Por Fernando Stanich
29 Diciembre 2016
DÍAS FESTIVOS. Alfaro y Manzur, en el Monumento del Bicentenario. la gaceta / foto de juan pablo sánchez noli
Para analizar el año del intendente capitalino, Germán Alfaro, hay que remontarse al viernes 27 de noviembre de 2015. Ese día, un mes después de haber asumido, el jefe municipal y el gobernador, Juan Manzur, se reunían por primera vez. En aquel mitin de 38 minutos trataron de acordar un “pacto” de gobernabilidad que permitiera el funcionamiento del Concejo Deliberante, partido políticamente en dos. Desde entonces, la relación entre el opositor y el oficialista transitó mayormente por un sendero de armonía institucional. Sin embargo, todo hace presagiar que esa “tregua” se pondrá a prueba durante 2017.
En el tintero de 2016 quedarán varias imágenes del rol que protagonizó el intendente en el devenir de la política tucumana. Alfaro comenzó su gestión con el objetivo de buscar resguardo en el seno del Gobierno nacional de Cambiemos. Y, en ese trajín, fue pasando por etapas de virulencia en sus críticas hacia Manzur y otras de cordialidad, basadas principalmente en los festejos por el Bicentenario de la Independencia. “La única iniciativa que tomó (el PE) con la ciudad fue el intento de seguir exprimiendo las arcas municipales”, había cuestionado Alfaro en su discurso de apertura de sesiones del Concejo en marzo. Luego, ya entre los meses de junio, julio y agosto la relación mutó, al punto que en junio Manzur visitó la Municipalidad y se reunió con Alfaro en el despacho del intendente, en un hecho inédito desde el retorno de la democracia. Allí, el gobernador se refirió al intendente como un “excelente” gestor.
En esos meses, el peronista disidente consiguió lo que sus pares no habían logrado: una refinanciación de la deuda. En secreto, Manzur reformuló $ 296 millones de deuda de la Capital a una tasa del 6% anual, y a 20 años. Además, le prestó otros $ 20 millones a devolver sin intereses. Esa situación desató un pico de tensión en el oficialismo, y la Legislatura aprobó una resolución instando al gobernador a tomar idéntica medida con otros intendentes.
El último trimestre de 2016 soltó algunos indicios de la tirantez que se avecina. Alfaro le reclamó a Manzur que le transfiera $ 85 millones que -entiende- le corresponden por la devolución de coparticipación. En paralelo, encomendó al jurista Carlos María Hernández el inicio de una demanda judicial contra la Provincia por autonomía financiera y política.
En el tintero de 2016 quedarán varias imágenes del rol que protagonizó el intendente en el devenir de la política tucumana. Alfaro comenzó su gestión con el objetivo de buscar resguardo en el seno del Gobierno nacional de Cambiemos. Y, en ese trajín, fue pasando por etapas de virulencia en sus críticas hacia Manzur y otras de cordialidad, basadas principalmente en los festejos por el Bicentenario de la Independencia. “La única iniciativa que tomó (el PE) con la ciudad fue el intento de seguir exprimiendo las arcas municipales”, había cuestionado Alfaro en su discurso de apertura de sesiones del Concejo en marzo. Luego, ya entre los meses de junio, julio y agosto la relación mutó, al punto que en junio Manzur visitó la Municipalidad y se reunió con Alfaro en el despacho del intendente, en un hecho inédito desde el retorno de la democracia. Allí, el gobernador se refirió al intendente como un “excelente” gestor.
En esos meses, el peronista disidente consiguió lo que sus pares no habían logrado: una refinanciación de la deuda. En secreto, Manzur reformuló $ 296 millones de deuda de la Capital a una tasa del 6% anual, y a 20 años. Además, le prestó otros $ 20 millones a devolver sin intereses. Esa situación desató un pico de tensión en el oficialismo, y la Legislatura aprobó una resolución instando al gobernador a tomar idéntica medida con otros intendentes.
El último trimestre de 2016 soltó algunos indicios de la tirantez que se avecina. Alfaro le reclamó a Manzur que le transfiera $ 85 millones que -entiende- le corresponden por la devolución de coparticipación. En paralelo, encomendó al jurista Carlos María Hernández el inicio de una demanda judicial contra la Provincia por autonomía financiera y política.
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