15 Febrero 2017
BUENOS AIRES.- Marcos Peña, jefe de Gabinete de la Nación, comunicó ayer que iba a pedir que la Auditoría General de la Nación (AGN) fiscalice el acuerdo entre la empresa de Franco Macri, ex concesionaria del Correo Argentino, y el Estado. “Para evitar cualquier tipo de dudas sobre la posibilidad de conflicto de intereses, que nosotros no creemos que haya existido, el Estado le solicitará a la AGN que dé un veredicto técnico antes de suscribir una postura definitiva”, explicó Peña en una rueda de prensa en la que también participó Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones y responsable del área que debía negociar con el padre del presidente Mauricio Macri.
Peña reiteró que la discusión tenía casi 15 años de antigüedad y que mantenerla era perjudicial para el país. Voceros de la AGN, órgano de control donde participa la oposición, anticiparon que pedirán instrucciones a los bloques políticos representados en el Congreso. Pero ayer parecía haber consenso sobre la necesidad de que el organismo se involucre se expida sobre el controvertido convenio entre el Estado Nacional y la empresa Correo Argentino S.A. En paralelo, Pedro Zoni, fiscal federal ligado a la agrupación filokirchnerista Justicia Legítima, imputó a Peña y a Aguad. El dictamen ingresó al Juzgado Federal porteño que encabeza el juez Ariel Lijo. (Especial)
Peña reiteró que la discusión tenía casi 15 años de antigüedad y que mantenerla era perjudicial para el país. Voceros de la AGN, órgano de control donde participa la oposición, anticiparon que pedirán instrucciones a los bloques políticos representados en el Congreso. Pero ayer parecía haber consenso sobre la necesidad de que el organismo se involucre se expida sobre el controvertido convenio entre el Estado Nacional y la empresa Correo Argentino S.A. En paralelo, Pedro Zoni, fiscal federal ligado a la agrupación filokirchnerista Justicia Legítima, imputó a Peña y a Aguad. El dictamen ingresó al Juzgado Federal porteño que encabeza el juez Ariel Lijo. (Especial)
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