Cartas de lectores

Autodonación

La autodonación del Ejército Argentino respecto a las más de 12.000 hectáreas del parque Los Nuñorcos (desde el Nuñorco Grande hasta las Cumbres del Muñoz al Oeste) requiere más información y precisiones sobre uno de las mas grandes daños a los bienes de la provincia durante la dictadura militar. El ex general Antonio D. Bussi, siendo comandante en jefe del operativo Independencia y gobernador militar de Tucumán, autodonó al Ejército el predio mencionado en 1976 para supuestas maniobras militares que la fuerza nunca realizó, sencillamente porque la guerrilla en el monte tucumano ya había sido derrotada militarmente. El último combate realizado por el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) fue a propósito del ataque al comando militar de Famaillá. Este ataque, encabezado por el propio Roberto Santucho, fue derrotado en el Combate de Manchalá en junio de 1975. Es decir que cuando vino a Tucumán el ex general Bussi, ya no existía guerrilla operativa en el monte tucumano. Es decir la autodonación del gobierno militar hacia el Ejército era groseramente inconstitucional e ilegal pues confundía donante con donatario. De vuelta a la democracia pasaron varios años hasta que la Legislatura declarara nula y sin valor dicha autodonación e instruyera al Poder Ejecutivo para plantear legalmente la restitución del predio en la Provincia. En un extenso trabajo que hicimos junto con el señor Carlos Duguech se hizo referencia al origen de ese extenso y rico territorio, que data de hechos posteriores al cierre de los ingenios tucumanos. El Estado Nacional autorizó a los ingenios cerrados a pagar con bienes las deudas impositivas pendientes con la Provincia. De este modo la familia Frías Silva, ex propietaria del ingenio San José, cedió las 22.000 hectáreas y se escrituró a favor del Estado provincial. Ese espacio de la serranía tucumana es uno de los ricos tesoros con que la naturaleza privilegió a la provincia; incluso un reservorio de vestigios arqueológicos de sus primitivos habitantes. Se aconsejó hacer el reclamo por la inconstitucional e ilegal donación y luego, en caso negativo, iniciar la reivindicación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No obstante, el Ejército inició una acción de nulidad de la ley de Tucumán que revocaba la donación. Hoy ese juicio se encuentra a fallo, según se informa en el Alto Tribunal. Resulta claro que el Ministerio de Defensa jamás podría legal y constitucionalmente ceder a la Provincia esta área “donada” para el Parque del Bicentenario. La última anécdota de la cuestión se produjo hace muy poco tiempo cuando dirigentes del sur tucumano (Concepción, Monteros, Alberdi) intentaron retomar la iniciativa de construir la ruta a Tafí del Valle por la Quebrada del Portugués, camino sin la sinuosidad de la ruta 307 y con un solo puente sobre el Río de Los Reales. El Gobierno de Tucumán dijo que no era conveniente porque había que pedir permiso al Ejército como dueño del Nuñorco para llegar al Potrerillo, al Norte del Valle de Tafí. Es el mismo Gobierno que durante más de 10 años incumplió la ley de la Legislatura que lo comisionaba a recuperar la absurda autodonación. De esa omisión todavía no se hizo cargo a su responsable.

Benito Carlos Garzón

EstudioGarzonyAsoc@hotmail.com

Gastos sociales

Cuando pedimos a nuestros hijos que nos muestren las manos y no quieren hacerlo, no hay que ser psicóloga para darse cuenta de que las tienen sucias. ¿No sucede lo mismo con aquellos misteriosos e itinerantes recibos de los gastos sociales? Por favor, es necesario que dejen de faltar el respeto al pueblo con tantos sofismas  y falacias con que pretenden justificar lo injustificable. Hay verdades tan evidentes que se injuria la razón al pretender demostrarlas. Por lo tanto me sumo a la propuesta del lector Carlos Duguech (carta “Gastos sociales”, 20/12) de apostar $ 1.000 a que no aparecen los comprobantes y donar lo ganado a la Comisión Pro Niño del Hospital de Niños de nuestra provincia. Esta es nuestra triste realidad, a pesar de que Bacon decía que el que no quiere pensar es un fanático, el que no puede pensar es un idiota y el que tiene miedo de pensar es un cobarde.

María Cristina Anis

Mitremcanismitre@outlook.com.ar

Tucumán y el estado de derecho

El Estado de Derecho ha desaparecido en Tucumán. La develada intención de buscar impunidad, a través de la eliminación de jueces que tienen a su cargo la investigación sobre denuncias contra funcionarios, quienes propugnan a su vez este atropello a la Justicia mediante la suspensión de magistrados sometidos al trámite de Jury de enjuiciamiento; la proyección de más de 1.000 acoples que intervendrían en los próximos comicios, como resultado de la reforma política hasta hoy en veremos que lleva adelante el Gobierno, para seguir usando recursos del Estado en el sistema de perpetuar funcionarios en sus cargos; la negación de las autonomías municipales, columna vertebral del sistema republicano consagrado por la Constitución Nacional, a través del engendro de la ley llamada Pacto Social, que le permite al Gobierno Provincial el desconocimiento de estos principios, negando a intendentes y concejales la condición de representantes del pueblo y digitando sus destinos; el alzamiento de la Legislatura de la Provincia ante una orden del Poder Judicial en los límites de sus facultades constitucionales para investigar a los otros poderes del Estado, en la causa sobre los llamados “Gastos sociales”; la negación del voto electrónico, consagrado por una norma constitucional, que ha quedado guardada en el arcón de los papeles olvidados. Todos estos acontecimientos llevan a pensar que la ley que nos rige a los tucumanos es, ni más ni menos, la voluntad del Gobernador y sus amigos, que en una primera etapa han anulado y empobrecido la auténtica tarea legislativa, para usar este Poder en la dirección de avasallar al Poder Judicial, que constituye la única y decisiva garantía que queda a los ciudadanos  que  todavía creen vivir en una República democrática. El camino que transita Tucumán está generando condiciones objetivas para la intervención del Gobierno de la Nación, sin olvidar que las veces que esto ocurriera, nunca quedó  en el recuerdo algún resabio de buenos resultados.

José Luis Díaz Robin

jldiazrobin@gmail.com

Parque 9 de Julio

La verdad que lo resuelto por  la Legislatura refleja el nivel intelectual de sus integrantes. El tema es que siempre somos noticia en el país y en el mundo por este tipo de normas aprobadas por estas personas que no sienten ningún tipo de vergüenza por sus acciones y resoluciones y encima se hacen llamar honorables. Al aprobar este tipo de normativas, lo único que logran es que la mayoría de la ciudadanía acreciente sus dudas sobre sus verdaderas intenciones. Es muy grande la bronca e impotencia que nos genera este nuevo cercenamiento (17 hectáreas) de nuestros espacios verdes. El grado de impunidad e ignorancia con la que se manejan es muy llamativo. Impunidad porque se creen con derecho a aprobar lo que ellos quieren e ignorancia pues demuestran desconocimiento total sobre el impacto ambiental como sus consecuencias. Sería muy bueno para la sociedad que se identificara a los Legisladores que aprobaron esta norma como también sería interesante que nos explicaran sus argumentos para tal decisión.

Rodolfo Emilio Castillo

rodytkd.castillo@gmail.com

Crematorios y cinerarios

Con fecha 24 de julio envié una carta sobre el tema de referencia , en la cual manifestaba la urgente necesidad de contar con el servicio de cremación teniendo en cuenta los deseos de muchos y considerando que los cementerios de la Ciudad se encuentran ya en estado de colmatación. El 26 de julio el señor José Luis Avignone (secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán) respondió: “le hago saber que su preocupación - que es de muchos otros vecinos - fue escuchada y que cumpliremos en breve con la ordenanza correspondiente, en la que el artículo 4to. otorga la posibilidad al Municipio”. Han transcurrido ya cinco meses sin que se haga realidad ese compromiso. Le agradeceré que a la mayor brevedad se cumpla con lo ordenado ya que como manifiesta el señor Avignone, se cuenta con el terreno correspondiente. Sobre el tema de los cinerarios es también fundamental que el Arzobispado permita la instalación en las parroquias para que los familiares depositen las cenizas en un lugar sagrado, como existe en casi todas las parroquias, no sólo de Buenos Aires sino también en Córdoba, Rosario, Salta y Mendoza.

Carlos Dumit

carmirdumit@arnet.com.ar

Pérdida de agua potable

A la larguísima cadena de desaciertos de la SAT se suma ahora una pérdida de agua potable en Manuel Alberti al 700 que lleva ya semanas. Ello no merece respuesta de la inefable empresa pese a los diversos reclamos efectuados al respecto. Y, por si fuera poco, sus operarios estuvieron trabajando en la esquina hace pocos días pero no se ocuparon del tema. Asimismo, al cliente N° 16606714 (casa de familia con tres habitantes adultos) se le facturó más de $ 1.600 por el 3° bimestre 2016. La empresa se negó a recibir la nota de reclamo en diversas oportunidades.

Enrique José Buscetto

ejbuscetto@gmail.com