunirán con la secretaria de Obras Públicas de la provincia, Cristina Boscarino.

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20 Octubre 2016
Empresarios agrupados en la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) se reunirán mañana con la secretaria de Obras Públicas de la provincia, Cristina Boscarino, para tratar de llegar a un acuerdo en la actualización del valor en el precio de las obras públicas en marcha y poder ejecutar los proyectos.
Ayer, la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC) había denunciado que las obras de viviendas en Tucumán están “abandonadas o suspendidas” por falta de pago o de una actualización de los precios de contratos.
“Tenemos trabajos paralizados desde el año pasado y no podemos ponerlas en ejecución porque falta la implementación de un coeficiente de empalme entre el costo antiguo y el actual por el desfasaje que tuvo el Indice Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) en 2014 y 2015”, explicó Mario Nash, integrante de la cámara nacional.
“Tendría que reactivarse la vivienda pero lamentablemente factores políticas entre Buenos Aires y Tucumán lo impiden”, señaló el empresario Roberto Galindo.
Reactivación
De todas formas dejó en claro que “trabajamos bastante con (la Secretaría de) Obras Públicas y el Ministerio (de Economía provincial) y se empezaron a pagar los certificados de obra fuera de término”, reconoció. Aclaró que se reactivó el sector con el inicio de construcción de 1.300 viviendas “pero estamos muy lejos de la realidad. Tucumán necesita empezar con la construcción de 3.000 viviendas más para recuperar las cerca de 5.000 manos de obras que se cayeron” en el último año, analizó.
Los empresarios sostuvieron que tanto la Municipalidad capitalina como el sector de Educación llevan adelante obras. Galindo recordó que a mediados de mayo pasado, el gobernador, Juan Manzur, firmó un decreto donde se efectuó un pago de $ 270 millones en concepto de cancelación de los certificados de septiembre y octubre de 2015, beneficiando a la CAC y la CTC. “El gobierno salió a tapar ese hueco, así tenemos que trabajar y sería bueno que el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación (Domingo Amaya) trabaje con todas las cámaras para sacar adelante este tema”, sugirió Galindo.

Empresarios agrupados en la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) se reunirán mañana con la secretaria de Obras Públicas de la provincia, Cristina Boscarino, para tratar de llegar a un acuerdo en la actualización del valor en el precio de las obras públicas en marcha y poder ejecutar los proyectos.

La Cámara Tucumana de la Construcción (CTC) denunció ayer que las obras de viviendas en Tucumán están “abandonadas o suspendidas” por falta de pago o de una actualización de los precios de contratos.

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“Tenemos trabajos paralizados desde el año pasado y no podemos ponerlas en ejecución porque falta la implementación de un coeficiente de empalme entre el costo antiguo y el actual por el desfasaje que tuvo el Indice Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) en 2014 y 2015”, explicó Mario Nash, integrante de la cámara nacional.

“Tendría que reactivarse la vivienda pero lamentablemente factores políticas entre Buenos Aires y Tucumán lo impiden”, señaló el empresario Roberto Galindo.

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De todas formas dejó en claro que “trabajamos bastante con (la Secretaría de) Obras Públicas y el Ministerio (de Economía provincial) y se empezaron a pagar los certificados de obra fuera de término”, reconoció. Aclaró que se reactivó el sector con el inicio de construcción de 1.300 viviendas “pero estamos muy lejos de la realidad. Tucumán necesita empezar con la construcción de 3.000 viviendas más para recuperar las cerca de 5.000 manos de obras que se cayeron” en el último año, analizó.

Mensaje para Amaya

Los empresarios sostuvieron que tanto la Municipalidad capitalina como el sector de Educación llevan adelante obras. Galindo recordó que a mediados de mayo pasado, el gobernador, Juan Manzur, firmó un decreto donde se efectuó un pago de $ 270 millones en concepto de cancelación de los certificados de septiembre y octubre de 2015, beneficiando a la CAC y la CTC.

“El gobierno salió a tapar ese hueco, así tenemos que trabajar y sería bueno que el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación (Domingo Amaya) trabaje con todas las cámaras para sacar adelante este tema”, sugirió Galindo.

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