Cristina despide el año cercada por la Justicia

BUENOS AIRES.- El juez federal Julián Ercolini procesó a la ex presidenta Cristina Fernández como presunta coautora de asociación ilícita y administración fraudulenta (sin prisión preventiva), en la causa sobre direccionamiento de la obra pública. El magistrado le ordenó un embargo sobre sus bienes por $10.000 millones, equivalente a 650 millones de dólares.

Fuentes judiciales informaron que la resolución, publicitada ayer, alcanzó también al ex ministro de Planificación e Infraestructura y actual diputado nacional Julio De Vido, y a los detenidos José López, ex secretario de Obras Públicas de la Nación, y Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones SA. Para todos ellos, el juez también dispuso trabar embargos por 10.000 millones de pesos.

El fallo de Ercolini (de más de 700 folios), a la vez, procesó como supuestos coautores de los mismos delitos a Carlos Santiago Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner-; Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibañez. En cambio, Ercolini resolvió dictar la falta de mérito para el ex subsecretario kirchnerista de Obras Públicas, Abel Fatala, Ernesto Eduardo Morilla, Graciela Elena Oporto, Raúl Víctor Rodríguez y Hugo Manuel Rodríguez.

El magistrado dispuso: “librar oficio al Banco Central de la República Argentina a efectos de hacerle saber que deberá arbitrar los medios necesarios a fin que se proceda a la inmovilización y congelamiento de las cuentas bancarias que registren a su nombre los procesados, con excepción de las cuentas tipo sueldo, o en las que se acrediten los salarios, jubilaciones o pensiones”.

La ex jefa de Estado está acusada de direccionar discrecionalmente las obras viales en favor de Báez por 16.000 millones de pesos, en medio de irregularidades en las contrataciones y sobreprecios y pese a que muchos emprendimientos no se concretaron.

La Cámara Federal porteña avaló semanas atrás aquella indagatoria al rechazar un planteo de nulidad que había formulado la defensa de la ex mandataria a través de su abogado, Carlos Beraldi, quien había estimado que el llamado a indagatoria era arbitrario”. Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia replicaron que el llamado a indagatoria, como parte de los actos de investigación y como derecho de la defensa de un imputado, es inapelable.

La ex presidenta, que ya estaba procesada en la causa denominada “Dólar futuro”, había concurrido el 31 de octubre a los Tribunales de Comodoro Py a declaración indagatoria ante Ercolini y aseguró que no es amiga ni socia comercial de Báez, así como también descartó haber direccionado licitaciones a favor del empresario.

Fernánez había denunciado que su situación judicial era una persecución política y había recordado que la figura penal de asociación ilícita fue muy usada en las dictadura para perseguir a los opositores. Sin contestar preguntas, Fernández había reiterado que en todos los gobiernos se pone gente de confianza, pero había considerado ridícula y sesgada la acusación en su contra, y había aseverado: “no soy amiga ni socia comercial de Lázaro Báez”. También había afirmado que no tenía ni idea de esos contratos y aseguró que de la obra pública se encargaba el Parlamento. Había insitido en solicitar que se realice una auditoría completa sobre todos los contratos de adjudicación de obra pública en sus dos gobiernos. (DyN)

Más de 100 veces su patrimonio 

El último patrimonio declarado por Cristina Fernández de Kirchner fue de $ 77 millones. El embargo que le trabó el juez Julián Ercolini -de $ 10.000 millones- representa 129 veces la suma de los bienes que la ex Presidenta presentó el 31 de mayo ante la Oficina Anticorrupción. De esa cifra, $40 millones corresponden a depósitos.

Creció unos $8 millones con respecto a 2014. La mayoría de las cuentas son plazos fijos en pesos que recibió como herencia. Fernández declaró también 26 propiedades, entre departamentos, casas y terrenos, por un total de $15,5 millones.

Esta no es el primer embargo a los Kirchner. La cuenta abierta por la sucesión de Néstor Kirchner  está congelada por la causa conocida como “Dólar Futuro” y una en dólares a nombre de Florencia Kirchner, por el caso “Hotesur”. 

Equivale a todo el plan de obras para Tucumán

El embargo de $ 10.000 millones que la Justicia impuso a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner equivale al dinero que prevé invertir el macrismo en obras públicas para Tucumán  durante los tres años que quedan de gestión en la Casa Rosada. 

En noviembre, durante la última vez que el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, estuvo en la provincia anunció ese monto. 

Entre los trabajos que podrían financiarse con el dinero embargado, según detalló el funcionario, se encuentran la autopista a las Termas de Río Hondo; la remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo; la renovación de vías de ferrocarril y viviendas sociales, entre otros. El embargo podría cubrir también gran parte de los U$S 1.100 millones (unos $ 16.000 millones) que costará el dique Potrero del Clavillo.