Proponen una ley de emergencia en Violencia de Género

Oficialistas y opositores rubricaron diversos proyectos para la lucha y prevención del maltrato físico y psicológico contra las mujeres

12 Diciembre 2016
El jueves próximo, en lo que sería la última sesión de 2016, la Legislatura podría declarar el estado de Emergencia en Violencia de Género en la provincia, durante un plazo mínimo de dos años, con el objetivo de establecer una serie de medidas desde el Estado contra esa gravísima problemática. En las comisiones legislativas, además, hay una decena de proyectos de ley que también apuntan a la prevención y lucha del maltrato físico y psicológico por esta cuestión.

El tratamiento de este y otros asuntos se definirá mañana, en la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria. El oficialista Guillermo Gassenbauer, vicepresidente 1° de la Cámara, anticipó que solicitará la inclusión de esa iniciativa, que presentó junto a Claudio Viña (Fuerza Republicana) y Sara Assán (PJ), entre otros pares. “Pienso que significaría un paso adelante”, indicó Gassenbauer. Stella Maris Córdoba, jefa del bloque Peronismo del Bicentenario, había instado también al debate de esta temática antes de cerrar el año. “Por ejemplo, figuran la creación de las Fiscalías y de los Juzgados de Género, entre otras iniciativas que tienden a la prevención y el combate (de este tipo de violencia)”, remarcó Córdoba días atrás.

La declaración del estado de Emergencia en Violencia de Género prevé medidas como la instauración de un cupo dentro de los barrios que edifica el Instituto Provincial de la Vivienda; la creación de una Mesa Institucional con representantes de diferentes ámbitos para efectuar un diagnóstico y un rediseño de las políticas públicas; y la construcción de hogares transitorios de asistencia y contención para víctimas. Además, se insta al Gobierno provincial a iniciar diversas tareas, como garantizar la aplicación de todas las normas nacionales y provinciales vigente.

En las comisiones internas de la Legislatura hay otros proyectos que contemplan medidas para la lucha o la contención de víctimas de violencia de género.

Por pedido de dirigentes de la Unión Personal Civil de Nación-seccional Tucumán-, el peronista Marcelo Caponio y otros legisladores propusieron un régimen de licencias para trabajadoras de todo Estado provincial, con el fin de que cuenten con hasta 30 días anuales de permisos, si es que lo requieren por alguna situación crítica. “Hoy, las trabajadoras que padecen de violencia deben recurrir a otras alternativas para justificar el ausentismo laboral”, indicó Caponio.

Silvia Rojkés (PJ), con pares del oficialismo y la oposición, instó a la adhesión a la ley 27.234, de “Educar en Igualdad: prevención y erradicación de la violencia de género”. Esa norma, promulgada hace un año por la Nación, tiene el objetivo de que “alumnos, alumnas y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género”.

El radical Eudoro Aráoz, junto a otros opositores, elevó un proyecto para la puesta en funcionamiento de Fiscalías y Secretarías Penales en la Justicia provincial dedicadas a la atención de casos de Violencia de Género e Intrafamiliar. “El Poder Judicial carece de la eficiencia necesaria a la hora de dar respuesta a víctimas”, señala el texto.

La peronista Nancy Bulacio, secretaria del bloque oficial Tucumán Crece, propuso la creación de Juzgados especializados en esa materia. “La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en la sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo”, plantearon Bulacio y varios pares del PJ.

Córdoba y los miembros del Peronismo del Bicentenario plantearon en un proyecto la necesidad de crear Fiscalías y Defensorías judiciales de Atención de Violencia Doméstica en al menos tres sedes: capital, Concepción y Las Talitas. Según la iniciativa, la Oficina de Violencia Doméstica de la Suprema Corte de Justicia de Tucumán, en su informe de datos estadísticos de enero a octubre de 2015, indicó que, en ese periodo, fueron asistidas 2.778 personas. “1.351 de ellas fueron afectadas por casos de violencia, de las cuales 1.296 (el 95,93%) fueron mujeres. Mientras que las afectadas por edad van en un 34,57% entre 30 y 39 años; en un 24,79% entre 22 y 29 años; y entre 40 y 49 un 18.87%. Estos tres grupos representan el 78,23% de la totalidad de las personas atendidas”, expresa el proyecto de ley. Y señala además: “se observa que los tipos de relación predominante son las de ex parejas y cónyuges, con el 33,75% y el 28,50%, respectivamente, lo que constituye el 62,25% de los casos”. En relación al estado civil de las víctimas, según la iniciativa, “el 47,12% son solteras/os y el 30,08% son casadas/os”. En cuanto a la frecuencia, en el 75,98% de los casos se trató de episodios reiterados.

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