Jueces piden respeto por su independencia a la Corte

En la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT) sienten que sus pareceres e inquietudes no son escuchados o considerados por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Roberto Paz y Marcela Tejeda, respectivos presidente y secretaria salientes de la entidad, transmitieron ese sentir en una nota dirigida a Antonio Gandur, presidente del alto tribunal. Luego de reprochar la falta de respuesta a diferentes pedidos y planteos, Paz y Tejeda exigieron al máximo tribunal de la provincia que respete la autonomía de los jueces.

“Esta Asociación quiere hacer llegar a la Corte un formal reclamo por el respeto a la independencia de los magistrados y funcionarios constitucionales (fiscales y defensores oficiales), lo que es fundamental para el normal desarrollo y cumplimiento del servicio de justicia”, dijeron los dirigentes de la judicatura. A continuación, precisaron que esta observación obedecía a la decisión de la Corte de ejercer su potestad disciplinaria sobre dos miembros de la “familia judicial” de la capital: Rita Romano, jueza de Documentos y Locaciones N°5, y Washington Navarro Dávila, fiscal de Instrucción N°5.

Las tensiones entre Navarro Dávila y el alto tribunal se sucedieron durante el año. Esta semana trascendió que Gandur suspendió una reunión con los fiscales por la condiciones de seguridad a partir de lo que entendió como expresiones agraviantes del titular de la Fiscalía N°5, donde recientemente hubo un robo. Previamente, los vocales René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse habían ratificado la imposición de un apercibimiento a Navarro Dávila por negarse a proporcionar a Gandur -también presidente de la Junta Electoral- información relativa a una pesquisa de los hechos de violencia acaecidos en los comicios de 2015. Antes de ello hubo cortocircuitos por la pretensión del fiscal de investigar los teléfonos celulares de los vocales a partir de una denuncia de presunto tráfico de influencias que el ex fiscal Guillermo Herrera divulgó por la prensa, pero no sostuvo en sede judicial.

De la base electrónica de acordadas surge que el 26 de octubre pasado la Corte recomendó a Romano que extremara los recaudos respecto de la situación laboral delicada detectada en su Juzgado. Gandur, Goane, Estofán, Sbdar y Posse dispusieron que la Dirección de Recursos Humanos realizara entrevistas con la totalidad del personal y funcionarios de la unidad de Romano, en presencia de un psicólogo. La recomendación no es una sanción, según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

¿Felices fiestas?

“En estos últimos tiempos hemos trasuntado (sic) situaciones especiales que han derivado en sanciones contra algunos jueces, cuestión que lamentamos profundamente y que, por otra parte, no compartimos en lo absoluto. Nos referimos a Romano y Navarro Dávila”, manifestaron. Y aclararon que en estos últimos supuestos el alto tribunal jamás se había dignado a contestar las presentaciones efectuadas por la Asociación. “Pretendemos dejar debida constancia de ello”, advirtieron los representantes de la judicatura organizada -comprende alrededor de 140 afiliados activos y jubilados mientras que la planta de jueces de primera y segunda instancia; defensores oficiales y fiscales en funciones en la provincia supera los 200 miembros-.

Paz y Tejeda apuntaron que la independencia no solamente debía ser resguardada “desde afuera hacia adentro” del Poder Judicial: “ella también debe imperar dentro de nuestro propio ámbito en el que llevamos adelante tan cara función como es -tan luego- impartir justicia. La Corte Suprema debería ser la primera garante de ello”.

El defensor oficial Paz y la camarista laboral Tejeda también expresaron “una honda preocupación” por la ausencia de atención a las cuestiones que planteó Roberto Guyot, juez de Ejecución en lo Penal de la capital. Este dijo, según sus representantes, que no podía cumplir en forma adecuada con sus funciones y obligaciones (en esencia, controlar la observancia de sentencias penales). La carencia de recursos ya había generado este año la suspensión del Juzgado creado en 2006 -Guyot, su primer titular, fue nombrado a mediados de este año-, decisión que Gandur dejó sin efecto justo cuando el ministro público Edmundo Jiménez iniciaba su judicialización.

Guyot empezó a trabajar, pero no está conforme y, según Tejeda y Paz, dirigió numerosos requerimientos a la Corte que tampoco encontraron eco. Al respecto, los dirigentes manifestaron: “exhortamos al superior tribunal a imprimir a dicho reclamo la prioridad que este merece teniendo presente la proximidad de las fiestas de fin de año, que, seguramente, habrán de resultar proclives a generar problemas relacionados con salidas y permisos solicitados por personas privadas de la libertad”.