Amparo ante la Corte contra los “superpoderes” de Jiménez

Tal y como lo habían anticipado algunos legisladores opositores, el sábado se presentó un recurso de amparo contra la norma que divide al Ministerio Público, además de emanciparlo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en cuanto al manejo del dinero y del personal. La senadora radical Silvia Elías de Pérez, el legislador José María Canelada (UCR) y el ciudadano y abogado Juan Andrés Robles solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que declare la incosntitucionalidad de la Ley 8.983. Asimismo, pidieron al máximo tribunal que dicte una medida cautelar de no innovar en la que se suspenda la aplicación de la norma -ya promulgada- hasta que se resuelva el planteo de inconstitucionalidad.

La ley en cuestión separó el Ministerio Público Fiscal del Ministerio Público Pupilar y de la Defensa. Estos organismos ejercerán amplias atribuciones respecto del manejo del personal judicial y de los recursos. Según lo dispuesto por la Constitución provincial, antes era la Corte Suprema de Justicia de Tucumán quien ejercía estas atribuciones. La norma determinó que Edmundo Jiménez, que encabezaba el Ministerio Público unificado, quede a cargo del órgano de los fiscales. Su par en el órgano de los defensores será nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura.

“La norma crea una situación de gravedad institucional afectando el principio de división de poderes, avanzando sobre las potestades y atribuciones otorgadas constitucionalmente al Poder Judicial”, reza el escrito que presentaron los parlamentarios. Afirmaron que sería inconstitucional que los ministros ostenten las facultades que les confiere la ley, ya que el artículo 121 de la Carta Magna provincial sostiene que será la Corte Suprema la que ejerza la superintendencia de la Administración de Justicia.

Según los radicales, la iniciativa que aprobó el oficialismo busca quitar independencia al Poder Judicial. “Intentan (el Gobierno provincial) destruir el último bastión que tiene un ciudadano para reclamar por el avasallamiento de sus derechos. Esta es la pieza que faltaba para sellar la matriz de corrupción alperovichista-manzurista”, sostuvo Elías de Pérez.

Además, atacaron el contenido de la reforma al calificarlo de “irrazonable”. En este punto, el recurso hace énfasis en la designación de funcionarios judiciales, en la eventual aplicación de sanciones disciplinarias y en la presunta entrega de “facultades legislativas” a los ministros.

La ley dispone que los fiscales y defensores generales y adjuntos serán designados directamente por los ministros Fiscal y de la Defensa, respectivamente. Además, se dispuso que el ministro público fiscal vigilará la conducta y disciplina de todos los estamentos: para ello, podrá aplicar sanciones en función del régimen que estipule. Finalmente, el recurso critica el hecho de que, según la ley, “el Ministerio Pupilar y de la Defensa establecerá los criterios objetivos y subjetivos de limitación de recursos económicos o de vulnerabilidad que habiliten la provisión del servicio de defensa pública”. Es decir, fijará los parámetros para definir quién puede recibir asistencia jurídica del Estado.

“Las modificaciones le otorgan (a Jiménez) el manejo discrecional de quien investigará las denuncias penales y el poder disciplinario para amedrentar a los fiscales que quieran investigar al poder”, declaró Canelada.