Ya se abordaron la mitad de los casos de la megacausa

En la sala del Tribunal Oral Federal (TOF) ya se recorrió la mitad del camino de la megacausa “Operativo Independencia”, la más grande por delitos de lesa humanidad celebrada en la provincia en cuanto al número de víctimas (271).

El secretario del TOF, Mariano García Zavalía, consignó que los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla, Juan Carlos Reynaga y Hugo Cataldi (sustituto) ya escucharon la mitad de los testimonios (235) en las 36 audiencias concretadas. “Podríamos estar llegando a fin de año con la prueba testimonial recibida. Luego se añadirán las documentales y las inspecciones oculares”, detalló. Estimó que la sentencia podría dictarse los primeros meses del año que viene. Afirmó que el juicio es diferente a los 11 anteriores debido a que los hechos que se tratan sucedieron en 1975, durante un Gobierno constitucional (el de María Estela Martínez de Perón) y a que el debate tiene mucha participación técnica de las partes.

Las audiencias se seguirán desarrollando los jueves (mañana) y viernes (mañana y tarde). Alrededor de 20 testigos son citados por jornada. Si bien están ofrecidos unos 400 más, es probable que muchos no pasen frente al Tribunal porque ya declararon en juicios anteriores, porque puede desistirse de algunos de ellos o porque fallecieron.

“Desafío”

“Es un desafío como operadores del sistema hacer que el testimonio sea efectivo en término de la prueba y, en paralelo, reparador para el familiar que nunca tuvo contacto con la Justicia, como vimos en los casos”, reflexionó la fiscal ad hoc Julia Vitar. Representa al Ministerio Público Fiscal junto al fiscal Pablo Camuña (titular de la oficina local de Crímenes contra la Humanidad) y al fiscal ad hoc Agustín Chit. Chit y Vitar señalaron como particularidades del proceso que los testigos por el momento fueron en su mayoría del interior; que las declaraciones resultaron más cortas pero contundentes; que los hermanos de las víctimas tuvieron un protagonismo especial porque son los que relatan las gestiones de los padres (la mayoría fallecidos) y que se evidenció que el miedo estuvo presente durante años, lo que les imposibilitó profundizar lo que le pasó con sus familiares.

Chit advirtió que notaron cambios de criterio en el Tribunal. “No se concretaron las detenciones para garantizar la presencia de los imputados en el juicio; las domiciliarias se han vuelto casi automáticas con el cumplimiento de los 70 años e, incluso, se separó a un imputado no teniendo todos los elementos para esa decisión”, describió. Vitar añadió que se permiten preguntas “más agresivas” por parte de los defensores: “ponen a las personas, muchas de ellas víctimas, en situaciones de vulnerabilidad y de nervios”. Afirmaron que efectuaron presentaciones al respecto. “Se va probando la sistematicidad; el enorme despliegue territorial de las fuerzas; la zonificación; el control sobre la población y el circuito represivo. Cada testimonio es una huella que va marcando el mismo camino: el Operativo fue un ataque generalizado y sistemático a la población”, concluyó Camuña.

Juicio ágil

El defensor Facundo Maggio (representa a Enrique Bonifacino y Camilo Orce) consideró que el juicio avanza rápido. “Los testigos aportaron cuestiones de contexto relevantes. Los fiscales decidieron preguntar cuestiones de militancia de las víctimas, supongo que para argumentar una persecución política”, expresó. Comentó que entre los 19 imputados hay quienes no fueron mencionados por los testigos. “Los acusarán como autores mediatos, por el cargo que detentaban”, interpretó. Relató que el acusado Bonifacino fue apartado por motivos de salud en las primeras audiencias y que fue sobreseído recientemente por el TOF. La decisión, sin embargo, fue recurrida por los fiscales y Casación deberá resolver. En relación a Orce -su codefensora es Nadia Orce- aseguró que está en el juicio por un caso y que presentarán una veintena de testigos que darían cuenta de que no habría estado en el lugar de los hechos. La abogada Julieta Jorrat defiende al ex policía Luis del Valle Figueroa y subrayó la agilidad del proceso. “La Fiscalía trajo testigos que no aportan nada sobre los hechos y se pierde el tiempo”, criticó. “Hubo un cambio en cuanto a la metodología, se permiten hacer todo tipo de preguntas”, celebró. Afirmó que su cliente debería ser “resarcido por los daños generados por los años que lleva detenido”. “Se agarró el listado de policías que estaban en aquella época y se los metió presos. Llegamos a juicio sin pruebas certeras y con el fin de justificar indemnizaciones”, cuestionó.

Cartas y recortes, el archivo de la Iglesia

BUENOS AIRES.- El Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunciaron ayer que se concluyó con el proceso de organización y digitalización de sus archivos sobre la última Dictadura cívico militar. Afirmaron que próximamente se abrirán a la consulta de las víctimas y familiares directos de los detenidos- desparecidos. También podrán acceder miembros de la Iglesia.

De acuerdo con un comunicado oficial, se trata de los documentos conservados en los archivos del Episcopado, el Vaticano y la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires. En su mayoría, se trata de cartas requiriendo información sobre detenidos o de recortes de medios de la época.

“Este proceso fue llevado a cabo en conformidad con las decisiones e indicaciones del Santo Padre y supone la continuación de un trabajo ya iniciado años atrás por la Conferencia Episcopal Argentina”, se detalló en el escrito que fue publicado simultáneamente en el país y en Roma (Italia). “El trabajo se ha desarrollado teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz, continuando con el diálogo abierto a la cultura del encuentro”, subrayó.

Los detalles del trabajo que viene realizando la Iglesia sobre estos archivos fueron analizados en una reunión que la comisión ejecutiva del Episcopado mantuvo el pasado sábado 15 en el Vaticano con el secretario de Estado, Pietro Parolin, y otros funcionarios vaticanos para “una valoración de los trabajos de catalogación y digitalización del material de archivo”.

El Episcopado adoptó la decisión de ordenar los archivos en noviembre de 2012, cuando la asamblea plenaria de obispos aprobó el documento “La fe en Jesucristo nos mueve a la verdad, la justicia y la paz”, en el que la Iglesia manifestó su disposición a comprometerse con el estudio de toda la documentación en su poder. Cinco meses después de ese documento, Jorge Bergoglio se convirtió en papa y, desde el lugar de máxima responsabilidad dentro de la Iglesia, comenzó a impulsar en el Vaticano la decisión. (Télam)

Son 167 los fallos de lesa humanidad

BUENOS AIRES.- Un total de 723 acusados por delitos de lesa humanidad fueron condenados y otros 76 recibieron la absolución en 167 sentencias dictadas desde 2006, cuando comenzaron los primeros juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad tras la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La estadística actualizada al 30 de septiembre fue divulgada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en el sitio oficial www.fiscales.gob.ar

El juzgamiento de acusados comenzó después de que el Congreso Nacional declaró en 2003 la nulidad de las llamadas leyes de impunidad (Punto Final y Obediencia Debida) y de la declaración de inconstitucionalidad de las mismas por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en junio de 2005.

Sobre el total de 2.541 imputados, 799 recibieron sentencia (723 condenados y 76 absueltos), 817 están procesados, 157 recibieron la falta de mérito, 44 fueron sobreseídos y 278 sólo imputados.

Además, en el caso de 31 indagados sigue sin resolverse su situación procesal, cinco fueron declarados incapaces de seguir adelante en procesos judiciales, 365 fallecieron y 45 permanecen prófugos, sin contar al represor Jorge Olivera, quien se profugó tras haber sido condenado.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo del fiscal general Jorge Auat y coordinada por Carolina Varsky, informó desde otra perspectiva que, del total de imputados, 1057 están detenidos (42%), 1003 en libertad (39 %), 435 fallecieron con o sin condena (17 %) y 46 están prófugos. De los 1057 detenidos, 527 están alojados en establecimientos penitenciarios, 494 cumplen arresto domiciliario y 16 permanecen en dependencias de fuerzas de seguridad federales, provinciales, hospitales y/o detenidos en el exterior, mientras que se carece de datos respecto de otros 20. En total, se registran en todo el país 561 causas activas por crímenes de lesa humanidad. (Télam)