15 Febrero 2017
LA JUSTICIA PENAL. La sede judicial provincial donde funciona el Juzgado de Instrucción N°2 de esta capital. la gaceta / foto de diego aráoz
Citó a Immanuel Kant; a Franz Kafka; a Santo Tomás de Aquino; a Aristóteles; a los juristas Werner Goldschmidt y Carlos Cossio, y siguen firmas, en pos de conmover la voluntad de Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Con el apoyo de tales pensadores, el funcionario judicial Gonzalo Cornet Esteves pidió al titular del alto tribunal que actúe democrátivamente y lo libre del sumario administrativo que ordenó a propósito de la divulgación de sus dudas sobre el Juzgado de Instrucción N°2 de esta capital. El prosecretario Cornet, que desde este mes presta servicios en la Mesa de Entrada Penal, comentó a este diario que había pedido el traslado para preservar su buen nombre y honor porque es vox pópuli el funcionamiento irregular del despacho acéfalo desde noviembre de 2012 por la muerte de la jueza Emma De Nucci.
“Señor presidente: es público y notorio que usted es un hombre con reconocidas virtudes, y profundas raíces y convicciones democráticas que, al igual que yo, persigue diariamente la edificación de un Poder Judicial independiente, y de un eficaz y prístino servicio de justicia de libre acceso para todos los tucumanos”, expresó Cornet Esteves por medio de un escrito que lleva la firma de los abogados y dirigentes radicales Juan Roberto y Juan Andrés Robles. Y añadió que Gandur debía saber que la sociedad iba a acompañarlo activamente a materializar los cambios y rectificaciones profundas que exige la Justicia “con mayúsculas”.
El prosecretario insistió en el escrito presentado este lunes en la Secretaría de Superintendencia en que los problemas del Juzgado N°2 eran antiguos y conocidos. Según su criterio, lejos de iniciarle un sumario, Gandur debió haberlo convocado a conversar sobre las irregularidades. “¿Cómo puede aceptarse que quien o quienes indiquen falencias de funcionamiento sean sancionados, mientras que los que produjeron gravísimos daños a la Justicia sean premiados con una jubilación del 82% móvil? ¡Un verdadero absurdo!”, opinó Cornet Esteves, para quien el solo inicio del sumario ya implica quedar como un villano y un mentiroso merecedor de sanciones.
Otra auditoría más
Los comentarios del funcionario que motivaron el sumario encargado a la secretaria Gabriela Blanco dan cuenta de la existencia de una mora excesiva en el trámite de los casos radicados en el Juzgado N°2. Cornet Esteves también dijo que había detectado anomalías y connivencias con algunos letrados penalistas, y bregó por una investigación amplia en el ex despacho de De Nucci. Sus inquietudes recibieron el respaldo de Alberto Lebbos, líder de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad; el imputado denunciante José Carbajal y la gremialista judicial Alejandra Martínez.
En la misma fecha (8 de febrero) en la que abrió un sumario contra Cornet Esteves, Gandur ordenó una nueva auditoría en el Juzgado de Instrucción N°2. Fuentes del alto tribunal explicaron ayer que esa fiscalización a cargo del Cuerpo de Auditores había comenzado este lunes.
Las actuaciones de superintendencia previas relativas al Juzgado N°2 dan cuenta de la existencia de 1.200 causas atrasadas en mayo de 2016. Enterado de esta situación, Gandur ordenó a Eudoro Albo, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, que distribuyera los expedientes entre los tres jueces subrogantes: Víctor Manuel Pérez, Juan Francisco Pisa y Alejandro Tomas. Pero ya en octubre de 2012, un mes antes del fallecimiento de De Nucci, los auditores habían advertido una “cierta relajación” en el control interno del juzgado en cuestión.
“Señor presidente: es público y notorio que usted es un hombre con reconocidas virtudes, y profundas raíces y convicciones democráticas que, al igual que yo, persigue diariamente la edificación de un Poder Judicial independiente, y de un eficaz y prístino servicio de justicia de libre acceso para todos los tucumanos”, expresó Cornet Esteves por medio de un escrito que lleva la firma de los abogados y dirigentes radicales Juan Roberto y Juan Andrés Robles. Y añadió que Gandur debía saber que la sociedad iba a acompañarlo activamente a materializar los cambios y rectificaciones profundas que exige la Justicia “con mayúsculas”.
El prosecretario insistió en el escrito presentado este lunes en la Secretaría de Superintendencia en que los problemas del Juzgado N°2 eran antiguos y conocidos. Según su criterio, lejos de iniciarle un sumario, Gandur debió haberlo convocado a conversar sobre las irregularidades. “¿Cómo puede aceptarse que quien o quienes indiquen falencias de funcionamiento sean sancionados, mientras que los que produjeron gravísimos daños a la Justicia sean premiados con una jubilación del 82% móvil? ¡Un verdadero absurdo!”, opinó Cornet Esteves, para quien el solo inicio del sumario ya implica quedar como un villano y un mentiroso merecedor de sanciones.
Otra auditoría más
Los comentarios del funcionario que motivaron el sumario encargado a la secretaria Gabriela Blanco dan cuenta de la existencia de una mora excesiva en el trámite de los casos radicados en el Juzgado N°2. Cornet Esteves también dijo que había detectado anomalías y connivencias con algunos letrados penalistas, y bregó por una investigación amplia en el ex despacho de De Nucci. Sus inquietudes recibieron el respaldo de Alberto Lebbos, líder de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad; el imputado denunciante José Carbajal y la gremialista judicial Alejandra Martínez.
En la misma fecha (8 de febrero) en la que abrió un sumario contra Cornet Esteves, Gandur ordenó una nueva auditoría en el Juzgado de Instrucción N°2. Fuentes del alto tribunal explicaron ayer que esa fiscalización a cargo del Cuerpo de Auditores había comenzado este lunes.
Las actuaciones de superintendencia previas relativas al Juzgado N°2 dan cuenta de la existencia de 1.200 causas atrasadas en mayo de 2016. Enterado de esta situación, Gandur ordenó a Eudoro Albo, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, que distribuyera los expedientes entre los tres jueces subrogantes: Víctor Manuel Pérez, Juan Francisco Pisa y Alejandro Tomas. Pero ya en octubre de 2012, un mes antes del fallecimiento de De Nucci, los auditores habían advertido una “cierta relajación” en el control interno del juzgado en cuestión.
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